“Basta de hacer negocios como de costumbre”: cuatro medidas para aumentar presión sobre la dictadura en Nicaragua

La comunidad internacional debe pasar de las declaraciones de preocupación a una estrategia coordinada que golpee las fuentes de financiamiento de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revise los beneficios comerciales de Nicaragua, condicione los préstamos internacionales y fortalezca a la oposición democrática y a la sociedad civil, plantea un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

La advertencia llega mientras el régimen profundiza su control del país mediante una reforma constitucional que extendería de seis a siete años el periodo presidencial, aplazaría hasta 2028 las elecciones previstas para noviembre de 2026 y permitiría excluir de cualquier proceso electoral a opositores calificados por el oficialismo como “traidores”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, resumió el cambio de enfoque que demandan los autores del análisis: adoptar medidas “para garantizar que el hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura”.

Esa frase concentra el desafío que enfrentan Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Canadá y los organismos financieros: elevar el costo de la represión sin castigar indiscriminadamente al pueblo nicaragüense.

Presión directa sobre el dinero que sostiene a la dictadura

El primer eje propuesto es aumentar la presión económica contra funcionarios, familiares y empresas vinculadas con actos de represión y corrupción, en lugar de imponer medidas generales que agraven las condiciones de vida de los nicaragüenses.

Los investigadores Christopher Hernández-Roy, Henry Ziemer, Kaela Werchniak y Antonella Navarro sostienen que Estados Unidos debería ampliar las sanciones selectivas y prestar mayor atención al sector del oro, convertido en una fuente estratégica de ingresos para el régimen Ortega-Murillo.

Canadá también podría ejercer presión debido a la participación de empresas canadienses en la producción aurífera de Nicaragua. El análisis recomienda exigir mayor transparencia y debida diligencia a las compañías que operan en el país, además de considerar sanciones contra empresas mineras, concesionarios o intermediarios financieros que generen recursos para personas sancionadas o para el régimen.

La presión sobre este sector adquiere mayor relevancia ante el avance de compañías chinas. Según un informe de Fundación del Río citado por el CSIS, hasta el 10% del territorio nicaragüense habría sido entregado mediante concesiones mineras a empresas chinas, algunas ubicadas dentro o cerca de territorios indígenas y áreas protegidas.

Revisar beneficios comerciales con Estados Unidos y Europa

El segundo eje consiste en examinar los privilegios comerciales que conserva Nicaragua mientras el régimen elimina elecciones competitivas, persigue a sus adversarios y desmantela las instituciones democráticas.

El CSIS plantea que Estados Unidos podría suspender la aplicación de beneficios de Nicaragua dentro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR.

Aunque el acuerdo no contempla un mecanismo sencillo para expulsar a uno de sus integrantes, la investigación de la Sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha considerado distintas acciones, entre ellas suspender, retirar o impedir la aplicación de beneficios comerciales, así como imponer aranceles adicionales.

Los autores señalan que Washington también podría estudiar el artículo 21.2 del tratado, que permite adoptar excepciones relacionadas con “la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad”.

En el caso de Europa, los cancilleres de la OEA podrían solicitar que la Unión Europea examine las cláusulas políticas y de derechos humanos de su Acuerdo de Asociación con Centroamérica.

El artículo 1 de ese acuerdo establece que el respeto a los principios democráticos, los derechos humanos fundamentales y el Estado de derecho constituye un “elemento esencial”. Por ello, la Unión Europea podría considerar la suspensión selectiva de preferencias comerciales para sectores o empresas vinculadas con la dictadura.

Bruselas también podría ampliar sus sanciones a otros intereses de la familia Ortega-Murillo, empresas fachada, operaciones mineras y facilitadores financieros. Una acción coordinada con Estados Unidos aumentaría la presión sobre las relaciones económicas internacionales del régimen, pero debería diseñarse de manera que no perjudique desproporcionadamente a la población.

Condicionar préstamos y vigilar el financiamiento internacional

El tercer eje es impedir que el financiamiento multilateral proporcione recursos discrecionales o respaldo institucional que ayude a sostener a la dictadura.

Estados Unidos y otros países democráticos podrían utilizar su influencia en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para supervisar los proyectos todavía vigentes y cualquier nueva asistencia técnica destinada a Nicaragua.

Los accionistas del Banco Centroamericano de Integración Económica también deberían exigir que los futuros préstamos soberanos estén sujetos a condiciones concretas de gobernanza, transparencia y respeto a los derechos humanos.

La propuesta no busca detener la asistencia humanitaria ni los proyectos que benefician directamente a los sectores más vulnerables. El objetivo es diferenciar entre los recursos que ayudan a la población y aquellos que fortalecen la capacidad financiera o institucional del régimen.

