¿Qué pasaría sin Ortega? Expertos analizan los riesgos del plan de sucesión de Murillo

Una eventual sucesión de Daniel Ortega por Rosario Murillo no necesariamente ocurriría de manera automática pese a las reformas constitucionales diseñadas para fortalecer su posición en Nicaragua, advierten Luis A. Rivas y Manuel Orozco en el editorial “Los peligros de una sucesión planificada”, publicado por The Dialogue Leadership for the Americas.

Los autores parten de la creciente concentración del poder alrededor de Ortega y Murillo y sostienen que Nicaragua se ha convertido en “el régimen más autoritario del hemisferio occidental y una dinastía familiar”.

El análisis señala que durante casi dos décadas Ortega ha ocupado una posición central dentro del sistema político, manteniendo bajo su control diferentes instituciones del Estado y convirtiéndose en el principal punto de equilibrio entre los distintos intereses que conviven dentro del oficialismo.

Sin embargo, Rivas y Orozco consideran que las ausencias de Ortega y las dudas sobre su estado de salud han incrementado las interrogantes sobre qué ocurriría dentro del régimen ante una eventual salida del gobernante.

“Sin embargo, sus crecientes ausencias y las persistentes dudas sobre su salud han alimentado la especulación sobre el rumbo que Nicaragua podría tomar en caso de su muerte repentina”, señalan.

De acuerdo con el editorial, Murillo ha utilizado las reformas constitucionales para intentar asegurar una transición ordenada y fortalecer jurídicamente su posición como copresidenta. Los autores advierten, no obstante, que la estructura real del poder podría imponerse sobre las disposiciones legales.

“En sistemas altamente personalizados como el del Sr. Ortega, la sucesión no está necesariamente determinada por el diseño constitucional”, sostienen.

Comparan situación de Murillo con China tras la muerte de Mao

Rivas y Orozco utilizan como referencia histórica, aunque reconocen que se trata de un paralelismo imperfecto, lo ocurrido en China después de la muerte de Mao Zedong en 1976.

Su viuda, Jiang Qing, había alcanzado una enorme influencia política y se había convertido en una de las figuras más poderosas del país. Sin embargo, gran parte de esa autoridad dependía de su cercanía con Mao.

Después de la muerte del líder chino, una coalición integrada por figuras militares y del Partido Comunista terminó arrestando a Jiang Qing y neutralizando a su facción.

Los autores observan similitudes con la posición actual de Murillo, principalmente porque consideran que una parte sustancial de su poder continúa dependiendo de Ortega.

“Sin embargo, su autoridad sigue derivándose fundamentalmente del Sr. Ortega. Su capital político es bastante limitado”, afirman.

Ejército y Policía podrían ser determinantes

El editorial sostiene que una eventual ausencia de Ortega podría provocar un proceso de reajuste dentro del régimen en lugar de una sucesión automática.

“Es plausible que, si el Sr. Ortega desapareciera, Nicaragua no necesariamente seguiría un guion constitucional. En cambio, podría entrar en un período de reajuste del régimen entre diversas fuerzas”, señala el análisis.

En ese escenario, los autores consideran particularmente importante la posición que adoptarían el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.

Según el texto, aunque ambas instituciones muestran públicamente lealtad a Murillo, la continuidad dependería de cómo los principales actores del aparato estatal evalúen su capacidad para preservar la estabilidad y sus propios intereses.

Rivas y Orozco aseguran que “numerosos altos funcionarios albergan dudas en privado sobre su liderazgo”, aunque el editorial no identifica a esos funcionarios ni aporta declaraciones públicas de ellos.

También vinculan la reciente eliminación de las elecciones competitivas con los esfuerzos para consolidar el proceso sucesorio.

“La reciente eliminación de las elecciones forma parte de su plan de sucesión”, sostienen.

Piden mayor presión internacional

El análisis dedica parte de sus recomendaciones al papel que podrían desempeñar Estados Unidos y otros gobiernos democráticos del hemisferio.

Los autores plantean incrementar las acciones contra quienes faciliten la evasión de sanciones, aplicar medidas financieras contra instituciones estatales y empresas públicas vinculadas al sostenimiento del régimen y ampliar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

También proponen considerar “restricciones comerciales coordinadas” y recurrir a investigaciones y procesos judiciales mediante el principio de jurisdicción universal.

A la vez, consideran necesario ofrecer lo que denominan “vías de salida creíbles” para actores internos que eventualmente puedan respaldar una transición política.

El editorial concluye que el futuro político de Nicaragua podría depender menos de las normas constitucionales que de las decisiones adoptadas dentro de las propias estructuras de poder.

“Se decidirá cuando quienes controlan el aparato coercitivo del Estado determinen si la continuidad representa estabilidad o caos”, advierten Rivas y Orozco.

Para los autores, el desenlace dependerá finalmente de si quienes rodean al poder consideran que su supervivencia política está mejor garantizada manteniendo el modelo sucesorio diseñado por Ortega y Murillo o modificándolo ante una eventual ausencia del actual gobernante.