Nicaragüense acusada de apuñalar a su hermana en Costa Rica continuará proceso en libertad

El Juzgado Penal de Pococí, en la provincia de Limón, Costa Rica, rechazó este viernes la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público contra la nicaragüense Milka Chausler Santana, de 27 años, señalada como sospechosa de causar la muerte de su hermana, Francis Elena Santana Santana, de 28 años, durante un altercado ocurrido en Guápiles.

Chausler Santana continuará enfrentando el proceso en libertad, pero no podrá cambiar de domicilio, deberá presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales para firmar y tampoco podrá abandonar el territorio costarricense.

Según los medios costarricenses como CRHoy, la Fiscalía solicitó que la sospechosa permaneciera en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. Sin embargo, el juzgado consideró que las medidas impuestas son suficientes en esta etapa del proceso.

Tras conocer la resolución, el Ministerio Público de Costa Rica presentó un recurso de apelación para que una instancia superior revise la decisión.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio en el sector Cascadas 5 de Guápiles. De acuerdo con la información preliminar contenida en el expediente judicial, Francis Elena Santana llegó a la vivienda donde residía su hermana y, por razones que aún son investigadas, ambas sostuvieron una discusión que terminó en un episodio de violencia.

Durante el altercado, la víctima sufrió múltiples heridas provocadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo, incluyendo abdomen, tórax, muslo y rodilla izquierda. Aunque fue trasladada de emergencia al Hospital de Guápiles, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el incidente, Milka Chausler Santana no intentó huir,  fue detenida por oficiales de la Fuerza Pública y posteriormente puesta a la orden del Ministerio Público.

Versiones preliminares citadas por medios costarricenses indican que las hermanas mantenían conflictos desde hace varios años, presuntamente relacionados con problemas personales y desacuerdos recurrentes. No obstante, las autoridades no se han referido al móvil del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

Los testimonios habrían sido clave para que la nicargüense fuera liberada y goce de la confianza del juez para enviarla a su casa.  Ahora deben determinar si existieron circunstancias que puedan modificar la calificación jurídica de los hechos, incluyendo eventuales alegatos de legítima defensa. 

En Costa Rica, esta figura está contemplada en la legislación penal, pero su aplicación depende de que se demuestre la existencia de una agresión ilegítima, la necesidad racional de la respuesta y la ausencia de provocación suficiente por parte de quien se defiende.

En Costa Rica, matar a un familiar cercano puede ser considerado homicidio calificado, una figura más grave que el homicidio simple. El código penal establece una pena de 20 a 35 años de prisión cuando la víctima es un ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano consanguíneo, entre otros supuestos familiares específicos.