OEA-Nicaragua: tres medidas que los cancilleres podrían acordar

El analista político Manuel Orozco planteó tres acciones que los países del continente podrían adoptar frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de cara a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) prevista para septiembre de 2026.

En un análisis publicado por The Dialogue, Orozco propone la creación de una comisión que recomiende medidas contra Nicaragua, el reconocimiento del movimiento cívico democrático nicaragüense y la adopción de acciones diplomáticas y sanciones por parte de los Estados.

El experto considera que la reunión podría representar una oportunidad para que los países pasen de las reiteradas denuncias sobre la situación nicaragüense a medidas de mayor alcance.

“El desafío ahora radica en determinar las medidas diplomáticas y coercitivas que los países pueden adoptar en un entorno multilateral que respondan proporcionalmente a las prácticas beligerantes y transgresoras de Nicaragua”, señala Orozco.

Según el analista, 29 Estados miembros han acordado que el rechazo de Nicaragua al sufragio universal contradice los principios políticos regionales y debe ser abordado.

Primera medida: crear comisión para recomendar acciones

La primera propuesta de Orozco consiste en que los cancilleres consideren crear una comisión con un plazo definido para recomendar medidas efectivas, ya sean penalizadoras o destinadas a modificar el comportamiento del régimen.

Estas acciones, explica, deberían sustentarse en los instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano que, según su análisis, Nicaragua ha incumplido.

Orozco menciona entre ellos la Carta de la OEA, el Pacto de San José y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR o Tratado de Río).

“Se pueden adoptar al menos tres acciones multilaterales basadas en recomendaciones de líderes internacionales. Estas acciones defienden la integridad de la Carta de la OEA, el Pacto de San José y el Tratado de Río sin eludir el principio de no intervención”, sostiene.

Segunda medida: reconocer al movimiento cívico democrático

La segunda propuesta es el reconocimiento del movimiento cívico democrático de Nicaragua, al que Orozco describe como diverso, representativo y legítimo.

El analista argumenta que su capacidad de movilización política se encuentra obstaculizada por lo que califica como un “estado policial” dentro de Nicaragua.

Para Orozco, este reconocimiento tendría especial relevancia ante el escenario electoral del país y las declaraciones de Ortega contra la celebración de elecciones.

Tercera medida: retiro de embajadores y más sanciones

La tercera línea de acción planteada contempla que cada Estado adopte medidas cautelares y unilaterales contra el régimen nicaragüense, siempre dentro del derecho internacional.

Entre las posibilidades menciona retirar embajadores para consultas, siguiendo acciones que atribuye a Costa Rica y Panamá, y reducir la participación en encuentros regionales en los que esté presente el Gobierno de Nicaragua.

Orozco también propone ampliar las restricciones y sanciones aplicadas contra personas y entidades señaladas por violaciones de derechos humanos, oposición al sufragio universal, desmantelamiento del Estado de derecho y corrupción.

Orozco plantea ir más allá de las denuncias

El analista sostiene que desde 2018 la mayoría de los Estados miembros de la OEA han cuestionado el rumbo político de Nicaragua, particularmente en materia de derechos humanos y sufragio universal.

“La situación en Nicaragua ha sido abordada desde dos ángulos centrales dentro del marco ideológico del Sistema Interamericano: seguridad y derechos humanos (con énfasis en estos últimos)”, indica.

Orozco señala que los gobiernos han sido cautelosos al presentar la crisis nicaragüense como un problema de seguridad regional debido a las implicaciones jurídicas y políticas que tendría esa caracterización.

Sin embargo, considera que la situación interna y la conducta exterior del régimen deben analizarse conjuntamente.

“Los Estados actuarán con la perspectiva de que la naturaleza dictatorial de Nicaragua es conflictiva y confrontativa tanto dentro como fuera de su territorio”, afirma.

Migración y seguridad regional

El análisis también vincula la política migratoria del régimen con la seguridad regional. Orozco sostiene que Ortega y Murillo facilitaron entre 2023 y 2024 el tránsito irregular por Nicaragua de más de 300.000 migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo permitieron activamente que vuelos chárter que transportaban migrantes en ruta a la frontera entre Estados Unidos y México pudieran avanzar tierra adentro. Dado que los Estados tratan la migración como una cuestión de seguridad nacional, la entrada y salida de extranjeros es una preocupación clave para las autoridades responsables de proteger la soberanía de un Estado”, analizó.

Orozco también atribuye al régimen acciones contra opositores nicaragüenses fuera del territorio nacional y sostiene que esas actuaciones deben ser consideradas dentro del debate sobre seguridad regional. Estas son afirmaciones y conclusiones del analista planteadas en su artículo.

Una “prueba de fuego” para la OEA

Para Orozco, la próxima reunión permitirá medir hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos del continente después de años de resoluciones y cuestionamientos contra Nicaragua.

“La movilización interamericana, sea colectiva o no, puede centrarse en adoptar medidas concretas para restaurar el orden democrático y el Estado de derecho y reanudar la cooperación regional pacífica. Esto requiere una respuesta proporcional al daño que inflige Nicaragua”, explicó.

El analista considera que Nicaragua vuelve a convertirse en una “prueba de fuego” para el Sistema Interamericano, particularmente ante las divisiones existentes entre los Estados miembros.

Su planteamiento apunta a que una estrategia coordinada podría combinar mecanismos multilaterales con decisiones individuales de los gobiernos para incrementar la presión sobre Ortega y Murillo, pese a las limitaciones derivadas del principio de no intervención.