Ortega y Murillo presumen consulta a 200 mil, pero Nicaragua tiene 7 millones

¿Puede llamarse “consulta popular” a un proceso en el que los protagonistas son los hijos, familiares, funcionarios y operadores políticos de quienes impulsan la reforma?

Daniel Ortega y Rosario Murillo aseguran que más de 200 mil personas participaron en las consultas realizadas durante un mes para respaldar nuevos cambios a la Constitución de Nicaragua. Sin embargo, detrás de esa cifra aparece una realidad que genera serios cuestionamientos: las voces más visibles pertenecen al círculo familiar y político del régimen, mientras las opiniones independientes y críticas brillan por su ausencia.

Laureano, Daniel Edmundo, Camila y Maurice Ortega Murillo intervinieron en representación de inversionistas, comunicadores sandinistas, emprendedores y deportistas. También participaron Mara Stotti, nuera de Ortega y Murillo, por el sector turismo, y Francisco Díaz, consuegro de la pareja gobernante y jefe de la Policía Nacional.

Pero el punto más revelador puede estar en lo que dijo Laureano Ortega: aseguró que la reforma pretende establecer un “bloqueo definitivo” contra quienes el oficialismo llama “traidores”, “golpistas” y “vendepatrias”, advirtiendo que “no tienen, ni tendrán espacio para participar”.

Mientras Gustavo Porras presenta el proceso como una amplia expresión democrática, abogados cuestionan la falta de transparencia sobre el contenido de la iniciativa y empresarios consultados describieron estos encuentros como simples “reuniones informativas”.

En este video ponemos bajo la lupa una consulta donde prácticamente nadie contradice al poder y preguntamos: ¿200 mil nicaragüenses respaldaron realmente la reforma o el régimen está utilizando a funcionarios, familiares y estructuras subordinadas para fabricar una imagen de consenso?

Si el propio régimen sostiene que más de 200 mil personas participaron en la consulta, la cifra termina debilitando su intento de presentarla como una expresión masiva de respaldo popular: en un país de alrededor de siete millones de habitantes, 200 mil representan apenas cerca del 3% de la población. Más aún, el cuestionamiento no es únicamente cuántos participaron, sino quiénes pudieron expresarse libremente y bajo qué condiciones. Presentar ese proceso como prueba de consenso nacional resulta difícil de sostener cuando las voces más visibles fueron familiares de Ortega y Murillo, funcionarios públicos, estructuras oficialistas y sectores subordinados al poder, sin un debate abierto que permitiera confrontar o rechazar la reforma.