“Maniobra autocrática”: oposición pide declarar sin efecto reforma que amplía cargos a siete años

Organizaciones de la oposición nicaragüense llamaron este viernes a gobiernos y organismos internacionales a desconocer la nueva reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, al considerar que los cambios buscan consolidar un modelo de poder “totalitario y dinástico” y cerrar aún más los espacios de participación política en Nicaragua.

En una declaración pública fechada el 4 de septiembre de 2026, las organizaciones calificaron la reforma aprobada en primera legislatura el pasado 1 de septiembre y publicada un día después en La Gaceta, Diario Oficial, como una nueva ruptura del orden constitucional.

“La reforma parcial a la Constitución Política [...] no representa un acto jurídico válido ni el ejercicio legítimo de la potestad reformadora del Estado”, sostuvieron las organizaciones, que la describieron como un “golpe de fuerza coordinado desde el aparato estatal”.

El señalamiento representa una de las respuestas conjuntas más contundentes de sectores opositores después de que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobara una reforma que extiende períodos a siete años y establece nuevas restricciones para competir electoralmente y ocupar cargos públicos.

Opositores cuestionan rapidez y procedimiento de aprobación

La declaración también pone bajo cuestionamiento la forma en que fue tramitada la reforma.

Las organizaciones sostienen que el debate parlamentario fue sustituido por la actuación de una Asamblea Nacional sin independencia y cuestionan que el texto fuera aprobado de manera expedita y unánime.

También calificaron de “simulación” el proceso de consulta realizado alrededor de las modificaciones constitucionales, alegando que participaron principalmente estructuras vinculadas al oficialismo, además de familiares de Ortega y Murillo y representantes del Ejército y la Policía.

Según la oposición, esas circunstancias generan un “vicio insubsanable de nulidad originaria”. Se trata de la interpretación jurídica y política expresada por las organizaciones firmantes; la Asamblea Nacional, por su parte, ha defendido el procedimiento y sostiene que las reformas buscan garantizar estabilidad, seguridad, paz y soberanía.

Siete años: oposición denuncia una “prórroga masiva” de mandatos

Uno de los puntos que recibe mayores críticas es la ampliación de los períodos a siete años.

La reforma alcanza a la denominada Copresidencia, diputados, autoridades municipales y regionales, magistrados y otras autoridades estatales, además de las jefaturas del Ejército y la Policía.

También dispone que los períodos actualmente vigentes de autoridades electas en las últimas elecciones generales, municipales y regionales sean ampliados a siete años.

Para las organizaciones opositoras, esto constituye una “prórroga masiva y unilateral de mandatos” que debilita los contrapesos institucionales y el derecho de los ciudadanos a elegir periódicamente a sus autoridades.

La declaración sostiene que el resultado es la “consolidación formal de un modelo totalitario y dinástico”, mientras se restringen los derechos políticos de sectores opositores.

Rechazan exclusión política

La reforma modifica además el artículo 47 de la Constitución para impedir que determinadas personas puedan ser candidatas, resultar electas o ejercer cargos públicos.

Entre ellas se encuentran quienes sean considerados “traidores a la patria”, quienes hayan participado en actividades calificadas como intentos de golpe de Estado y personas que hayan promovido injerencia extranjera, intervención militar, bloqueos o sanciones económicas, comerciales y financieras contra Nicaragua.

Las restricciones también alcanzan la participación en órganos directivos de partidos políticos.

El Consejo Supremo Electoral recibe, además, facultades para negar o cancelar la personalidad jurídica de organizaciones políticas bajo determinados supuestos relacionados con financiamiento extranjero y violaciones a los principios constitucionales.

Para las organizaciones firmantes, estas disposiciones institucionalizan la exclusión de la oposición organizada.

El oficialismo sostiene una posición completamente distinta. La Asamblea Nacional ha defendido que quienes considera “traidores a la patria” no deben participar en elecciones y presenta las disposiciones como mecanismos destinados a proteger la soberanía nicaragüense frente a la intervención extranjera.

Oposición cuestiona blindaje frente a decisiones internacionales

Otro punto destacado en la declaración se refiere a la disposición constitucional sobre la aplicación en Nicaragua de normas provenientes del exterior.

Las organizaciones consideran que el cambio busca aumentar el aislamiento del Gobierno frente a organismos internacionales y lo relacionan con la salida de Nicaragua de diferentes instancias internacionales y con cuestionamientos existentes en materia de derechos humanos.

Según la declaración, el Gobierno estaría intentando “blindarse” frente a señalamientos internacionales.

La reforma establece específicamente que no tendrán efectos jurídicos en Nicaragua leyes, reglamentos o normas provenientes de otros Estados, grupos de Estados u organizaciones internacionales cuando las autoridades consideren que ponen en riesgo la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz del país.

Piden desconocer la reforma

El llamado más fuerte aparece al final del documento.

Las organizaciones pidieron directamente a gobiernos y organismos multilaterales que no reconozcan los cambios promovidos por Ortega y Murillo.

“Llamamos a los gobiernos del mundo y a los organismos multilaterales a desconocer plenamente esta maniobra autocrática, a declarar la ineficacia jurídica de estas reformas”, señala la declaración.

También solicitaron mantener la presión internacional en favor de la restitución de la democracia, el Estado de derecho, las libertades y los derechos humanos, incluido el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser electos.

La declaración está respaldada por Ciudadanos por la Libertad Exilio, Ruta del Cambio, UNAMOS, Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Avanza Nicaragua, Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND), Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde, Gran Confederación Opositora Nicaragüense, Mesa Todos Somos Nicaragua, Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) y Unidad Nacional.

El pronunciamiento ocurre además en momentos en que la reforma comienza a provocar reacciones internacionales. Costa Rica manifestó esta semana su “profunda preocupación” por el deterioro democrático y anunció que respaldará una “respuesta firme y coordinada” en la OEA, mientras Estados Unidos también ha endurecido su discurso frente a los cambios constitucionales.