Informe de ONU detecta contradicciones en cinco comunicados oficiales sobre muerte de Brooklyn Rivera

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas detectó contradicciones en los cinco comunicados difundidos por el régimen en Nicaragua sobre la salud y muerte del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera Bryan, y cuestionó particularmente la explicación oficial que terminó vinculando su fallecimiento con la COVID-19.

Los hallazgos forman parte del informe “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, en el que los expertos reconstruyen los últimos días de Rivera y someten las explicaciones gubernamentales a una evaluación médica independiente realizada por Physicians for Human Rights (PHR).

Rivera, de 73 años, murió la noche del 30 de mayo de 2026 después de permanecer 32 meses privado arbitrariamente de libertad, incluidos dos períodos prolongados de desaparición forzada, según las conclusiones del Grupo.

Uno de los principales hallazgos del informe es que, en cuestión de días, las autoridades pasaron de presentar un cuadro clínico bajo tratamiento y con expectativas de recuperación a anunciar la muerte de Rivera, mientras ofrecían versiones que, según los expertos, resultaban contradictorias sobre las causas de su deterioro.

COVID-19 no apareció inicialmente y después fue vinculada con su muerte

La contradicción que recibe especial atención en el informe está relacionada con la COVID-19. El 27 de mayo, los ministerios del Interior y de Salud emitieron el primer comunicado público sobre el estado de Rivera y revelaron que permanecía hospitalizado desde el 7 de marzo en el Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua.

Describieron un complejo cuadro médico que incluía neumonía bacteriana causada por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar y posteriormente una infección por Stenotrophomonas maltophilia.

También informaron que Rivera había requerido traqueotomía, ventilación mecánica y nutrición parenteral total y que una tomografía computarizada y una laparoscopia realizadas el 15 de mayo habían revelado cirrosis hepática.

Sin embargo, el Grupo destaca que en esa detallada descripción clínica no hubo ninguna mención a la COVID-19.

La enfermedad apareció en un segundo comunicado del Ministerio de Salud, difundido el 28 de mayo, como un antecedente grave que Rivera supuestamente había sufrido durante la pandemia.

Naciones Unidas señala un elemento relevante: esa información no procedía de registros médicos, sino que fue atribuida por las autoridades a familiares y personas cercanas al dirigente indígena.

Tres días después del primer comunicado, la explicación volvió a cambiar.

Cuando el Ministerio de Salud anunció el 31 de mayo la muerte de Rivera, sostuvo que su deterioro físico y neurológico había sido consecuencia de una bacteria asociada a la COVID-19.

Tras analizar los cinco comunicados oficiales, Physicians for Human Rights consideró que esa explicación “carecía de coherencia médica”, según recoge el informe del Grupo.

Régimen hablaba de recuperación 72 horas antes de su muerte

Los expertos también cuestionan la rapidez con que cambió la descripción oficial de la condición médica de Rivera.

El comunicado del 27 de mayo presentó su evolución clínica como parte de un tratamiento encaminado a la recuperación y concluyó expresando la esperanza de que su salud continuara mejorando.

Sin embargo, en las siguientes 72 horas los propios reportes gubernamentales comenzaron a documentar un deterioro severo.

El 28 de mayo se informó de una evaluación neurológica y de la realización de una resonancia magnética cerebral.

El 29 de mayo, las autoridades comunicaron que la resonancia había detectado lesiones en el sistema nervioso central atribuidas a la diseminación por vía sanguínea de una bacteria resistente a medicamentos, además de una lesión renal aguda y complicaciones cardíacas.

Para el 30 de mayo, Rivera presentaba complicaciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares y renales compatibles con una insuficiencia multiorgánica.

Según la evaluación médica independiente citada por Naciones Unidas, el propio régimen describió una insuficiencia que afectaba cuatro sistemas orgánicos, un nivel de gravedad asociado con la menor tasa de supervivencia en la literatura médica publicada y revisada por pares.

Horas antes de morir dijeron que no había “variación importante”

El informe identifica otra contradicción ocurrida precisamente el día de la muerte de Rivera.

El 30 de mayo, después de evaluaciones que las autoridades afirmaron habían sido realizadas ese mismo día por especialistas, el régimen Ortega Murillo publicó un cuarto comunicado en el que concluyó que “no había una variación importante en su estado”.

Rivera murió esa misma noche. Physicians for Human Rights planteó dos posibles explicaciones para esa discrepancia.

“O bien esos informes tergiversaron la gravedad de un estado que el equipo médico ya conocía, o bien se produjo un deterioro catastrófico que no fue explicado desde el punto de vista clínico”, señala la evaluación médica citada por el Grupo.

