Guatemala rechaza reforma política de Nicaragua

El Gobierno de Guatemala expresó su “profunda preocupación” por la reforma constitucional aprobada en primera legislatura por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que prohíbe la participación electoral de partidos políticos de oposición y amplía a siete años el mandato presidencial.

En un pronunciamiento divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Guatemala advirtió que la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternancia en el poder y el derecho a elegir y ser electo constituyen elementos esenciales de cualquier sistema democrático.

“Guatemala considera que la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y la posibilidad de elegir y ser electo son elementos esenciales de cualquier democracia”, señaló la Cancillería guatemalteca.

El Gobierno de Guatemala recordó que estos derechos están reconocidos en la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La reacción se produce después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobara en primera legislatura una reforma que profundiza las restricciones contra las organizaciones políticas opositoras y prolonga el periodo presidencial a siete años.

Aunque el comunicado evita mencionar directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuestiona dos de los principales aspectos de la reforma impulsada por el régimen sandinista: la exclusión de fuerzas opositoras de los procesos electorales y la ampliación del tiempo de permanencia en el poder.

Guatemala reafirmó su compromiso con la defensa de los principios democráticos y con el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro.

“Como país con un profundo espíritu democrático, Guatemala reafirma que la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región”, concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El pronunciamiento representa una reacción directa de otro Gobierno centroamericano frente a una reforma que reduce aún más las posibilidades de competencia política y alternancia democrática en Nicaragua.