Dictadura aprueba hoy en León la abolición de las elecciones libres y transparentes en Nicaragua
La reforma prolongará a siete años renovables el mandato de la copresidencia y facultará al régimen para excluir candidatos, mientras universitarios denuncian que fueron obligados a respaldar el acto oficialista
La Asamblea Nacional aprobará este martes una reforma que extiende a siete años renovables el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, prolonga el control sobre las instituciones y excluye de las elecciones a opositores señalados por el régimen. Estudiantes universitarios fueron convocados de manera obligatoria para acompañar el acto en León.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dará este martes 1 de septiembre otro paso para convertir la Constitución Política de Nicaragua en un instrumento de continuidad indefinida en el poder.
La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, sesionará a las 4:00 de la tarde en León para aprobar en primera legislatura una reforma que ampliará de seis a siete años “renovables” el periodo de la copresidencia.
La iniciativa no establece límites para la renovación de los mandatos. También extenderá a siete años los periodos de las principales autoridades políticas, municipales, regionales, militares y policiales.
La reforma necesita dos votaciones en legislaturas distintas para entrar en vigor. La primera se realizará este martes y la ratificación definitiva fue anunciada para el 18 de enero de 2027, fecha del natalicio de Rubén Darío.
“En la sesión de la Asamblea Nacional, Orgullo de mi país, se presentará a aprobación, en primera legislatura, cumpliendo con nuestras leyes, la Reforma Constitucional NICARAGUA, PATRIA BENDITA Y LIBRE. La Segunda Legislatura se realizará, con Rubén, Siempre con Rubén, el próximo 18 de enero”, informó Rosario Murillo este lunes.
Murillo adelanta una aprobación anunciada para el 21 de septiembre
La convocatoria contradice al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien había anunciado que la reforma sería aprobada el 21 de septiembre, una vez concluidas las consultas sobre las enmiendas.
“El 21 de septiembre vamos a aprobar la reforma a la Constitución que hemos venido trabajando”, declaró Porras durante una sesión especial celebrada en el norte de Nicaragua.
Murillo adelantó la votación sin explicar las razones del cambio de fecha. La sesión ocurre en medio de una creciente presión internacional tras las declaraciones de Ortega contra la celebración de elecciones competitivas y antes de una reunión de cancilleres convocada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la situación de Nicaragua.
Universitarios convocados bajo amenaza de control de asistencia
Mientras el régimen prepara la aprobación de la reforma, estudiantes de universidades públicas denunciaron que fueron obligados a participar en el acto político de León.
“Les convocamos a participar mañana en esta grandiosa e histórica actividad, en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea Nacional, donde se someterá a aprobación la Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua”, señala el mensaje enviado a los universitarios.
La convocatoria abarca a estudiantes de primero a quinto año y establece que su participación es obligatoria.
Los estudiantes deberán concentrarse a las 3:00 de la tarde en la esquina de la Casa del Café, vestir camisetas blancas y llevar pañoletas rojinegras o azul y blanco. Quienes viajen desde Chinandega dispondrán de transporte hasta el punto de encuentro.
El mensaje también advierte que los docentes registrarán la asistencia y entregarán posteriormente las listas a las autoridades universitarias y políticas.
Siete años renovables para Ortega y Murillo
El punto central de la reforma es la extensión del periodo de Ortega y Murillo a siete años “renovables”, una fórmula que les permite continuar en el poder sin establecer un límite de mandatos.
La modificación beneficiará directamente a la pareja gobernante, apenas un año después de que otra reforma convirtiera a Murillo —hasta entonces vicepresidenta— en copresidenta con las mismas atribuciones de Ortega.
La reforma de 2025 ya había extendido de cinco a seis años el periodo presidencial, concentrado las facultades del Estado alrededor de la copresidencia y debilitado todavía más la independencia de los demás poderes públicos.
Ahora, el oficialismo agregará otro año al mandato y dejará expresamente abierta la posibilidad de renovarlo.
La extensión también alcanzará a las autoridades surgidas de las últimas elecciones generales, los gobiernos municipales y regionales y los funcionarios cuya elección, nombramiento o ratificación corresponde a la Asamblea Nacional o a la Presidencia.
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