CIDH otorga medidas cautelares a Isaías Castro tras denuncias de torturas, aislamiento y deterioro de salud

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al preso político nicaragüense Isaías Castro Ruiz, encarcelado desde diciembre de 2021, tras determinar que su vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo grave y urgente mientras permanece bajo custodia del Estado en el Sistema Penitenciario Nacional de Juigalpa.

La decisión consta en la Resolución 65/2026, Medidas Cautelares No. 1210-26, aprobada el 16 de agosto de 2026, después de una solicitud presentada el 25 de junio por la entonces Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria para Nicaragua, actualmente Asociación Memoria y Justicia (AMJ).

La organización, que representa a Castro Ruiz, exigió el cumplimiento inmediato de las medidas y advirtió sobre las condiciones en las que permanece encarcelado.

El documento original de 13 páginas de la CIDH describe un cuadro especialmente delicado: Castro permanece en una celda de castigo y aislamiento, tendría problemas renales y hepáticos sin atención especializada, habría sufrido reiteradas agresiones y mantiene severas restricciones para comunicarse con su familia.

La Comisión concluyó, bajo el estándar prima facie, que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en “grave riesgo”. Además, estableció que se cumplen los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para otorgarle protección internacional.

Preso desde diciembre de 2021

Castro Ruiz, de 49 años, trabajaba como albañil, profesa la fe evangélica y, según la información presentada ante la CIDH, no tenía afiliación partidaria ni había ocupado cargos dentro del Estado.

Su situación habría comenzado a deteriorarse después de participar en las protestas antigubernamentales de 2018. Según la solicitud presentada ante la Comisión, apoyó con alimentos y víveres a participantes del tranque de San Pancho, en Río San Juan.

A partir de entonces habría sido objeto de vigilancia, hostigamiento y múltiples retenciones policiales. Los agentes lo habrían interrogado sobre armas y opositores participantes en las protestas y presionado para que colaborara identificando personas contrarias al Gobierno.

Uno de los episodios más graves recogidos por la CIDH ocurrió el 22 de noviembre de 2021, días antes de su encarcelamiento definitivo.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el organismo, policías lo detuvieron sin orden judicial y posteriormente lo habrían amarrado de manos y pies a un árbol durante todo un día bajo el sol.

Mientras permanecía inmovilizado, agentes presuntamente lo golpearon con tonfas para obligarlo a identificar a opositores que habían participado en el tranque de San Pancho. Castro se habría negado a colaborar y posteriormente fue liberado por falta de pruebas, pero habría recibido la advertencia de que se “arrepentiría”.

“¿Viste que te dijimos que te ibas a arrepentir?”

El 3 de diciembre de 2021 volvió a ser detenido, esta vez en su vivienda de la comunidad La Venada, en San Carlos.

La resolución señala que alrededor de ocho policías, cuatro de ellos encapuchados, rodearon inicialmente la casa sin presentar orden de captura ni allanamiento. Otros agentes ingresaron posteriormente buscando supuestas armas.

Tras ser llevado a la estación policial de San Carlos, Castro habría sido arrojado al piso y un policía le colocó una bota sobre la cabeza mientras le lanzaban agua.

“¿Viste que te dijimos que te ibas a arrepentir si no cooperabas?”, recoge la resolución entre las expresiones que presuntamente utilizaron los agentes.

Durante aproximadamente tres meses habría sido sacado encapuchado casi todas las noches para interrogatorios realizados también por agentes encapuchados, quienes presuntamente lo golpeaban con tonfas en piernas y costillas y lo acusaban de pretender “desestabilizar la paz”.

Condenado a 30 años

Castro fue acusado de asesinato y robo agravado. Según la información presentada ante la CIDH, su defensa cuestionó desde el comienzo la falta de elementos objetivos que lo vincularan con los hechos, la ausencia de armas ocupadas y deficiencias en los reconocimientos realizados durante la investigación.

El 22 de marzo de 2022 fue declarado culpable como coautor y condenado a 25 años por asesinato y cinco años por robo agravado.

La defensa apeló la sentencia y posteriormente promovió un recurso de casación. Sin embargo, la resolución de la CIDH señala que no se tuvo acceso a una decisión sobre ese recurso y que en el Sistema Nicarao el trámite aparecía cerrado en noviembre de 2022 con la anotación “terminado por error”. Posteriormente, la condena fue declarada firme.

Iba a salir con los 135 presos políticos, pero le dijeron: “vos te quedarás”

Uno de los episodios más impactantes documentados en la resolución ocurrió el 5 de septiembre de 2024, cuando 135 personas consideradas presas políticas fueron excarceladas de Nicaragua y trasladadas a Guatemala.

Según la información que recibió la CIDH, Castro Ruiz fue preparado por las autoridades penitenciarias y sacado del penal junto con otros dos prisioneros.

Pero cuando ya estaba fuera de la prisión, los custodios le habrían comunicado: “vos te quedarás”.