Respaldar a la sociedad civil y preparar una transición democrática

El cuarto eje exige prepararse para una Nicaragua posterior a Ortega. Para ello, los países democráticos deberían aumentar el apoyo a medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y esfuerzos destinados a construir una oposición más cohesionada.

Dentro de Nicaragua, las estructuras opositoras fueron prácticamente desmanteladas mediante encarcelamientos, destierros, confiscaciones y retiro de la nacionalidad. Más de 400 nicaragüenses en el exilio han sido despojados de su ciudadanía, mientras familiares que permanecen en el país continúan expuestos a represalias.

Varias coaliciones opositoras siguen activas en Costa Rica, Estados Unidos y España, pero enfrentan diferencias ideológicas, estrategias contrapuestas y desconfianza interna. Pese a estos obstáculos, el análisis destaca la aparición de dirigentes más jóvenes y una participación creciente de mujeres en iniciativas multilaterales.

Tras el anuncio de Ortega de impedir la participación electoral de opositores, organizaciones del exilio solicitaron a la OEA una reunión de emergencia. El 19 de agosto de 2026, el Consejo Permanente aprobó una resolución para convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y considerar acciones conforme a las normas de la organización y el derecho internacional.

Reforma despeja el camino para una sucesión familiar

La nueva reforma constitucional no solo posterga las elecciones. También extiende a siete años los mandatos de otros cargos electos y de las jefaturas del Ejército y la Policía.

Además, impediría ser candidato a cualquier ciudadano relacionado, según el régimen, con intentos de golpe de Estado, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o acciones contra la soberanía.

China y Rusia apuntalan al régimen

La consolidación interna avanza acompañada de una relación más estrecha con China y Rusia, principalmente en las áreas económica, tecnológica y de seguridad.

Rusia opera desde al menos 2017 una estación terrestre del sistema satelital GLONASS en Nicaragua, señalada como posible centro de recopilación de inteligencia. El Ministerio del Interior ruso también mantiene una instalación en Managua y ha brindado respaldo al aparato policial del régimen.

El análisis advierte que la tecnología rusa de vigilancia electrónica desempeña un papel importante en el control interno y que varias leyes represivas de Nicaragua reproducen modelos utilizados por Moscú, como la legislación contra los llamados agentes extranjeros.

China, por su parte, profundizó su presencia desde que Nicaragua rompió relaciones con Taiwán en 2021. Desde entonces, el régimen ha suscrito acuerdos por cerca de 1,500 millones de dólares para proyectos de infraestructura, entre ellos la modernización de aeropuertos y carreteras y un centro logístico en el puerto de Corinto.

Los investigadores alertan que los plazos de pago, los intereses y las comisiones podrían aumentar la dependencia financiera de Nicaragua respecto a Pekín.

Represión ya cruzó las fronteras

La crisis nicaragüense dejó de ser únicamente un problema interno. El desplazamiento masivo, la migración irregular y la represión transnacional representan una amenaza para la estabilidad regional.

Después de la represión iniciada en 2018, más de 838,000 nicaragüenses habrían abandonado el país. Costa Rica recibió a más de 200,000, lo que aumentó la presión sobre su sistema de refugio y sus servicios públicos.

Naciones Unidas también ha documentado que el régimen extendió la persecución fuera de Nicaragua mediante vigilancia digital, espionaje, amenazas, acoso, ataques informáticos y violencia física contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

La preocupación aumentó después del asesinato del mayor en retiro y opositor Roberto Samcam en San José, Costa Rica. Naciones Unidas ha citado al menos una docena de denuncias sobre asesinatos o intentos de asesinato contra críticos exiliados.

Esta represión obliga a los países receptores a reforzar los mecanismos de protección, inteligencia, investigación criminal y asilo, mientras pone en riesgo la cooperación judicial y policial convencional con Managua.

De las resoluciones a las acciones coordinadas

El análisis del CSIS concluye que una nueva resolución internacional, sin consecuencias concretas, sería insuficiente frente al acelerado cierre político de Nicaragua.

La comunidad internacional dispone de instrumentos económicos, comerciales, diplomáticos y financieros para aumentar el costo de la represión: sanciones selectivas, vigilancia del negocio del oro, revisión de preferencias comerciales, condiciones a los préstamos internacionales y apoyo sostenido a los actores democráticos.

Pero esas medidas deben ejecutarse de forma coordinada y proteger la ayuda humanitaria destinada al pueblo nicaragüense.

La profundización de la dictadura pone a prueba no solo la resistencia de Nicaragua, sino también la voluntad de la región para defender la democracia. Si Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea y los organismos financieros continúan actuando por separado o limitándose a expresar preocupación, Ortega y Murillo seguirán ganando tiempo para consolidar una sucesión familiar.

El desafío, como advirtió Rubio, es que el hemisferio finalmente “deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura”.