Marco Rubio anticipa que Nicaragua perderá beneficios económicos y comerciales tras la eliminación de las elecciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, denunció que la nueva reforma constitucional aprobada en primera legislatura por la Asamblea Nacional busca consolidar la “dinastía ilegítima” de Daniel Ortega y Rosario Murillo y cerrar indefinidamente el camino hacia elecciones libres y justas en Nicaragua.

Rubio reaccionó después de que el Parlamento, controlado por el régimen, aprobara una enmienda que amplía de seis a siete años el período presidencial y prohíbe optar a cargos públicos a quienes la dictadura califique como “traidores a la patria”.

“Ayer, la cautiva Asamblea Nacional de Rosario Murillo y Daniel Ortega erosionó la ficción de la democracia nicaragüense, reescribiendo de nuevo la Constitución nacional para afianzar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas”, escribió Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que los regímenes que vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos no deben recibir el mismo trato ni disfrutar de los mismos beneficios concedidos a los gobiernos democráticos.

“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían disfrutar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas. Estados Unidos insta a los socios internacionales a detener inmediatamente las operaciones habituales con esta brutal dictadura”, agregó.

Rubio advirtió, además, que las acciones de Ortega y Murillo trascienden las fronteras de Nicaragua y representan un riesgo para el continente. Aseguró que el Gobierno de Donald Trump continuará evaluando medidas contra el régimen por sus violaciones de derechos humanos.

“La guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y prosperidad de nuestro hemisferio. La Administración Trump sigue comprometida a identificar e implementar acciones para abordar las violaciones de derechos humanos de Murillo-Ortega, incluso en foros como la Organización de Estados Americanos. Apoyamos el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país”, afirmó.

En tanto, el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, reconoció que la dministración Trump sigue comprometida con acción de respuestas al pueblo nicaragüense tras conpartir el mensaje de Rubio en sus redes sociales.

"Murillo y Ortega continúan su guerra contra la democracia y profundizan las amenazas contra la seguridad de nuestra región. La Administración Trump sigue comprometida con la acción en respuesta y con el apoyo al derecho de los nicaragüenses a elegir el futuro de su país".

También el congresista republicano por Florida Carlos A. Giménez respaldó la medida de Rubio y advirtió que la medida además de alcanzar a Nicaragua también a los países que intenten comercializar con la dictadura Ortega Murillo.

"¡Se acabarán los negocios con el régimen en Nicaragua y todo país que pretenda comerciar con la dictadura Ortega Murillo tendrán que enfrentar las más altas consecuencias por parte de USA, incluyendo sanciones y retiro de visados!".

En esa misma línea la congresista republicana María Elvira Salázar, quien es considerada una de las voces más crítica se pronunció al mensaje de Rubio.

"Ya lo he dicho antes: después de Cuba, Nicaragua debe ser la siguiente. Ortega y Murillo están redactando el certificado de defunción de la democracia para hacer permanente la dictadura familiar. Su impunidad debe acabar. No más negocios como siempre".

Reforma amplía el mandato presidencial

La Asamblea Nacional aprobó este martes, en primera legislatura, la reforma constitucional durante una sesión especial celebrada en León. La enmienda necesita una segunda aprobación en la siguiente legislatura para entrar en vigor.

La reforma amplía de seis a siete años el período de la Presidencia y establece nuevas prohibiciones contra opositores, críticos, periodistas, defensores de derechos humanos y cualquier ciudadano al que el régimen vincule con acciones contrarias a sus intereses.