De aliado y asesor de Ortega a prisionero en La Modelo: CIDH lleva caso de Bayardo Arce ante Corte IDH

Bayardo Arce Castaño, uno de los históricos dirigentes del Frente Sandinista y durante años asesor económico de Daniel Ortega, vuelve al centro de la atención internacional. La CIDH pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ampliar medidas provisionales para protegerlo, al considerar que permanece en una situación de “extrema gravedad y urgencia” dentro de la cárcel La Modelo, mientras el Estado de Nicaragua no ha informado sobre medidas efectivas para reducir los riesgos que enfrenta.

La situación de Bayardo Arce Castaño, antiguo integrante de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y durante años uno de los hombres cercanos al poder de Daniel Ortega, escaló este 9 de septiembre de 2026 a una nueva instancia del sistema interamericano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales del asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua para incorporar a Arce y su grupo familiar, así como a Efrén Antonio Vilchez López y Alain Piedra Hernández.

La Comisión considera que los tres privados de libertad se encuentran en una situación de “extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos”. Según la CIDH, los tres permanecen recluidos en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, bajo condiciones deplorables, restricciones severas de comunicación y visitas, además de acceso insuficiente a alimentación, agua potable y atención médica especializada.

Pero el caso de Arce tiene una particular dimensión política: se trata de un hombre que durante décadas perteneció al núcleo histórico del sandinismo y que permaneció junto a Ortega incluso después de las fracturas que sacudieron al FSLN en los años noventa.

De hombre del poder a prisionero de La Modelo

La propia resolución de medidas cautelares otorgadas a Arce por la CIDH el 5 de abril de 2026 reconstruye ese recorrido.

Arce, de 77 años, fue uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN que encabezó la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y asumió la conducción política del país después del triunfo de la revolución de 1979.

Después de la derrota electoral sandinista de 1990 continuó dentro de la estructura partidaria y, según la información presentada ante la CIDH, fue el único de los antiguos comandantes históricos que permaneció junto a Daniel Ortega después de la fragmentación del sandinismo en los años noventa.

Cuando Ortega regresó a la Presidencia en 2007, Arce fue nombrado asesor presidencial para asuntos económicos y financieros, con rango ministerial. Sin embargo, la documentación presentada ante la Comisión sostiene que durante la última década comenzaron a evidenciarse discrepancias con Rosario Murillo, en medio de reconfiguraciones internas del poder y del desplazamiento de dirigentes históricos sandinistas.

Ese elemento convierte su encarcelamiento en algo políticamente significativo: la estructura represiva que durante años alcanzó principalmente a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y críticos del Gobierno terminó alcanzando también a una figura surgida del propio corazón histórico del FSLN.

De hecho, la CIDH señala en su resolución que en Nicaragua se ha consolidado un régimen de “control, vigilancia y represión” contra cualquier persona percibida como opositora, incluso aquellas vinculadas al propio régimen.

La caída de Bayardo Arce

Según la documentación examinada por la CIDH, las señales contra Arce comenzaron a hacerse visibles a finales de julio de 2025.

El 26 de julio de 2025 le habría sido retirado, sin explicación, el esquema de seguridad policial asignado a su residencia. Su oficina fue allanada y fueron confiscados documentos y computadoras.

Cuatro días después, la entonces Procuraduría General de la República anunció públicamente que Arce era investigado por supuestas “transacciones al margen del Estado” y que había sido citado a comparecer.

Sin embargo, sus familiares aseguraron que no existió una citación formal. La resolución añade un dato revelador: entre el 26 y el 30 de julio, Arce habría enviado varios mensajes a la Copresidencia mediante los canales que históricamente utilizaba para comunicarse con la Presidencia, preocupado por lo que estaba ocurriendo y manifestando su disposición a colaborar con cualquier requerimiento.

No obtuvo respuesta.

Su último correo habría sido enviado el 30 de julio de 2025, apenas horas antes de su captura.

Detenido en pijama y 71 días sin conocerse su paradero

La descripción de su arresto contenida en el expediente es particularmente fuerte.

Según la parte solicitante de las medidas cautelares, entre el 30 y 31 de julio de 2025, alrededor de 20 a 25 policías armados y encapuchados ingresaron en su vivienda sin presentar orden judicial.

