Cancilleres ante Nicaragua: ¿Ultimátum a la dictadura sandinista? 30 días para desmontar el Estado policial o enfrentar acciones colectivas

OEA discutirá propuesta que exige a Nicaragua liberar presos políticos, revertir reformas constitucionales y abre la puerta a acciones económicas y financieras

El proyecto, presentado por Colombia, Perú y Estados Unidos, propone crear un Grupo Ministerial de Seguimiento, fija plazos de 30 y 45 días y contempla opciones de acción colectiva diplomática, política, económica, financiera y multilateral si las autoridades nicaragüenses no atienden las demandas.

La situación de Nicaragua llegará el próximo 2 de octubre de 2026 a una instancia de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con una propuesta que plantea una hoja de ruta de presión diplomática y seguimiento con plazos definidos.

La XXXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores examinará la situación nicaragüense y las posibles acciones de los Estados miembros.

De cara a esa cita, las delegaciones de Colombia, Perú y Estados Unidos presentaron un proyecto denominado “La situación en Nicaragua y la continuación de la consideración colectiva”.

La propuesta todavía es un proyecto de resolución, por lo que sus disposiciones no constituyen decisiones ya adoptadas por la OEA.

De la condena a una hoja de ruta con plazos

Uno de los principales alcances del proyecto es que plantea pasar de las declaraciones generales sobre Nicaragua a un mecanismo de seguimiento con demandas específicas, plazos y la posibilidad de considerar medidas adicionales.

El documento expresa “profunda preocupación” por lo que describe como el continuo desmantelamiento de la democracia representativa, la represión sistemática ejercida por el Estado, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la desnacionalización, el exilio forzado, las confiscaciones y las restricciones contra la libertad religiosa, los medios independientes, la sociedad civil y las asociaciones del sector privado.

También incorpora una dimensión de seguridad regional al mencionar la presencia y actividades de personal de seguridad extra hemisférico y afirmar que determinadas prácticas desarrolladas en Nicaragua tienen efectos que amenazan la paz y seguridad del hemisferio.

Exige la liberación incondicional de todos los presos políticos

El primer mandato propuesto es exigir a las autoridades nicaragüenses “medidas inmediatas, concretas y verificables”.

La primera de ellas sería la liberación incondicional de todos los presos políticos y que las autoridades informen sobre el paradero y las condiciones en que se encuentran todas las personas víctimas de desaparición forzada.

Se trata de una de las demandas más directas contenidas en la propuesta y sería uno de los puntos cuyo cumplimiento tendría que verificar el mecanismo de seguimiento planteado en la resolución.

Restitución de nacionalidad y derecho al retorno

El proyecto introduce además una exigencia concreta respecto a los nicaragüenses privados de su nacionalidad.

Propone exigir la restitución de la ciudadanía y los registros civiles, así como garantizar el derecho a regresar a Nicaragua sin temor a represalias, a por lo menos 452 personas que, según el documento, fueron arbitrariamente desnacionalizadas y posteriormente expulsadas del país.

La disposición incluye expresamente a dirigentes religiosos, miembros del clero y laicos.

Medios, universidades, iglesias y organizaciones podrían recuperar sus bienes

Otro componente de la propuesta afecta directamente a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, universidades, cámaras empresariales e instituciones religiosas.

El proyecto pide restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica.

Además, propone permitir que medios independientes, organizaciones civiles, universidades, cámaras de comercio y otras instituciones canceladas puedan reanudar sus actividades, recuperar su personalidad jurídica y reclamar sus instalaciones, propiedades y otros activos.

En otro apartado, el texto exige la devolución de propiedades y bienes confiscados arbitrariamente a ciudadanos nicaragüenses y extranjeros, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas.

Este punto tendría implicaciones para numerosas organizaciones y personas cuyos bienes fueron confiscados por las autoridades nicaragüenses.

La propuesta exige revertir cambios constitucionales de 2025 y 2026

Uno de los puntos de mayor alcance institucional está dirigido directamente a las modificaciones constitucionales.

El proyecto demanda “revertir los cambios constitucionales adoptados en 2025 y 2026” que, según los países proponentes, profundizaron el desmantelamiento de la democracia representativa.

Asimismo, reclama restablecer la independencia de las instituciones del Estado, la separación de poderes y el pluralismo político.

Esta disposición coloca la estructura institucional y constitucional de Nicaragua entre los asuntos centrales que los cancilleres discutirán.

Un apartado apunta al personal de seguridad extra hemisférico

El inciso 1.f introduce una dimensión que trasciende la situación política interna.

La propuesta exige retirar de Nicaragua personal, tecnología, capacidades e instalaciones de seguridad extra hemisféricas cuya presencia o actividades amenacen la paz y la seguridad hemisféricas.

También plantea poner fin a los acuerdos relacionados en materia de seguridad y defensa.

El documento, sin embargo, no identifica específicamente a ningún país, gobierno, organización o instalación.

Por tanto, atribuir esa disposición directamente a un Estado determinado requeriría información adicional que no aparece en el proyecto de resolución.

Creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua

Una de las principales novedades de la propuesta es la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua.

