Costa Rica endurece postura contra Ortega y Murillo: apoyará “respuesta firme” en la OEA por Nicaragua

El Gobierno de Costa Rica expresó este jueves su “profunda preocupación” por la nueva reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, al considerar que los cambios profundizan el deterioro democrático en Nicaragua y restringen aún más la participación política y electoral.

En un pronunciamiento divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el país vecino cuestionó directamente los alcances de la reforma aprobada el pasado 1 de septiembre en primera legislatura por la Asamblea Nacional nicaragüense.

“Costa Rica expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua, agravado por la reciente reforma constitucional que limita aún más la participación política y electoral”, señaló la Cancillería costarricense en el comunicado compartido este 3 de septiembre.

El pronunciamiento adquiere relevancia en medio de las crecientes reacciones internacionales que ha generado la modificación constitucional, especialmente por las disposiciones que restringen quiénes podrán competir electoralmente y ejercer cargos públicos.

Costa Rica pide elecciones con pluralidad

San José también reiteró su llamado al respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho en Nicaragua.

“Costa Rica reitera su llamado al respeto de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y el derecho del pueblo nicaragüense a decidir libremente su futuro, mediante procesos electorales que garanticen la pluralidad y las condiciones propias de una democracia auténtica”, manifestó la Cancillería.

El Gobierno costarricense adelantó además que respaldará acciones regionales frente a la situación nicaragüense.

“Costa Rica apoyará una respuesta firme y coordinada en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la próxima Reunión de Cancilleres, convocada para analizar esta grave situación”, anunció.

El mensaje coloca a Costa Rica entre los gobiernos que buscan que la situación de Nicaragua sea abordada regionalmente tras la nueva modificación de la Constitución.

¿Qué contiene la reforma que preocupa a Costa Rica?

La Asamblea Nacional aprobó el 1 de septiembre, en primera legislatura, la reforma parcial de la Constitución, durante una sesión especial celebrada en León. El propio Parlamento informó que la votación fue unánime y defendió los cambios bajo el argumento de proteger la “estabilidad, seguridad y paz” del país.

Uno de los cambios más controvertidos modifica el artículo 47 y establece que no podrán ser candidatos, resultar electos ni ocupar cargos públicos quienes sean considerados “traidores a la patria”, así como personas vinculadas, según los criterios establecidos en la reforma, con intentos de golpe de Estado, injerencia extranjera o promoción y respaldo de sanciones internacionales contra Nicaragua.

La reforma también alcanza a las estructuras partidarias, al impedir que personas comprendidas dentro de esas categorías formen parte de sus órganos directivos.

Desde el oficialismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha defendido expresamente esta exclusión. “Los traidores a la patria no podrán participar en las elecciones”, sostuvo durante la promoción de la reforma, argumentando que las disposiciones buscan impedir la injerencia extranjera.

Siete años para numerosos cargos

Otro de los cambios de mayor alcance es la extensión a siete años de los períodos de numerosos cargos del Estado.

La modificación comprende a la Copresidencia, diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, autoridades municipales y regionales y magistrados de diferentes poderes e instituciones.

También contempla períodos de siete años para las jefaturas del Ejército y la Policía. Porras ha justificado públicamente esta ampliación argumentando que períodos más largos permitirían garantizar estabilidad y desarrollar proyectos destinados a combatir la pobreza.

La reforma aprobada incluye, además, una disposición para ampliar a siete años los períodos actualmente vigentes de autoridades electas en los últimos comicios generales, municipales y regionales.

También amplía los períodos de diversas autoridades nombradas, electas o ratificadas por otros mecanismos institucionales.

CSE gana facultades sobre candidatos y partidos

Otro eje sensible de la modificación se encuentra en las nuevas atribuciones contempladas para el Consejo Supremo Electoral (CSE).

El texto establece restricciones para otorgar personalidad jurídica a partidos constituidos con financiamiento extranjero o cuyos directivos hayan incurrido en conductas que las autoridades consideren contrarias a los principios fundamentales de la Constitución.

