Costa Rica pide ante la OEA aumentar la presión regional para recuperar la democracia en Nicaragua

Costa Rica pidió este viernes 2 de octubre a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pasar de las declaraciones de preocupación a acciones sostenidas frente a la crisis política de Nicaragua y reclamó la liberación de los detenidos por razones políticas, la restitución de derechos civiles y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres y con observación internacional.

La posición fue expuesta por la vicecanciller costarricense Adriana Bolaños durante la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Washington, donde los países miembros aprobaron por consenso una resolución sobre la situación nicaragüense.

Bolaños afirmó que Costa Rica observa un deterioro de las condiciones democráticas y del pluralismo político bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Estamos ante un proceso sistemático de eliminación del pluralismo político, el cierre del espacio cívico y concentración del poder. Costa Rica condena firmemente esta deriva autoritaria”, declaró la funcionaria.

Costa Rica pide pasar de la preocupación a las acciones

Durante su intervención, la vicecanciller sostuvo que la respuesta regional no debería limitarse a expresar preocupación por la situación de Nicaragua, sino que debe incluir objetivos concretos y mecanismos para verificar su cumplimiento.

“Nuestras exigencias deben ser claras: liberar a las personas detenidas por razones políticas, restituir plenamente los derechos civiles y políticos, incluida la nacionalidad, cumplir las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y crear condiciones reales para unas elecciones libres, plurales y con observación internacional”, manifestó.

La resolución aprobada por la OEA también plantea la necesidad de obtener información sobre el paradero de personas desaparecidas, recuperar la separación de poderes y restituir la nacionalidad y los derechos de las personas que fueron privadas de ellos.

El acuerdo establece además un mecanismo de seguimiento diplomático encargado de evaluar los avances y formular recomendaciones sobre eventuales acciones posteriores.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó después de la reunión que el objetivo es contribuir a generar las condiciones para que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos y decidir su futuro político mediante “instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas”.

La reunión se produjo un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas pidieran a los países de la OEA colocar los derechos humanos, el Estado de derecho y la rendición de cuentas en el centro de sus deliberaciones.

Costa Rica señala impacto de la crisis migratoria

Bolaños también puso sobre la mesa las consecuencias que la crisis política nicaragüense ha tenido para Costa Rica, particularmente por el flujo de personas que han llegado al país en busca de protección.

La vicecanciller recordó que Costa Rica ha recibido a decenas de miles de nicaragüenses desde el inicio de la crisis política, muchos de ellos en busca de protección, empleo y oportunidades.

“Sabemos que cuando la democracia es quebrantada sistemáticamente mirar hacia otro lado no es prudencia, es inacción”, afirmó.

Bolaños agregó que “el pueblo nicaragüense tiene derecho a vivir en libertad, a elegir entre distintas opciones políticas y a decidir democráticamente su futuro”.

Meses atrás la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, tomó distancia de la crisis política nicaragüense y afirmó que los ciudadanos de ese país tenían el gobierno que habían elegido.

Las declaraciones de Fernández generaron cuestionamientos entre sectores de la oposición nicaragüense y organizaciones de derechos humanos, que reclamaron una postura más firme de Costa Rica frente a las denuncias de represión, encarcelamiento de opositores y restricciones a las libertades civiles en Nicaragua.

Ahora, la intervención de Bolaños ante la OEA coloca a Costa Rica dentro de los países que reclaman una respuesta regional frente a la situación nicaragüense. 

Las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua se han mantenido en un nivel limitado en los últimos años. Durante la administración del expresidente Carlos Alvarado, San José decidió no designar un nuevo embajador en Managua, en medio de las denuncias internacionales por la represión de las protestas de 2018 y el encarcelamiento de opositores.

La crisis nicaragüense también ha tenido un impacto directo sobre Costa Rica debido a la llegada de miles de personas que han solicitado refugio o protección internacional.