Cancilleres de OEA aprueban resolución sobre Nicaragua, limita acciones a vías diplomáticas y jurídicas y descarta uso de la fuerza

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad este 2 de octubre en su Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores una resolución sobre Nicaragua que establece una hoja de ruta con plazos concretos: crea un Grupo Ministerial de Seguimiento, plantea buscar un diálogo directo con el régimen nicaragüense, evaluar el cumplimiento de una serie de exigencias y presentar en un máximo de 60 días recomendaciones que podrían incluir acciones diplomáticas y jurídicas, expresamente sin uso de la fuerza.

El documento fue preacordado durante una reunión informal celebrada el 1 de octubre en la sede de la OEA en Washington y este viernes lo presentan en la Trigésima Primera Reunión de Consulta convocada específicamente para abordar la situación de Nicaragua.    

El nuevo texto aparece copatrocinado por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana, ocho países que respaldan formalmente su presentación ante los cancilleres.     

OEA plantea exigencias concretas a Nicaragua

La resolución insta a la dictadura nicaragüense a adoptar medidas "inmediatas, concretas y verificables", entre ellas restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias, liberar incondicionalmente a todos los presos políticos y revelar el paradero y estado de las personas desaparecidas forzadamente.   

También reclama restaurar la nacionalidad y los derechos de las personas despojadas de ella y permitir su regreso seguro y voluntario. El texto menciona específicamente, entre otros sectores, a líderes religiosos, clérigos y laicos, periodistas y defensores de derechos humanos.     

Uno de los puntos políticos centrales es la exigencia de restablecer la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes y el pluralismo político, incluso mediante la revocación de disposiciones constitucionales y legales aprobadas particularmente durante 2025 y 2026 que, según el proyecto, hayan afectado esas garantías.   

También pide crear las condiciones para realizar elecciones libres, justas e inclusivas, con restitución de derechos políticos, una administración electoral independiente y observación electoral internacional creíble. 

En materia de confiscaciones, la resolución reclama recursos efectivos respecto de propiedades y bienes confiscados arbitrariamente a personas, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas, priorizando la restitución y, cuando esta no sea posible, una compensación adecuada.   

Cambia formulación sobre presencia y cooperación extranjera

También aborda la cooperación internacional en seguridad y tecnología. El texto pide interrumpir actividades desarrolladas con apoyo internacional en materia de seguridad, suministro tecnológico e intercambio de información cuando faciliten vigilancia, represión interna o violaciones de derechos humanos.

Además, solicita no permitir la presencia de personal internacional asociado con actividades ilícitas en ese contexto que afecten los derechos humanos y la estabilidad.  

El documento ya no plantea de manera genérica el retiro de personal extranjero por su nacionalidad o procedencia, sino que vincula la exigencia a actividades que faciliten vigilancia, represión o violaciones de derechos humanos.

Grupo Ministerial deberá comenzar a trabajar en 30 días

Uno de los cambios de mayor alcance operativo es la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, de participación voluntaria y abierto a los Estados miembros, con representación geográfica equitativa y apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA. El grupo deberá iniciar sus labores dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la resolución.     

Su primera misión será buscar "un diálogo rápido y directo" con el régimen nicaragüense y procurar una visita a Nicaragua, que, de ser posible, estaría encabezada por ministros de Relaciones Exteriores. Paralelamente, deberá dialogar con sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluyendo a la oposición, sociedad civil y comunidades nicaragüenses en el exilio.     

Hasta 60 días para recomendar acciones diplomáticas y jurídicas

El Grupo Ministerial tendrá además que evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas por la resolución y entregar recomendaciones a la Reunión de Consulta en un plazo máximo de 60 días desde la aprobación del documento.

En esta nueva versión las recomendaciones podrán incluir "acciones diplomáticas y jurídicas concretas", pero el proyecto establece expresamente que no deberán implicar el uso de la fuerza y tendrán que ajustarse a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos interamericanos de derechos humanos y el derecho internacional. 

La resolución no establecería automáticamente sanciones económicas o financieras contra la dictadura en Nicaragua. Lo que haría es poner en marcha un mecanismo ministerial encargado de verificar el cumplimiento y posteriormente recomendar las acciones diplomáticas y jurídicas que considere pertinentes.

Reunión quedaría abierta y podría ser reconvocada

El punto cuatro dispone mantener abierta la Trigésima Primera Reunión de Consulta y autorizar a su presidente a reconvocarla dentro de los 90 días contados desde la convocatoria de la primera reunión del Grupo Ministerial, o antes si las circunstancias lo requieren.   

Esto establece tres tiempos diferentes dentro de la hoja de ruta: el Grupo Ministerial inicia labores dentro de 30 días; sus recomendaciones deben llegar en hasta 60 días desde la aprobación de la resolución; y la Reunión de Consulta puede ser reconvocada dentro del plazo de 90 días establecido en el texto.

¿Cuántos cancilleres asisten?

De acuerdo con la lista de jefes de delegación suministrada para la sesión de este 2 de octubre, aparecen acreditadas 32 delegaciones con jefe de delegación identificado, mientras que Venezuela figura en la tabla sin nombre ni cargo.

Al clasificar los cargos consignados en esa lista, 7 países son encabezados por ministros de Relaciones Exteriores o funcionarios con rango de ministro responsable de Exteriores; 3 por vicecancilleres o funcionarios con rango de viceministro; y 20 por representantes permanentes, alternos o interinos ante la OEA.

Los siete ministros/cancilleres que aparecen en la relación corresponden a Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Los tres vicecancilleres o equivalentes corresponden a Canadá, Chile y Costa Rica.

Además, Argentina está representada por su secretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Navarro, y Estados Unidos por el subsecretario de Estado Christopher Landau. Esos dos cargos quedan fuera de las tres categorías anteriores. Por tanto, el desglose de las 32 delegaciones identificadas es: 7 ministros + 3 viceministros + 20 representantes ante la OEA + 2 altos funcionarios de cancillería = 32.