Cinco comunicados con contradicciones sobre causa de muerte

El Grupo de Expertos concluye expresamente que “los cinco comunicados son contradictorios entre sí respecto de la causa de la muerte”.

La inconsistencia, según el documento, resulta particularmente evidente al reconstruir cómo apareció la COVID-19 en las explicaciones gubernamentales.

Primero estuvo ausente de la descripción clínica del 27 de mayo.

Después apareció el 28 de mayo como una enfermedad sufrida durante la pandemia, sustentada en información atribuida a familiares y no en registros médicos.

Finalmente, el 31 de mayo fue incorporada a la explicación gubernamental sobre el deterioro que precedió a la muerte de Rivera.

La evaluación independiente aclara, no obstante, que los diagnósticos médicos mencionados por las autoridades eran individualmente plausibles.

En conjunto, podían ser compatibles con el estado de un paciente con una enfermedad crónica y malnutrición, sometido a ventilación mecánica, con enfermedad hepática terminal y una infección hospitalaria.

Pero el análisis encontró otro elemento relevante: tanto el momento en que aparecieron las enfermedades como los microorganismos identificados indicarían, según Physicians for Human Rights, que las infecciones fueron contraídas durante la privación de libertad o en el hospital, y no en la comunidad.

Familia no recibió información médica durante 32 meses

El informe señala que durante los 32 meses que Rivera permaneció bajo custodia estatal las autoridades no proporcionaron a su familia información médica completa.

No se han divulgado ni facilitado, según los expertos, historias clínicas, resultados de laboratorio, pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos, estudios de imágenes, registros de ventilación mecánica o cuidados intensivos, expedientes médicos penitenciarios ni resultados de autopsias.

Rivera tampoco estuvo bajo supervisión médica independiente en ningún momento desde su detención, de acuerdo con el documento.

Por ello, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales sobre la causa y el mecanismo preciso de su muerte, la idoneidad y oportunidad de la atención médica que recibió durante sus 32 meses de detención y si una eventual desatención contribuyó a una muerte que pudiera haberse evitado.

Brooklyn Rivera estuvo desaparecido durante dos períodos

Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023 y, según Naciones Unidas, permaneció en desaparición forzada durante dos períodos prolongados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor el 9 de octubre de 2023 y solicitó a Nicaragua determinar su suerte y paradero, revelar dónde y bajo qué condiciones estaba detenido, permitir el acceso de familiares y abogados y proporcionarle atención médica.

El 1 de febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales y ordenó al Estado ponerlo inmediatamente en libertad, informar oficialmente su ubicación y garantizar, mientras permaneciera detenido, acceso a servicios de salud, medicamentos, alimentación adecuada, familiares y abogados.

Según el Grupo, las autoridades incumplieron las medidas de protección.

En marzo de 2024, después de varios meses de desaparición forzada, un familiar logró visitarlo en La Modelo y expresó preocupación por su pérdida de peso. Después de esa visita, sostiene el documento, su paradero volvió a ser ocultado.

El segundo período de desaparición forzada terminó con una visita familiar en abril de 2025. A partir de entonces se permitieron visitas periódicas y el familiar continuó manifestando preocupación por la pérdida de peso de Rivera.

No fue hasta el 27 de mayo de 2026, apenas tres días antes de su muerte, cuando las autoridades revelaron públicamente por primera vez desde su detención dónde se encontraba y difundieron fotografías suyas hospitalizado.

No hubo investigación ni autopsia forense independiente

El Grupo señala que no se inició una investigación independiente sobre la muerte de Rivera o las condiciones de su detención ni se permitió una autopsia forense independiente.

Como consecuencia, sostiene el documento, las afirmaciones oficiales sobre las causas del fallecimiento no pueden ser verificadas independientemente.

Los expertos señalan que todavía deben determinarse la causa precisa de la muerte y la cronología del deterioro de la salud del dirigente miskitu.

Dictadura no entregó cuerpo de Rivera a su familia

Tras su muerte, las autoridades del régimen tampoco entregaron los restos de Brooklyn Rivera a sus familiares, según documentó el Grupo de Expertos.

La familia pretendía sepultarlo en su comunidad de la Costa Caribe, conforme a sus deseos y a las tradiciones miskitas.

Sin embargo, el informe señala que las autoridades controlaron los preparativos del velorio, el servicio religioso y el entierro, realizado el 31 de mayo de 2026 en Managua bajo vigilancia policial y con presencia de funcionarios gubernamentales.

Según los expertos, su familia y su comunidad no tuvieron una participación significativa.