Los agentes habrían entrado en su habitación mientras dormía y lo sacaron esposado y en pijama. Cerca de diez agentes lo habrían encañonado en el suelo antes de llevárselo con rumbo desconocido.

De acuerdo con esa versión, no le comunicaron cargos, no pudo contactar a su familia ni a un abogado y tampoco se dejó documentación sobre lo ocurrido.

Entonces comenzó un prolongado periodo de incertidumbre.

Durante 71 días después de su arresto, según la CIDH, su paradero permaneció oculto. Ninguna autoridad habría informado oficialmente a su familia dónde estaba detenido, cuál era su condición física o mental ni el fundamento jurídico de su privación de libertad.

Su esposa envió cartas semanales a distintas autoridades pidiendo confirmación de vida, asistencia médica y acceso a defensa, pero no habría recibido respuesta escrita.

La Modelo, aislamiento y luz encendida las 24 horas

La primera visita familiar fue autorizada hasta el 11 de octubre de 2025, cuando se confirmó que Arce estaba recluido en La Modelo.

Entre octubre y diciembre fueron permitidas cinco visitas. Sin embargo, desde el 24 de diciembre de 2025, según la información entregada a la CIDH, volvieron a suspenderse los encuentros.

La documentación también recoge alegaciones particularmente graves sobre las condiciones en las que habría permanecido detenido.

Durante sus primeros 15 días habría sido sometido a inmovilización mediante grilletes en las manos, caderas y pies, que solo eran retirados para bañarse. Incluso habría permanecido encadenado durante las noches.

Posteriormente habría sido mantenido en aislamiento absoluto, en una celda cerrada, sin contacto con otros presos y bajo instrucciones para que los custodios no conversaran con él.

No tendría acceso a libros, cuadernos, lápices o radio y, según la solicitud examinada por la Comisión, la iluminación de su celda permanecía encendida las 24 horas, provocándole alteraciones del sueño, insomnio y fatiga crónica.

CIDH documenta alarma por su deterioro físico

El estado de salud de Arce constituye uno de los elementos centrales que explican la intervención del sistema interamericano.

Según la información aportada a la CIDH, habría perdido alrededor de 20 libras en pocas semanas, presentando debilidad y un adelgazamiento marcado.

La resolución señala que padece distintas enfermedades y condiciones crónicas, entre ellas diabetes mellitus, esteatosis hepática, enfermedad diverticular del colon sigmoides, problemas lumbares, crecimiento prostático grado II y pólipos rectales.

Además, tendría una lesión cutánea de crecimiento anómalo en un brazo que requeriría evaluación especializada por su potencial riesgo oncológico.

Antes de ser detenido recibía controles médicos periódicos y medicamentos. Bajo custodia, según la información recibida por la Comisión, solamente habría contado con atención esporádica de enfermería, sin los controles especializados necesarios.

La CIDH también recogió información según la cual Arce habría presentado confusión, angustia, insomnio, episodios depresivos y pensamientos suicidas.

A finales de febrero de 2026, su familia recibió información extraoficial de que habría sido trasladado a un hospital por problemas renales. La Comisión señala que no hubo notificación formal sobre el centro médico, diagnóstico o tratamiento recibido.

El Gobierno mostró fotografías, pero la preocupación continuó

El 20 de marzo de 2026 se permitió una visita de su hermano y el Ministerio del Interior difundió fotografías del encuentro.

Sin embargo, según la solicitud analizada por la CIDH, las propias imágenes mostraban a Arce con pérdida de peso, palidez y un visible deterioro físico. Además, la visita se habría desarrollado permanentemente bajo vigilancia, sin privacidad entre los familiares.

La Comisión concluyó posteriormente que Arce continuaba en aislamiento, sin atención médica adecuada y especializada y sin alimentación y suministro de agua suficientes para sus condiciones de salud.

Una sentencia por lavado de dinero en medio de cuestionamientos al proceso

El caso también presenta fuertes interrogantes sobre su situación judicial.

El 27 de enero de 2026, la Procuraduría General de Justicia anunció públicamente una sentencia contra Arce y Ricardo Bonilla por lavado de dinero por un monto aproximado de 5.000 millones de dólares. Su esposa y cuñado fueron señalados como supuestos coautores prófugos.

