17 de septiembre: Cancilleres de la OEA se reunirían sobre Nicaragua; Congreso de EEUU abre audiencias y ONU-GHREN presentarán informes

Entre el 15 y el 22 de septiembre, el Congreso de Estados Unidos, los cancilleres de la OEA y dos instancias de Naciones Unidas podrían concentrar en apenas ocho días una ofensiva política, diplomática y de derechos humanos sin precedentes recientes contra el régimen sandinista.

Septiembre amenaza con convertirse en un mes particularmente complicado para Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una sucesión de acontecimientos previstos en Washington y en el sistema de Naciones Unidas podría configurar lo que políticamente puede describirse como una “tormenta perfecta” contra la dictadura sandinista.

La secuencia tentativa resulta particularmente significativa:

• 15 de septiembre: audiencias sobre Nicaragua previstas en el Congreso de Estados Unidos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
• 17 de septiembre: prevista Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en Washington.
• 18 de septiembre: presentación prevista del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Nicaragua.
• 22 de septiembre: presentación prevista del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

Es decir, cuatro acontecimientos internacionales de enorme importancia concentrados en apenas ocho días, mientras dentro de Nicaragua el régimen pretende avanzar durante la primera quincena de septiembre en la aprobación de su nueva reforma constitucional.

Y existe una diferencia importante respecto de episodios anteriores de presión internacional: esta vez el centro del debate ya no sería únicamente la represión, los presos políticos o las violaciones de derechos humanos.

La discusión se desplaza hacia una cuestión mucho más profunda: si en Nicaragua todavía existe un gobierno con legitimidad democrática después de la anunciada eliminación de las elecciones competitivas y de la institucionalización de un sistema diseñado para garantizar la permanencia indefinida de Ortega y Murillo en el poder.

15 de septiembre: Washington vuelve a colocar a Nicaragua bajo la lupa

El primer frente de esta tormenta política se abriría el 15 de septiembre en el Congreso de Estados Unidos.

Están previstas audiencias sobre Nicaragua tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, donde se abordaría la abolición de las elecciones y se actualizaría la situación de la democracia y los derechos humanos.

El ambiente político en Washington se ha endurecido.

Demócratas y republicanos han condenado la decisión de Daniel Ortega de poner fin a las elecciones competitivas y el Congreso comienza a mover nuevas iniciativas legislativas destinadas a aumentar la presión contra Managua.

Por tanto, estas audiencias no deberían interpretarse simplemente como actos declarativos.

Pueden convertirse en espacios para construir el expediente político que posteriormente justifique nuevas sanciones, restricciones financieras, medidas comerciales y acciones dirigidas contra las fuentes económicas que sostienen al régimen.

17 de septiembre: la batalla principal estaría en la OEA

Apenas 48 horas después, el jueves 17 de septiembre, está prevista en Washington la que podría convertirse en la cita política más importante de esta secuencia: la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA sobre Nicaragua.

Aquí el lenguaje diplomático será determinante.

Bajo una fuerte presión diplomática estadounidense, los cancilleres podrían dejar establecida la existencia de una ruptura del orden democrático en Nicaragua, cuestionar la legitimidad democrática del régimen y exigir la convocatoria, lo antes posible, de elecciones libres, transparentes y competitivas.

La abolición de las elecciones introduce una dimensión completamente diferente.

Los cancilleres tendrían que responder una pregunta fundamental:

¿Puede considerarse democráticamente legítimo un régimen que elimina el mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden sustituir pacíficamente a quienes gobiernan?

Si los cancilleres concluyen que existe una ruptura del orden democrático, se produciría un salto político significativo.

El problema nicaragüense dejaría de presentarse solamente como una crisis de derechos humanos para convertirse formalmente en un problema de legitimidad democrática hemisférica.

Pero podría existir otro elemento todavía más importante.

Si la resolución establece que cada Estado puede adoptar, conforme a sus propias leyes, las acciones que considere convenientes para contribuir al restablecimiento de la democracia en Nicaragua, la OEA estaría abriendo políticamente una nueva etapa.

No significaría sanciones automáticas.

Pero podría proporcionar cobertura política hemisférica para que los Estados adopten posteriormente sus propias medidas contra el régimen.

18 de septiembre: Naciones Unidas pone los derechos humanos sobre la mesa

Solamente 24 horas después de la reunión de cancilleres, el 18 de septiembre, está prevista la presentación del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Nicaragua.

La proximidad de ambas fechas resulta políticamente significativa.

Mientras la OEA estaría discutiendo la ruptura democrática, Naciones Unidas colocaría nuevamente bajo escrutinio internacional las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los nicaragüenses.

Serían dos expedientes diferentes, pero complementarios:

la OEA discutiendo democracia y legitimidad; Naciones Unidas documentando represión y violaciones de derechos humanos.

22 de septiembre: el expediente de responsabilidades

Y cuatro días después llegaría otro momento potencialmente delicado para Managua.

El 22 de septiembre está prevista la presentación del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

Este frente puede resultar particularmente peligroso para quienes integran el aparato de poder.

El Grupo de Expertos ha venido investigando no solamente la existencia de violaciones de derechos humanos, sino estructuras, patrones y responsabilidades vinculadas con la represión.

Cada nuevo informe tiene un efecto acumulativo.

Construye memoria documental, identifica patrones, determina estructuras de responsabilidad y dificulta que las violaciones cometidas puedan desaparecer simplemente con el paso del tiempo.

