Salida del Parlacen abre debate sobre préstamos del BCIE y consecuencias para Ortega-Murillo
La salida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo del Parlacen abre interrogantes sobre las consecuencias para Nicaragua dentro del sistema de integración regional. Los analistas Alexa Zamora y Alex Aguirre advierten que el debate podría alcanzar un punto clave: el acceso a préstamos y desembolsos del BCIE
La decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de abandonar el Parlamento Centroamericano (Parlacen) podría abrir una discusión que vaya más allá de los 20 escaños nicaragüenses y alcance uno de los puntos más sensibles para la dictadura: su relación con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el acceso al financiamiento regional, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los analistas nicaragüenses Alexa Zamora, activista política y experta en temas internacionales, y Alex Aguirre, director del Instituto para la Paz y el Desarrollo (IPADES), coincidieron en entrevistas con 100% Noticias en que la ruptura con el Parlacen debe analizarse dentro de un conflicto más amplio entre el régimen Ortega-Murillo y la institucionalidad centroamericana.
Sin embargo, ambos colocan énfasis diferentes sobre las consecuencias. Mientras Zamora considera que abandonar el Parlacen por sí solo tendría un impacto inmediato limitado, Aguirre sostiene que las instituciones regionales deberían analizar consecuencias financieras, incluyendo una eventual revisión o congelamiento de desembolsos.
Aguirre: préstamos y desembolsos deberían ser revisados
Aguirre considera que el debate no debería limitarse a determinar si Nicaragua puede o no abandonar el Parlacen, sino abordar las consecuencias de lo que describe como una ofensiva del régimen contra diferentes instituciones de la integración centroamericana.
El director de IPADES señaló que el financiamiento del BCIE ha tenido un peso determinante en la infraestructura pública de Nicaragua y planteó que un gobierno que, a su juicio, agrede las instituciones del sistema regional no debería continuar recibiendo recursos sin consecuencias.
“Si agredís al sistema, si lacerás el sistema, si destruís y desmantelás una institución del sistema, no debería de recibir plata del sistema y eso incluye el BCIE”, afirmó Aguirre a 100% Noticias.
Aguirre propone que se examinen los desembolsos ya aprobados y las condiciones de futuros créditos.
“Debería de haber unas consecuencias y las consecuencias deberían ser congelamiento de desembolsos, revisión de los préstamos”, sostuvo. También planteó la posibilidad de incorporar cláusulas relacionadas con derechos humanos en futuros financiamientos.
Aclaró que se trata de una propuesta sobre las medidas que, a su juicio, deberían adoptar las instituciones regionales y no de una decisión ya anunciada por el BCIE.
Alexa Zamora: Ortega no querrá soltar al BCIE
Zamora también coloca al BCIE en el centro de la discusión, pero desde otra perspectiva. La activista considera improbable que Ortega y Murillo lleven su ruptura institucional hasta un punto que amenace el acceso a una fuente de financiamiento que ha resultado estratégica para su gobierno.
“El régimen jamás va a hacer amago de soltar al BCIE porque el BCIE ha sido uno de los activos económicos más importantes a nivel regional para el régimen”, afirmó Zamora.
Según la experta, Nicaragua se ha beneficiado no solamente de los préstamos del banco regional, sino también de otros mecanismos de cooperación y financiamiento canalizados a través del Sistema de la Integración Centroamericana.
Para Zamora, una reacción más firme del SICA podría poner sobre la mesa precisamente el uso que el régimen hace de las plataformas regionales para obtener beneficios políticos y económicos.
“Si el SICA fuese lo suficientemente beligerante, podrían poner en cuestionamiento que el régimen siga utilizando los mecanismos del Sistema de Integración Centroamericana y las plataformas [...] para sus fines políticos y económicos”, explicó.
Dos lecturas sobre el proceso jurídico
Las entrevistas también muestran diferencias en la interpretación del procedimiento jurídico para concretar la salida. Aguirre explicó que, tras la denuncia del tratado, comienza un proceso de desvinculación y sostuvo que, bajo condiciones democráticas normales, una decisión de esta naturaleza debería atravesar un debate legislativo que determine las condiciones y plazos de la salida.
En Nicaragua, señaló, eso no ocurre debido a la subordinación de los poderes del Estado al Ejecutivo. Aguirre interpreta la forma en que Managua anunció su salida como otra demostración de la concentración del poder político en Ortega y Murillo.
Zamora, en cambio, sostiene que no existe un mecanismo claramente establecido para retirarse del Parlacen y recuerda que otros países han intentado abandonar la institución.
“El protocolo de Tegucigalpa y asimismo el Parlacen no contempla dentro de sus mecanismos de integración constitutiva una salida”, explicó. Según Zamora, la situación evidencia un vacío jurídico que podría obligar a discutir reformas dentro de la institucionalidad centroamericana.
Por ello, advierte que Managua podría simplemente dejar de participar en las sesiones o tomar decisiones internas para evitar futuras representaciones, aunque eso no resolvería automáticamente las obligaciones jurídicas derivadas de los instrumentos regionales.
“Una rabieta” frente a la pérdida de influencia
Zamora calificó la decisión del régimen como una “rabieta” después de perder capacidad para imponer su voluntad dentro de las instituciones regionales.
“Históricamente el régimen y sus representantes ante el Parlacen han tenido un gran protagonismo, un margen de manejo político bastante amplio”, señaló.
Para la activista, los acontecimientos recientes en el ámbito regional, incluida la convocatoria de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA sobre Nicaragua, han incidido en la percepción del régimen sobre su pérdida de influencia.
Aguirre coincide en que el contexto previo resulta fundamental. Según su análisis, durante años los países centroamericanos evitaron una confrontación directa con Managua, pero las disputas alrededor del SICA, la Corte Centroamericana de Justicia y ahora el Parlacen han deteriorado progresivamente esa relación.
“Esta es la gota que derramó el vaso”, afirmó Aguirre al referirse al nuevo enfrentamiento con el Parlacen. A su juicio, el problema de fondo no es determinar si ese organismo ha sido eficiente, sino el patrón de confrontación de la dictadura con la institucionalidad regional.
¿Por qué salir ahora del Parlacen?
Aguirre planteó dos posibles explicaciones, aclarando que se trata de hipótesis. Una de ellas sería impedir que los 20 representantes nicaragüenses ante el Parlacen quedaran expuestos a contactos con actores internacionales, incluido el Grupo Ministerial de Seguimiento surgido tras la reciente reunión de cancilleres de la OEA.
La segunda posibilidad, según Aguirre, sería una represalia política de Rosario Murillo contra instituciones regionales después de varios años de enfrentamientos.
“Una venganza dura, directa y declarada ante el sistema y ante los países que conforman el sistema”, señaló al explicar una de sus interpretaciones.
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