Nombran a Ana Julia Guido presidenta de la CSJ y a José Manuel Fuertes vicepresidente

La Asamblea Nacional, controlada por el régimen sandinista, nombró este martes 1 de septiembre a Ana Julia Guido Ochoa como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a José Manuel Fuertes Toledo como vicepresidente, después de aceptar la renuncia de Alba Luz Ramos Vanegas.

Los diputados aprobaron ambos nombramientos por unanimidad, a propuesta de la Presidencia de la República. Posteriormente, Guido y Fuertes fueron juramentados por Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y quedaron oficialmente en posesión de sus cargos.

El nombramiento de Guido consolida la reestructuración del Poder Judicial impulsada por Rosario Murillo, quien desde octubre de 2023 desplazó a Ramos y promovió una purga contra magistrados, jueces, funcionarios y trabajadores de la institución.

Guido sustituye a Ramos en la presidencia de la CSJ

Ana Julia Guido, exfiscal general de la República y funcionaria leal al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ocupa el lugar de Ramos después de haber sido incorporada como magistrada de la Corte Suprema en noviembre de 2025.

Antes de su nombramiento oficial, Guido ya había sido presentada como “presidenta por la Ley de la Corte Suprema de Justicia” durante las consultas promovidas por el oficialismo sobre una nueva reforma constitucional.

José Manuel Fuertes, elegido magistrado en el mismo proceso que Guido, fue designado vicepresidente del máximo tribunal.

Con estos nombramientos, Ortega y Murillo colocan al frente de la Corte Suprema a dos funcionarios escogidos durante la intervención política del Poder Judicial, una institución sin independencia y sometida a las decisiones de la pareja gobernante.

Asamblea acepta renuncia de Alba Luz Ramos

En la misma sesión, la Asamblea Nacional aceptó por unanimidad la renuncia de Alba Luz Ramos como magistrada propietaria y presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

La Junta Directiva del Parlamento ya había tramitado la solicitud el 27 de agosto, después de recibir una carta en la que Ramos alegó razones de salud y su decisión de acogerse a la jubilación.

La ahora exmagistrada también destacó su militancia política y aseguró que ejerció su responsabilidad en la Corte Suprema “como militante del Frente Sandinista”.

Ramos afirmó que se retiraba satisfecha por haber procurado cumplir las funciones asignadas “con lealtad, entrega y vocación de servicio”.

Ramos pierde la inmunidad

La renuncia deja a Ramos fuera de la Corte Suprema y sin la inmunidad vinculada al cargo que ocupó durante décadas.

Según información conocida sobre el caso, Rosario Murillo habría ordenado llevar a la exmagistrada a El Chipote bajo acusaciones de presunta corrupción. Sin embargo, el régimen no ha confirmado públicamente la existencia de una investigación, una orden de captura ni el paradero actual de Ramos.

La exfuncionaria permanecía apartada de la vida pública desde octubre de 2023, cuando fue desalojada de su despacho y separada de facto de sus funciones durante el inicio de una purga en el Poder Judicial.

Aunque conservó formalmente la presidencia de la Corte Suprema, Ramos dejó de ejercer el control efectivo de la institución, mientras operadores vinculados a Murillo asumieron progresivamente su administración.