El Grupo considera que esa actuación vulneró el derecho de los familiares y de la comunidad a guardar duelo y realizar los ritos funerarios conforme a sus creencias y prácticas culturales y religiosas.

También advierte que el entierro acelerado de los restos sin consentimiento familiar, sumado a la ausencia de una autopsia independiente, impidió obtener elementos que permitieran verificar de forma independiente la causa del fallecimiento.

Seis familiares y dos allegados, nuevas víctimas de desaparición forzada

El informe revela además que las acciones denunciadas por el Grupo continuaron inmediatamente después de la muerte de Rivera y alcanzaron a su entorno familiar.

Los expertos documentaron la detención arbitraria de seis familiares y dos personas cercanas a Rivera entre el 31 de mayo y principios de junio de 2026.

Al momento de redactarse el informe, según Naciones Unidas, las autoridades se habían negado a reconocer esas detenciones y no habían proporcionado información sobre el paradero ni la situación jurídica de las ocho personas.

El Grupo las identifica como “nuevas víctimas de desaparición forzada”.

Los expertos advierten que estas acciones han generado temor entre otros familiares de Rivera que permanecen en Nicaragua y miembros de su comunidad.

De esta manera, las desapariciones denunciadas después de su fallecimiento se producen tras un caso en el que el propio Rivera había permanecido desaparecido forzadamente durante dos períodos mientras se encontraba bajo custodia estatal.

ONU señala a varias instituciones en cadena de actuación

El Grupo asegura tener “motivos razonables para creer” que funcionarios de la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público colaboraron en la detención, privación arbitraria de libertad y desaparición forzada de Rivera.

Según el informe, la Policía Nacional lo detuvo sin presentar una orden judicial y no informó a sus familiares sobre las razones de su detención ni dónde permanecía recluido.

Los expertos consideran que durante buena parte de su desaparición forzada Rivera estuvo en La Modelo, donde habría sido mantenido separado de otros reclusos para impedir que trascendiera información sobre su situación.

El Grupo también cuestiona al Ministerio Público por no investigar su desaparición forzada y posteriormente no realizar una investigación independiente sobre su muerte.

Al Ministerio de Salud le atribuye haberse negado a facilitar a los familiares el acceso a su historia clínica, contribuyendo, según el informe, a impedir el acceso a posibles pruebas relacionadas con su fallecimiento.

Informe aborda estructura de mando bajo Ortega y Murillo

El Grupo sostiene que las actuaciones documentadas forman parte de un “patrón institucional coordinado” que, según sus investigaciones anteriores, opera bajo una estructura centralizada encabezada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Sin embargo, los expertos hacen una precisión: no identificaron pruebas de una orden específica impartida por Ortega o Murillo en el caso particular de Brooklyn Rivera.

La atribución planteada por el Grupo se basa en la estructura de mando que afirma haber documentado previamente y en la concordancia del modus operandi del caso con patrones más amplios investigados desde 2018.

El Grupo considera además razonable concluir que Ortega y Murillo conocían la situación de Rivera debido a la atención internacional que recibió su caso, incluidas las medidas de protección dictadas por la CIDH y la Corte IDH y gestiones diplomáticas realizadas por distintos Estados.

Según el informe, pese a ello no actuaron para revelar su situación, garantizarle atención médica adecuada y oportuna ni asegurar el cumplimiento de las medidas internacionales de protección.

ONU: Estado no refutó presunción de responsabilidad

El Grupo aclara que no pudo determinar la causa exacta de la muerte de Brooklyn Rivera. No obstante, sostiene que existen indicios de que el Estado no le proporcionó asistencia médica adecuada y oportuna frente al deterioro de su salud durante la detención.

A esto suma las contradicciones encontradas en los cinco comunicados oficiales, la falta de documentación médica independiente, la inexistencia de una investigación pronta e independiente, la ausencia de una autopsia forense independiente y el entierro acelerado sin consentimiento de la familia.

Para los expertos, esas circunstancias refuerzan “la presunción de responsabilidad estatal aplicable a las muertes bajo custodia”, que, según el informe, el Estado de Nicaragua no ha refutado.

El caso descrito por Naciones Unidas traza así una secuencia que comenzó con la detención de Brooklyn Rivera en septiembre de 2023, continuó con dos períodos prolongados de desaparición forzada y culminó con su muerte bajo custodia estatal. Después, según el Grupo, las autoridades no entregaron sus restos a la familia y seis familiares y dos personas cercanas fueron detenidos y pasaron a convertirse en nuevas víctimas de desaparición forzada.