Para Ortega y Murillo este frente introduce una palabra particularmente incómoda:

Rendición de cuentas

Ortega y Murillo responden cerrando Nicaragua

Mientras todo esto ocurre fuera del país, dentro de Nicaragua el régimen pretende caminar exactamente en dirección contraria.

Durante la primera quincena de septiembre, el sandinismo pretende avanzar en la aprobación definitiva de las reformas constitucionales que terminarían de institucionalizar el nuevo modelo político. Que abolirá las elecciones en Nicaragua.

Esto podría producir una fotografía política extraordinaria.

Mientras Washington discute la abolición de las elecciones, Ortega y Murillo avanzan en su institucionalización.

Mientras los cancilleres de América podrían exigir elecciones libres, Managua estaría cerrando constitucionalmente la posibilidad de una competencia electoral auténtica.

Mientras Naciones Unidas documenta violaciones de derechos humanos, el régimen profundiza el control político interno.

Y mientras el Grupo de Expertos analiza responsabilidades, el aparato estatal continúa cerrando los espacios para cualquier fiscalización independiente.

Ocho días que pueden cambiar el expediente Nicaragua

La verdadera amenaza para Ortega y Murillo no está necesariamente en cada acontecimiento por separado.

Está en la extraordinaria concentración y convergencia de todos ellos.

En apenas ocho días:

15 de septiembre: Congreso de Estados Unidos.

17 de septiembre: cancilleres de la OEA.

18 de septiembre: Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

22 de septiembre: Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.

Cuatro escenarios distintos podrían terminar llegando, por caminos diferentes, a conclusiones complementarias sobre Nicaragua.

Uno podría establecer responsabilidades políticas.

Otro podría determinar la ruptura democrática.

Otro documentaría violaciones de derechos humanos.

Y el cuarto podría profundizar el expediente sobre responsabilidades individuales e institucionales.

La estrategia del aislamiento

Frente a esta presión, Ortega y Murillo parecen haber concluido que ya no necesitan legitimidad democrática internacional para gobernar.

Su estrategia consiste en sustituir legitimidad por control.

Control del Ejército, de la Policía, del Poder Judicial, de la Asamblea Nacional, del sistema electoral, de los medios internos y de las principales estructuras políticas del Estado.

Paralelamente, Managua busca refugiarse diplomáticamente en sus relaciones con China, Rusia, Irán y otros gobiernos dispuestos a relacionarse con el régimen independientemente de su naturaleza política.

El objetivo parece evidente: encerrarse, reducir el escrutinio internacional y garantizar la mayor impunidad posible.

Pero existe un problema.

El aislamiento puede proteger temporalmente a una dictadura de determinadas presiones políticas, pero también reduce aliados, aumenta su dependencia internacional y eleva sus vulnerabilidades económicas.

¿Puede septiembre provocar la caída del régimen?

Sería exagerado afirmarlo.

Las dictaduras no necesariamente caen porque acumulen resoluciones internacionales.

Pero sería igualmente equivocado minimizar lo que puede significar esta secuencia.

La amenaza para Ortega y Murillo está en la acumulación de presiones:

Congreso estadounidense.

OEA.

Naciones Unidas.

GHREN.

Posibles nuevas sanciones.

Mayor aislamiento diplomático.

Presiones económicas.

Y simultáneamente una reforma constitucional mediante la cual el propio régimen estaría proporcionando nuevas evidencias de que Nicaragua abandonó definitivamente cualquier apariencia de democracia electoral.

La tormenta perfecta

Durante años Ortega consiguió separar los diferentes expedientes internacionales sobre Nicaragua.

Unos gobiernos hablaban de presos políticos.

Otros de elecciones.

Otros de derechos humanos.

Otros de sanciones.

Otros simplemente pedían diálogo.

La abolición de las elecciones puede terminar unificando todos esos expedientes alrededor de una sola conclusión política: Nicaragua dejó de ser una democracia y el régimen cerró deliberadamente las vías institucionales para recuperar la alternancia.

Si Washington, la OEA y Naciones Unidas terminan convergiendo alrededor de ese diagnóstico, Ortega y Murillo enfrentarían un escenario cualitativamente diferente.

La pregunta internacional dejaría de ser solamente:

¿Cómo conseguir que Ortega haga reformas democráticas?

Para convertirse en otra mucho más incómoda:

¿Qué debe hacer la comunidad internacional frente a un régimen que decidió que nunca más permitirá que los nicaragüenses decidan mediante elecciones quién debe gobernarlos?

Ese cambio de pregunta podría ser una de las consecuencias políticas más importantes de septiembre.

Porque entonces ya no estaríamos hablando únicamente de condenar determinadas conductas del régimen.

Estaríamos hablando de qué instrumentos políticos, diplomáticos y económicos utilizar para aumentar el costo de sostener una dictadura sin elecciones, sin alternancia y sin legitimidad democrática.

Por eso septiembre podría convertirse en un punto de inflexión.

No necesariamente porque esos ocho días produzcan inmediatamente el final de la dictadura, sino porque podrían consolidar internacionalmente tres conceptos devastadores para Ortega y Murillo:

Ruptura democrática, ilegitimidad y responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.

Ortega y Murillo pretenden encerrarse para garantizar su impunidad.

Pero septiembre podría demostrarles que existe una enorme diferencia entre aislarse voluntariamente del mundo y que el mundo termine aislándolos a ellos.