Sesión especial OEA caso Nicaragua, sin aprobar resolución y reunión de cancilleres

La Organización de los Estados Americanos (OEA) discutió este miércoles una propuesta, pendiente de votación, para convocar a sus ministros de Exteriores a petición de EE.UU. que pide "tomar medidas" contra el régimen de Nicaragua ante el anuncio de Daniel Ortega de abolir las elecciones competitivas.

"Se ha acabado el momento de hablar, es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva", argumentó el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en la iniciativa presentada ante el Consejo Permanente de la OEA, y patrocinada por Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay, Costa Rica y Ecuador.

"Hacemos frente a una monarquía autoritaria que no tiene intención de dejar el poder", declaró la delegación de Estados Unidos en la sesión extraordinaria en la que pidió respaldo por "no poder ser el único país en tomar medidas serias", agregó Kozak.

La propuesta condena los daños provocados por el regimen de Daniel Ortega y propone una reunión de consulta de ministros de Exteriores para determinar "qué hacer", pero una iniciativa "no autoriza el uso de la Fuerzas Armadas", aclaró el subsecretario.

La sesión comenzó con la intervención de la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, que alertó de una persecución religiosa y represión política en el país con la que "han instaurado el miedo en la ciudadanía" al intentar silenciar "sistemáticamente" a los nicaragüenses.

"El Estado de Nicaragua se retiró de esta organización (en 2023), los nicaragüenses no", dijo. Payá alertó de las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio cuando afirmó que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones" y de la iniciativa de reforma constitucional presentada el 28 de julio para ampliar el mandato de la copresidencia.

Durante la intervención, Perú mostró su "profunda preocupación" e hizo un llamado al Gobierno de Ortega a "que desista de realizar acciones que atenten" contra la institucionalidad democrática. Ecuador valoró que "la facultad de nombrar vicepresidente sin consulta popular corresponde al diseño de una sucesión controlada", mientras Costa Rica pidió actuar con responsabilidad y Argentina rechazó las pretensiones de Ortega. La resolución no se votó aparentemente porque Estados Unidos no reunió los votos.