Familiares de Carlos Brenes exigen información sobre su paradero y estado de salud

Familiares del excoronel sandinista y opositor Carlos Brenes Sánchez reclamaron información al régimen de Nicaragua sobre el paradero y estado de salud de Brenes y su esposa, tras un año sin contacto desde su detención.

Según datos de la agencia EFE, los allegados advirtieron que ambos permanecen incomunicados y alertaron sobre condiciones precarias, ausencia de atención médica y posibles malos tratos en prisión, contexto que revive la preocupación por la reciente muerte bajo custodia del exdiputado indígena Brooklyn Rivera.

En una rueda de prensa virtual, Thelma Brenes, hija del excoronel, expresó preocupación por la integridad de sus padres. “No queremos otro caso como el de Brooklyn Rivera”, afirmó, recordando que el exdiputado miskito falleció mientras se encontraba desaparecido forzadamente, sin que las autoridades permitieran a su familia verlo antes de su muerte.

EFE reportó que Rivera murió el pasado 30 de mayo tras un periodo de aislamiento y que su cuerpo nunca fue entregado a sus familiares.

Carlos Brenes Sánchez, de 71 años, y Salvadora Martínez, de 68, fueron arrestados el 15 de agosto de 2025 por la Policía Nacional de Nicaragua.

“Desde ese entonces no tenemos ninguna información sobre el paradero ni el bienestar de nuestros familiares”, señaló Thelma Brenes durante la conferencia, acompañada por representantes de organizaciones humanitarias que respaldan la exigencia de respuestas al Estado.

La familia denunció que Carlos Brenes Sánchez padece diabetes, hipertensión y problemas de movilidad.

La familia subrayó que tanto Brenes como su esposa son adultos mayores y requieren atención médica constante. Brenes Sánchez enfrenta problemas de diabetes, hipertensión y movilidad reducida debido a una afección en la columna.

La hija del excoronel denunció que el Sistema Penitenciario de Nicaragua niega medicación a presos políticos y mantiene políticas de aislamiento prolongado, además de restringir el acceso a la luz solar y condiciones mínimas de salubridad en las celdas.

En palabras de Thelma Brenes, “tampoco hay colchones en las celdas. No tienen las condiciones mínimas de salud, mucho menos para personas enfermas de la tercera edad”.

La esposa de Brenes, Salvadora Martínez, fue detenida a pesar de no tener filiación política ni antecedentes de activismo, salvo su denuncia pública ante la detención de su esposo.

La familia exigió a las autoridades que informen sobre su paradero y permitan visitas, recordando que el Estado ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos que obligan a garantizar la protección e integridad de las personas privadas de libertad.

La agencia EFE detalló que la detención de Brenes Sánchez y su esposa se produjo en el contexto del 46 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, conmemorado el 19 de julio de 2025.

Durante ese periodo, el presidente Daniel Ortega ordenó la captura y procesamiento de personas señaladas de conspirar contra el régimen.

El excoronel y su esposa habrían sido condenados a 15 años de prisión por delitos considerados como “traición a la patria”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Carlos Brenes Sánchez fue fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados y participó en el Frente Amplio por la Democracia, organizaciones desde las cuales criticó la concentración de poder y el deterioro democrático bajo el régimen de Ortega.

Además, apoyó las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.

Durante ese periodo, Brenes leyó un comunicado público en el que exigió la renuncia de Ortega “por la sangre derramada de los jóvenes” y llamó al Ejército a “proteger al pueblo y no a la dictadura”.

Tanto Brenes Sánchez como su esposa cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque, de acuerdo con la familia, el Estado nicaragüense incumple los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

“Quiero decirle al Estado de Nicaragua que tienen el deber de decirnos dónde están, cómo están, de permitir visitas y de regresarlos con vida”, insistió la hija del excoronel en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Las organizaciones humanitarias y familiares reiteraron su llamado a la comunidad internacional para vigilar el cumplimiento de los derechos de los detenidos políticos en Nicaragua y evitar que se repita el desenlace ocurrido con Brooklyn Rivera.

La situación de desaparición forzada y falta de protección jurídica vuelve a colocar a la administración de Ortega ante cuestionamientos en materia de derechos humanos.