La CIDH recoge, sin embargo, los alegatos de la parte solicitante según los cuales Arce no habría sido formalmente notificado de cargos, presentado ante un juez ni contado con defensa técnica.

Según información extraoficial incorporada al expediente, después del anuncio de la Procuraduría Arce habría sido colocado frente a una computadora portátil para que funcionarios leyeran la sentencia, sin que previamente hubiese participado en una audiencia pública con defensa técnica, contradicción de pruebas y presencia de un juez independiente.

La Comisión aclara que el procedimiento de medidas cautelares no determina responsabilidades ni prejuzga sobre violaciones de derechos humanos; su análisis se limita a establecer si existe gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable.

La presión también alcanzó a su familia

La situación no quedó limitada a Bayardo Arce.

La resolución señala que su esposa, seis hijos, cuñado, trabajadores y otras personas allegadas habrían enfrentado vigilancia, intimidaciones, allanamientos, confiscaciones y seguimientos.

La esposa y el cuñado fueron señalados en el proceso penal y, según la documentación, sufrieron confiscaciones de propiedades y vehículos. La solicitud presentada ante la CIDH incluso reporta el secuestro de una mascota de la familia.

Los hechos habrían generado tal nivel de presión que familiares de Arce terminaron desplazándose.

Por ello, cuando la CIDH concedió las medidas cautelares en abril no protegió únicamente al exasesor presidencial: declaró beneficiarios también a su esposa, sus seis hijos e hijas y su cuñado.

De las medidas cautelares a la Corte Interamericana

El nuevo movimiento de la CIDH marca una escalada importante.

El 5 de abril de 2026, la Comisión había concedido medidas cautelares a favor de Arce y su familia y pidió al Estado garantizar su vida, integridad y salud; proporcionarle una valoración médica integral y atención especializada; garantizar contacto regular con familiares y representantes y detener los hostigamientos contra su núcleo familiar.

Cinco meses después, la Comisión asegura que no ha recibido una respuesta del Estado que demuestre la adopción de medidas idóneas y efectivas para protegerlo.

Por eso, este 9 de septiembre decidió dar un paso adicional: acudir ante la Corte Interamericana y solicitar que Arce sea incorporado a las medidas provisionales del asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

A diferencia de las medidas cautelares emitidas por la Comisión, las medidas provisionales son dictadas por la Corte IDH ante situaciones de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables y, según recuerda la propia CIDH, tienen carácter obligatorio para los Estados.

Efrén Vilchez y Alain Piedra también están bajo alerta

Bayardo Arce no es el único caso incluido en la solicitud.

La CIDH pidió protección también para Efrén Antonio Vilchez López, quien contaba con medidas cautelares desde el 16 de diciembre de 2024, y Alain Piedra Hernández, beneficiario de medidas desde el 24 de mayo de 2026.

Los tres, según el comunicado del organismo, permanecen en La Modelo y enfrentan restricciones severas de comunicación, limitaciones para recibir visitas y acceso insuficiente a alimentación, agua potable y atención médica especializada.

La Comisión sostiene que solicitó información al Estado nicaragüense durante la vigencia de las medidas cautelares, pero no recibió una respuesta que permita establecer que los riesgos hayan sido mitigados.

El caso Arce y la transformación del poder sandinista

El caso de Bayardo Arce tiene una lectura que va más allá de su situación carcelaria.

Durante décadas fue una figura que sobrevivió a derrotas electorales, divisiones partidarias y al regreso de Ortega al poder. No era un opositor surgido fuera del sandinismo: pertenecía a su generación fundadora y terminó convertido en asesor presidencial del mismo gobierno que ahora lo mantiene encarcelado.

Su caída muestra hasta dónde ha avanzado la reconfiguración del poder alrededor de Daniel Ortega y Rosario Murillo y el desplazamiento de figuras históricas que alguna vez tuvieron influencia propia dentro del FSLN.

Ahora, más de un año después de su captura, Arce permanece en La Modelo y su caso ha pasado de las denuncias de su familia y las medidas cautelares de la CIDH a una solicitud formal de intervención de la Corte Interamericana.

El contraste es difícil de ignorar: uno de los nueve comandantes que condujeron al FSLN al poder en 1979 terminó, casi medio siglo después, convertido en prisionero de un sistema encabezado por sus antiguos compañeros políticos.