Castro fue devuelto al centro penitenciario, obligado a caminar encadenado de manos, pies y cintura y, según la denuncia, severamente golpeado.

Después fue enviado a una celda de castigo conocida como “la 7”, donde permaneció cerca de siete meses en aislamiento.

Según lo informado a la Comisión, los custodios le habrían indicado que permanecía allí porque “no habría colaborado con la Policía y continuaría firme en su oposición política”.

La celda permanecía iluminada permanentemente, impidiéndole distinguir entre el día y la noche. Durante tres meses estuvo además incomunicado y sin contacto familiar. Sus allegados habrían preguntado por él, pero las autoridades penitenciarias incluso negaron que estuviera recluido en ese centro.

Actualmente permanece en otra celda de castigo

Desde el 30 de mayo de 2026, Castro permanece recluido en otra celda de castigo y aislamiento denominada “Número 1”, según la resolución.

Las autoridades penitenciarias supuestamente le impusieron seis meses de castigo tras acusarlo de tener un cuchillo.

Castro negó que el objeto fuera suyo y sostuvo que se lo habrían colocado mientras estaba en el patio.

La denuncia también señala que ese mismo 30 de mayo volvió a ser golpeado y trasladado a la celda encadenado de pies y manos. Un mes antes, un custodio presuntamente le había lanzado comida al rostro mientras le decía: “así te quería ver, vos sabés por qué estás aquí”.

CIDH alerta por problemas renales y hepáticos

La salud de Castro constituye uno de los puntos centrales que llevaron a la Comisión a conceder las medidas.

Según la información presentada, padece problemas renales relacionados con infecciones urinarias, afecciones hepáticas, dolores en los huesos, dolor permanente en el brazo y hombro izquierdo, dolor de oído y fuertes dolores de cabeza.

Su alimentación consistiría únicamente en dos comidas diarias de arroz y frijoles, sin suficientes proteínas. El agua que recibe sería de mala calidad y contendría una sustancia parecida a la cal que presuntamente le ha provocado dolores estomacales.

En febrero de este año fue atendido de emergencia por fiebre alta y fuertes dolores renales. Le practicaron análisis de sangre y un ultrasonido y le informaron que presentaba problemas renales y hepáticos.

Sin embargo, según el expediente, no recibió copias de los resultados, información suficiente sobre su diagnóstico ni seguimiento médico especializado. Tampoco existe información de que haya sido evaluado por especialistas para establecer la gravedad de esas afecciones.

CIDH también advierte deterioro de su salud mental

A las afectaciones físicas se suma un preocupante deterioro psicológico.

La solicitud presentada ante la CIDH señala que Castro habría manifestado pensamientos suicidas relacionados con sentimientos de abandono y soledad, las torturas denunciadas, los prolongados castigos y su encarcelamiento.

Su condición se habría agravado después de conocer que su hijo, de 22 años, murió por suicidio el 16 de julio de 2025.

Las autoridades penitenciarias no le habrían permitido una visita especial para comunicarle la muerte ni asistir a las honras fúnebres.

La CIDH constató que no existe información de que haya recibido seguimiento psicológico adecuado, evaluación psiquiátrica, tratamiento terapéutico o medidas de prevención frente a esos pensamientos.

Nicaragua no respondió a la CIDH

Antes de decidir sobre las medidas cautelares, la Comisión solicitó información al Estado de Nicaragua el 14 de julio de 2026.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no respondió dentro del plazo otorgado, según establece expresamente la resolución.

La CIDH aclaró que la falta de respuesta por sí sola no justifica conceder las medidas, pero señaló que el silencio estatal le impidió conocer qué acciones podrían haberse implementado para proteger a Castro o controvertir las denuncias presentadas.

La Comisión contextualizó además el caso dentro de la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua y señaló que la situación de Castro “no es un evento aislado”, sino que ocurre en un escenario que considera particularmente hostil contra personas identificadas o percibidas como opositoras y críticas del Gobierno.

CIDH da 15 días a Nicaragua para informar qué hará

Ante la gravedad de la situación, la CIDH ordenó al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad y salud de Isaías Castro Ruiz.

También pidió una valoración médica integral inmediata, atención médica básica y especializada, acceso a medicamentos y a su información clínica; condiciones de detención acordes con estándares internacionales; contacto regular con familiares y representantes; y garantías para evitar nuevas amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia.

Además, solicitó investigar los hechos que originaron las medidas cautelares para evitar su repetición.

Nicaragua deberá informar a la Comisión dentro de los 15 días posteriores a la notificación sobre las acciones adoptadas y posteriormente mantener actualizada esa información de manera periódica.

Por su parte, la Asociación Memoria y Justicia, representante de Castro Ruiz, exigió el cumplimiento inmediato de las medidas otorgadas por la CIDH ante el grave riesgo que enfrenta el preso político.