Oposición propone Junta de Transición y elecciones en 22 meses para una Nicaragua sin Ortega

Un bloque de 12 organizaciones de la oposición nicaragüense asegura estar preparado para un eventual cambio político en Nicaragua y presentó una propuesta que plantea una transición de un máximo de 24 meses, encabezada por una Junta temporal que asumiría funciones ejecutivas y legislativas hasta entregar el poder a autoridades elegidas mediante elecciones generales.

La propuesta está contenida en el documento “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, fechado en agosto de 2026, y plantea una hoja de ruta que incluye la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de libertades, la reorganización de las instituciones, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria a elecciones generales en el mes 22 de la transición. 

“Se propone una transición ordenada, pacífica y sin violencia, orientada a desmontar las estructuras autoritarias y restablecer la democracia en Nicaragua”, establece el documento.

El plan aparece en un momento de renovada presión internacional sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y propone establecer mecanismos para evitar un vacío de poder ante un eventual cambio político.

Junta de Transición tendría un máximo de siete integrantes

El primer componente sería una Junta o equipo técnico de Transición Nacional, conformado por un máximo de siete personas procedentes de la oposición democrática dentro y fuera de Nicaragua y de diferentes sectores de la sociedad civil.

El documento incluso contempla la participación de personas que anteriormente hayan tenido vínculos o desempeñado funciones dentro del régimen, siempre que no estén acusadas o condenadas por delitos comunes ni vinculadas con violaciones de derechos humanos o cuerpos militares, policiales o paramilitares señalados por crímenes de lesa humanidad. 

Entre las primeras medidas previstas figura “la liberación inmediata de los presos políticos, el restablecimiento de libertades y derechos, la reorganización de las instituciones electorales y judiciales y el desmontaje de las estructuras represivas”.

La Junta también tendría entre sus tareas reestructurar los altos mandos del Ejército y la Policía, mientras busca garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas y preservar la estabilidad macroeconómica.

Asimismo, asumiría temporalmente las funciones de jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Plantean nueva Constitución para Nicaragua

Uno de los cambios de mayor alcance contemplados en la propuesta es sustituir el actual marco constitucional.

La autoridad transitoria, según el documento, “derogará la Constitución vigente y establecerá un Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses”, que funcionaría provisionalmente mientras se redacta una nueva Carta Magna. 

El cronograma establece que 180 días después del inicio de la transición los nicaragüenses elegirían mediante voto popular una Asamblea Nacional Constituyente integrada por 60 miembros.

Esta tendría un máximo de nueve meses para redactar y aprobar una nueva Constitución basada en democracia, separación de poderes, Estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

Posteriormente, el texto constitucional tendría que someterse a un referéndum nacional dentro de los 45 días posteriores a su aprobación.

Elecciones generales en el mes 22

Antes de convocar a las urnas, la propuesta contempla reconstruir el sistema electoral nicaragüense.

Esto incluiría rehabilitar personerías jurídicas canceladas, permitir el registro de nuevas organizaciones políticas, actualizar el padrón electoral, garantizar documentos de identidad e inscribir candidatos.

“Las elecciones deberán realizarse bajo la nueva Constitución, con participación de todos los sectores políticos en igualdad de condiciones y con observación electoral internacional”, establece la hoja de ruta. 

Las elecciones generales se celebrarían en el mes 22 y dos meses después, en el mes 24, se efectuaría la transferencia del poder a las autoridades electas.

El mandato de la Junta no podría prorrogarse.

Además, sus integrantes tendrían que renunciar desde el momento de asumir el cargo a cualquier aspiración de participar como candidatos en las elecciones inmediatamente posteriores. La misma restricción se aplicaría a los miembros de la Asamblea Constituyente.

Retorno de exiliados y restitución de derechos

Otro de los componentes centrales está dirigido a los miles de nicaragüenses afectados por la represión política.

El plan propone restituir los derechos políticos, civiles y patrimoniales de las personas afectadas, incluyendo a quienes fueron despojados de su nacionalidad.

“Se garantizará el retorno seguro de los exiliados y la restitución de los medios de comunicación confiscados o cerrados, así como el restablecimiento de la libertad de expresión, asociación y reunión”, señala.

En materia de justicia, propone reorganizar temporalmente el Poder Judicial, nombrar autoridades independientes, crear una Comisión de la Verdad y preservar y desclasificar archivos relacionados con la represión.

También plantea mecanismos para investigar violaciones de derechos humanos y recuperar activos de origen ilícito.

Doce organizaciones respaldan propuesta

El documento es respaldado por Ciudadanos por la Libertad en el Exilio, Liberales Nicaragua, Ruta del Cambio, Avanza, Comunidad Nicaragüense en el Exterior (CONIC), INANA, ML, Mesa de Concertación Democrática, Movimiento Autónomo 18 de Abril (MA18A), Movimiento Liberal, Movimiento Patriótico Nacional (MPN) y Nicaragüenses en el Exilio. 

Según un comunicado fechado el 16 de agosto, la iniciativa es producto de dos meses y medio de trabajo técnico y político para integrar diferentes planteamientos sobre una eventual transición.

“La propuesta es una hoja de ruta política, con medidas y acciones técnicas y económicas destinadas a lograr una transición pacífica, ordenada y democrática para transitar desde la dictadura hacia la libertad en Nicaragua”, indicaron las organizaciones.

Los promotores aseguran que la iniciativa ya fue entregada a varios gobiernos del hemisferio y a personalidades políticas.

“Desde la oposición política democrática de Nicaragua estamos listos para el cambio ordenado en nuestro país”, afirmaron.

Sin embargo, el documento no se presenta como una propuesta definitiva. Sus impulsores lo describen como un “documento vivo”, abierto a aportes de otras organizaciones y sectores de la sociedad nicaragüense y susceptible de modificaciones de acuerdo con la evolución de las circunstancias políticas nacionales e internacionales.