Nicaragua: niña de seis años asesinada en ataque armado en Rosita, Caribe Norte

Una niña de seis años murió junto a un hombre adulto tras un ataque de encapuchados en una comunidad indígena de Rosita, Caribe Norte de Nicaragua. El hecho se suma a una serie de crímenes en la región marcados por la impunidad y la violencia contra comunidades indígenas.

La menor de iniciales   G.F.M.G., fue asesinada a balazos mientras estaba en brazos de Juan Antonio García Manzanares, de 56 años, quien también perdió la vida en el ataque. El crimen ocurrió en la comunidad indígena Kamaguas, cuando tres hombres encapuchados llegaron hasta la vivienda familiar, pidieron agua y abrieron fuego contra los presentes.

En el ataque resultó gravemente herido Valentino Ramos, de 80 años, quien fue trasladado de emergencia al hospital Rosario Pravia. Otros familiares lograron huir hacia el monte al escuchar las detonaciones.

Violencia en comunidades indígenas

El Movimiento de Mujeres Indígenas de Nicaragua Mairin Kaikanka denunció que este crimen refleja un patrón de violencia sistemática contra pueblos originarios en la Costa Caribe, caracterizado por la impunidad y el abandono estatal.

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“Aunque se desconoce si se trata de un crimen por conflictos de invasión, no es un hecho aislado. Forma parte de una lista de ataques en la región donde prevalece la impunidad”, señaló la organización.

La agrupación recordó casos similares, como el asesinato de la joven miskita Marling Martínez Fenly en Li Aubra, el de una comunitaria en Sangni Laya, Territorio Twi Yahbra, y las masacres en Alal (2020), Kiwakumbaih (2021) y Wilú (2023), todas sin justicia hasta la fecha.

“El Estado calla y encubre”

“El uso de encapuchados simboliza la impunidad y el ocultamiento: rostros que borran la identidad del agresor pero mantienen el terror instalado. Que sean colonos, grupos armados u otros actores, el resultado apunta a comunidades indefensas, mujeres y niñas en mayor vulnerabilidad y un Estado que calla y encubre, permitiendo que estos hechos se repitan”, alertó Mairin Kaikanka.

La organización denunció además la centralización de la información, el racismo institucional y la falta de acceso a la justicia, como mecanismos de exclusión que dejan a las comunidades sin protección.

“Ningún asesinato debe normalizarse, menos aún cuando se trata de la infancia. La violencia contra nuestras comunidades no puede seguir siendo silenciada. El Estado tiene responsabilidad directa por su inacción”, enfatizó el movimiento indígena.