También contempla la posibilidad de cancelar la personalidad jurídica cuando partidos, dirigentes o candidatos reciban financiamiento extranjero bajo los supuestos establecidos en la reforma.

Estas disposiciones explican en buena medida el señalamiento realizado ahora por Costa Rica sobre una mayor limitación de la “participación política y electoral”.

Reforma todavía requiere segunda aprobación

Aunque la Asamblea ya dio su primera aprobación y el texto fue publicado posteriormente en La Gaceta, Diario Oficial, el procedimiento constitucional todavía no ha concluido.

Al tratarse de una reforma parcial de la Constitución, requiere una segunda aprobación en la siguiente legislatura. El propio texto dispone que entrará en vigor una vez obtenida esa segunda aprobación y publicada nuevamente en La Gaceta.

Mientras el Gobierno de Ortega y Murillo presenta los cambios como un mecanismo para defender la soberanía, garantizar la paz y evitar la intervención extranjera, Costa Rica considera que la reforma profundiza el deterioro democrático y reclama que los nicaragüenses puedan decidir su futuro mediante elecciones con pluralidad.

La posición costarricense anticipa además que la discusión ya no quedará únicamente en una condena diplomática, pues San José asegura que respaldará una “respuesta firme y coordinada” cuando los cancilleres del continente aborden la crisis nicaragüense en la OEA.

Nicaragua responde a Costa Rica y la acusa de “injerencia”

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió este jueves al pronunciamiento de Costa Rica y rechazó los cuestionamientos de San José sobre la reforma constitucional, alegando que se trata de una “injerencia” en los asuntos internos de Nicaragua.

En una comunicación fechada el 3 de septiembre de 2026 y dirigida a la Cancillería costarricense, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, sostuvo que el país no acepta interferencias externas en sus decisiones.

“Nicaragua es un País y un Pueblo Digno y Soberano y que no aceptamos la injerencia de otros en nuestros propios asuntos”, señala la carta.

La Cancillería nicaragüense reclamó que las relaciones entre ambos países respeten lo que calificó como el derecho de cada nación a desarrollar sus propios procesos institucionales soberanos.

“Como vecinos y hermanos centroamericanos exigimos relaciones que tomen en cuenta [...] el Derecho de cada País a desarrollar sus Procesos Institucionales Soberanos”, expresó.

Managua le recuerda a Costa Rica sus propios problemas internos

La respuesta nicaragüense fue más allá de defender la reforma constitucional y devolvió las críticas a San José, al mencionar las dificultades internas que enfrenta Costa Rica.

“Recordamos que el Respeto al Derecho ajeno es la Paz”, señala la comunicación antes de referirse a “las grandes dificultades que hay entre las instituciones de ese país”.

Managua mencionó específicamente lo que calificó como “graves amenazas a la seguridad y la vida” de las máximas autoridades costarricenses, incluida la presidenta Laura Fernández.

La Cancillería nicaragüense utilizó esa situación para afirmar que, pese a esos problemas, el Gobierno de Ortega y Murillo no interviene ni expresa posiciones sobre los asuntos internos de Costa Rica.

“No interferimos, no nos involucramos y no emitimos ningún criterio sobre asuntos que solo pertenecen al Pueblo y Gobierno de Costa Rica”, sostuvo Jaentschke.

La referencia constituye una respuesta directa al señalamiento realizado horas antes por Costa Rica, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su “profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua” y afirmó que la reciente reforma constitucional limita todavía más la participación política y electoral.

Costa Rica anunció además que apoyará una “respuesta firme y coordinada” dentro de la Organización de los Estados Americanos y durante la próxima Reunión de Cancilleres convocada para analizar la situación nicaragüense.

De esta manera, el intercambio abre un nuevo roce diplomático entre los dos países vecinos: mientras San José sostiene que la reforma profundiza el deterioro democrático y reclama elecciones plurales, Managua defiende los cambios como un asunto de soberanía nacional y acusa a Costa Rica de intervenir en asuntos que considera exclusivamente internos.