Dictadura elimina las elecciones: cierra la puerta a la oposición y extiende el mandato presidencial a siete años

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad y en primera legislatura una nueva reforma parcial a la Constitución que amplía a siete años los períodos de importantes cargos del Estado y prohíbe aspirar a cargos de elección popular a quienes sean considerados “traidores a la patria”, “golpistas” o hayan respaldado sanciones internacionales contra el país.

La reforma, impulsada bajo las orientaciones del copresidente Daniel Ortega, fue aprobada a mano alzada durante una sesión especial celebrada este 1 de septiembre en León. Para entrar en vigor deberá superar una segunda aprobación en la próxima legislatura.

El opositor Juan Sebastián Chamorro reaccionó a los cambios y los calificó como una maniobra para prolongar el control político de Ortega y Rosario Murillo.

“Dictadura decreta eliminación de elecciones y se receta 7 años más en el poder. Es un acto por oficializar dos cosas que ha perdido: legitimidad y tiempo”, declaró Chamorro.

El opositor sostuvo además que, pese a los cambios constitucionales, una eventual transición política en Nicaragua es inevitable.

“La transición democrática es incontenible y ellos lo saben, por eso recurren a una farsa que ni ellos mismos se creen”, afirmó.

¿Quiénes quedarían fuera de las elecciones?

Uno de los cambios de mayor alcance está contenido en el artículo 47, que establece nuevas prohibiciones para ser candidato a cargos de elección popular o ejercer funciones públicas.

La reforma excluye a quienes sean considerados “traidores a la patria”, una categoría que el Gobierno ya ha utilizado contra centenares de opositores y críticos, incluidos nicaragüenses despojados de su nacionalidad. EFE cifra en al menos 452 los opositores y críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

También quedarían excluidas las personas que hayan ejercido dirección, liderazgo, financiamiento o algún tipo de participación —directa o indirecta— en la planificación, preparación o ejecución de lo que las autoridades consideren un intento de golpe de Estado.

La prohibición alcanza además a quienes, según el texto, menoscaben la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz de Nicaragua; promuevan la denominada “injerencia extranjera”; reciban financiamiento procedente del exterior; o propongan, gestionen o respalden sanciones y bloqueos económicos, comerciales o financieros contra Nicaragua, sus instituciones o ciudadanos.

Estas personas tampoco podrían formar parte de las juntas directivas de partidos u organizaciones políticas.

La Constitución vigente ya establece que quienes atenten contra la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad y paz serán considerados “traidores a la Patria”.

Períodos de siete años

La reforma también modifica la duración de los períodos de importantes autoridades del Estado.

El plazo de siete años alcanzaría a los copresidentes de la República, diputados, alcaldes y otras autoridades, además de cargos y funcionarios nombrados o ratificados por la Asamblea Nacional. La propuesta oficial había sido presentada bajo el argumento de garantizar períodos más prolongados para ejecutar las políticas estatales.

La modificación ocurre después de una profunda reforma constitucional que entró en vigor en 2025 y transformó la estructura del Ejecutivo, estableciendo la figura de la Copresidencia, actualmente ejercida por Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Ortega regresó al poder en 2007 y desde entonces permanece de manera ininterrumpida al frente del Ejecutivo.

Ortega había dicho que “no volverá a haber elecciones”

La nueva reforma llega después de que Ortega anunciara el pasado 19 de julio cambios al sistema electoral y afirmara que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” en las que, según su discurso, sectores opositores pudieran retornar al poder.

Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, explicó públicamente que las reformas impedirían competir electoralmente a quienes el oficialismo denomina “golpistas” y “traidores a la patria”.

“Los traidores a la patria no podrán participar en las elecciones, no podrán ser candidatos”, sostuvo Porras al explicar el alcance de la propuesta semanas antes de su aprobación.

Oficialismo dice que reforma protege estabilidad y soberanía

El Gobierno y la Asamblea Nacional presentan una interpretación diametralmente opuesta a la de Chamorro y otros sectores opositores.

Según la versión oficial, los cambios constitucionales buscan garantizar “estabilidad, seguridad y paz”, proteger la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera y establecer períodos que permitan desarrollar políticas públicas de largo plazo.

Durante la aprobación en León, la Asamblea aseguró que la reforma confirma la “voluntad soberana” del pueblo y destacó entre sus objetivos el rechazo a la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras en Nicaragua.

La reforma deberá recibir todavía una segunda aprobación legislativa antes de incorporarse definitivamente a la Constitución.

Para Chamorro, sin embargo, la decisión no representa un fortalecimiento del sistema electoral, sino el intento de Ortega y Murillo de “oficializar” la pérdida de legitimidad y ganar tiempo frente a una eventual transición democrática.