Estaría integrado por Estados miembros designados por la Presidencia, después de realizar consultas y procurando una representación geográfica equitativa.

El grupo contaría además con apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA.

Su misión tendría tres componentes principales: buscar un acercamiento directo con las autoridades nicaragüenses, evaluar el cumplimiento de las demandas establecidas en la resolución y desarrollar opciones para una respuesta colectiva.

Cancilleres podrían viajar a Nicaragua

La propuesta contempla incluso la posibilidad de realizar una visita a Nicaragua encabezada por ministros de Relaciones Exteriores.

El objetivo sería procurar un contacto directo con las autoridades nicaragüenses.

Sin embargo, el propio proyecto establece límites a esta vía diplomática: cualquier gestión tendría que desarrollarse dentro de un período determinado y no podría utilizarse para retrasar la consideración de otras medidas colectivas.

Esto significa que el diálogo diplomático y la preparación de eventuales medidas adicionales podrían avanzar paralelamente.

Acciones diplomáticas, políticas, económicas y financieras

Este es uno de los puntos de mayores implicaciones potenciales.

Si el proyecto es aprobado en sus términos actuales, el Grupo Ministerial tendría el mandato de desarrollar opciones para una “acción colectiva gradual y coordinada” en distintos ámbitos.

El documento menciona expresamente acciones diplomáticas, políticas, económicas, financieras y en instituciones multilaterales.

Sin embargo, el proyecto no impone automáticamente sanciones económicas o financieras.

Tampoco determina cuáles serían esas acciones.

Lo que establece es un mecanismo encargado de elaborar opciones que posteriormente podrían ser consideradas por los Estados miembros, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, el derecho internacional y otros instrumentos interamericanos aplicables.

Por tanto, existe una diferencia fundamental entre afirmar que el proyecto contempla desarrollar opciones de medidas económicas y financieras y afirmar que la OEA ya decidió imponer sanciones.

La segunda afirmación no está respaldada por el proyecto.

Primer plazo: 30 días

La propuesta establece un calendario concreto.

El Grupo Ministerial de Seguimiento tendría que presentar a la Presidencia un primer informe y sus recomendaciones dentro de un plazo de 30 días.

Durante ese período tendría que evaluar el cumplimiento de las demandas planteadas a las autoridades nicaragüenses.

El documento establece además que cualquier acercamiento diplomático deberá estar sujeto a plazos y no deberá retrasar la consideración de medidas colectivas adicionales.

Segundo plazo: 45 días

La propuesta incluye otro elemento relevante: plantea mantener abierta la XXXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Esto permitiría que la Presidencia vuelva a convocarla dentro de un plazo de 45 días, o antes si las circunstancias lo justifican.

En esa nueva sesión, los cancilleres podrían examinar el informe presentado por el Grupo Ministerial y considerar la adopción de medidas adicionales.

De aprobarse este mecanismo, la reunión del 2 de octubre no necesariamente cerraría el proceso diplomático sobre Nicaragua, sino que podría convertirse en el comienzo de una fase de seguimiento con plazos establecidos.

Lo que no establece la propuesta

También es importante precisar lo que no contiene el proyecto.

El documento no impone por sí mismo sanciones económicas.

No establece congelamientos de activos.

No determina restricciones comerciales específicas.

No presenta una lista de funcionarios nicaragüenses que deban ser sancionados.

Tampoco define cuáles serían las eventuales medidas financieras o multilaterales.

Asimismo, aunque habla de seguridad hemisférica y de presencia de personal extra hemisférico, el texto no identifica específicamente al país o países a los que se refiere en ese apartado.

Por ahora, lo que hace es establecer las bases para que un Grupo Ministerial estudie y formule opciones de acción colectiva.

Una hoja de ruta escalonada

En términos prácticos, si el proyecto fuera aprobado sin cambios sustanciales, establecería una secuencia de actuación:

Primero, exigir medidas inmediatas y verificables a las autoridades nicaragüenses.

Después, crear un Grupo Ministerial de Seguimiento.

Ese grupo buscaría un acercamiento directo con Managua y verificaría el cumplimiento de las exigencias.

Paralelamente, desarrollaría opciones de acción colectiva diplomática, política, económica, financiera y multilateral.

En un plazo máximo de 30 días, presentaría su primer informe y recomendaciones.

Y dentro de 45 días, o antes si fuese necesario, los cancilleres podrían volver a reunirse para analizar ese informe y considerar medidas adicionales.

La decisión estará en manos de los cancilleres

El documento presentado por Colombia, Perú y Estados Unidos representa por ahora una propuesta de resolución.

Su contenido puede ser negociado, modificado o sometido a decisión durante la reunión de cancilleres.

Por eso, el punto clave será determinar cuánto del texto original obtiene respaldo de los Estados miembros.

Si prospera en sus términos actuales, la resolución no establecería inmediatamente un paquete de sanciones, pero sí crearía un mecanismo político y diplomático con plazos definidos, verificación del cumplimiento y capacidad para preparar una eventual escalada de acciones colectivas.

La reunión del 2 de octubre de 2026 será, por tanto, determinante para conocer hasta dónde están dispuestos a avanzar los Estados miembros de la OEA frente a la situación de Nicaragua.