Juan Sebastián Chamorro: “Ley amplía y reactiva las herramientas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo”

El economista y opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro afirmó que la propuesta S. 5369, titulada “Ley para la Restauración de la Equidad Electoral y los Derechos de la Oposición mediante Mandatos de Rendición de Cuentas de 2026”, amplía y reactiva las herramientas de presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con nuevas disposiciones dirigidas al sector oro, la estructura económica del Ejército, la persecución religiosa y los vínculos de Nicaragua con Rusia e Irán.

Chamorro explicó en sus redes sociales que el proyecto, presentado en el Senado de Estados Unidos por los senadores Ted Cruz y Tim Kaine, se extendería hasta el 31 de diciembre de 2035, salvo que antes se cumplan determinadas condiciones democráticas.

Según el análisis de Chamorro, la nueva legislación hace un recuento de las violaciones de derechos humanos y del deterioro institucional ocurrido bajo el régimen de Ortega y Murillo.

“En su exposición de motivos, la nueva ley hace un recuento de las violaciones de derechos, como por ejemplo el encarcelamiento de opositores, la corrupción sistemática del régimen, el fin del Estado de derecho, el arresto de los candidatos presidenciales en el 2021, el cierre de las ONG y la persecución religiosa, entre otros abusos”, señaló.

El economista destacó que uno de los principales componentes del proyecto es la reactivación de la NICA Act, pero con una vigencia mucho más prolongada.

“La Ley REFORMAR reactiva la Ley NICA Act del 2018 que expiró en el 2023 y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2035, sujeta a una terminación anticipada si el presidente de los Estados Unidos certifica que se han cumplido determinadas condiciones democráticas, como por ejemplo la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas y observadas”, explicó.

Oro en la mira

De acuerdo con Chamorro, llamó especialmente la atención sobre una de las nuevas disposiciones del proyecto: la posibilidad de imponer sanciones a personas o empresas extranjeras que operen en el sector oro de Nicaragua.

“Autoriza esta nueva ley la imposición de sanciones contra personas extranjeras, individuos o empresas que operen, ojo, en el sector oro, independientemente de que si estas personas se les determine por separado la violación de derechos humanos, actos de corrupción o cualquier otro acto ilícito”, afirmó.

Pero, según el economista, el alcance de esta disposición podría ser mucho mayor, debido a que el proyecto permitiría incorporar posteriormente otros sectores de la economía nicaragüense.

“El proyecto de ley, y esto es lo más importante, permitirá extender esta facultad a cualquier otro sector de la economía. Dice la ley que el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro, podrá identificar cualquier otro sector de la economía para la imposición de sanciones económicas. Ojo con esto”, advirtió Chamorro.

De esta manera, la legislación no limitaría las eventuales sanciones a individuos vinculados directamente con violaciones de derechos humanos o corrupción, sino que permitiría al Ejecutivo estadounidense ampliar la presión hacia sectores económicos considerados estratégicos.

Militares objetivo prioritario

Otro de los aspectos destacados por Chamorro es la inclusión expresa del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) entre los objetivos prioritarios para posibles sanciones.

“Amplía la lista de conductas sancionables para incluir, por ejemplo, la persecución por el ejercicio de la libertad religiosa, las condenas por motivos políticos contra actores democráticos, miembros de la sociedad civil o de organizaciones independientes y la provisión de apoyos significativos relacionados con Rusia y con Irán”, explicó.

“El IPSM, es decir, el Instituto de Previsión Militar, el Sistema de Seguridad Social del Ejército se incorpora en esta nueva ley expresamente en la lista de objetivos prioritarios para la imposición de sanciones, lo que refleja la atención del Congreso sobre la infraestructura económica de las fuerzas armadas. Esto es claramente un mensaje al Ejército”, agregó.

Para Chamorro, la mención del IPSM evidencia que la legislación estadounidense busca prestar atención no solamente a los funcionarios responsables de las decisiones políticas y militares, sino también a estructuras económicas relacionadas con las Fuerzas Armadas de Nicaragua.

Rusia e Irán

El análisis del economista señala además que la iniciativa contempla posibles sanciones relacionadas con la provisión de bienes, servicios o tecnología que representen un apoyo significativo a Rusia o Irán.

“¿Qué tipo de apoyos? bienes, servicios o tecnología”, explicó Chamorro al referirse a esta disposición.

La incorporación de estos criterios amplía el componente geopolítico de la legislación y coloca las relaciones de Nicaragua con ambos países dentro del radar de las autoridades estadounidenses.

Congreso busca mayor supervisión

Chamorro también destacó que la iniciativa no se limita a establecer nuevas herramientas de sanciones, sino que incrementa los mecanismos de supervisión sobre la aplicación de estas medidas.

“El Congreso incrementará los mecanismos de supervisión para exigir informes de parte del Ejecutivo sobre la implementación de las sanciones expuestas en la ley y una evaluación de las condiciones necesarias para una transición democrática en Nicaragua”, señaló.

En su valoración general, el economista considera que la nueva legislación fortalece las herramientas disponibles para el Ejecutivo estadounidense y mantiene la presión hasta que se produzcan cambios políticos verificables en Nicaragua.

“En resumen, pues, se restablece por ley del Ejecutivo todas las acciones posibles que ya estaban en la NICA Act y se expanden a otros sectores de la economía y en el tiempo hasta el 2035 o cuando hayan elecciones libres”, sostuvo.

En declaraciones a 100% Noticias, el economista explicó que el carácter bipartidista puede favorecer el avance de la iniciativa dentro del Congreso estadounidense.

“Es una iniciativa de ley que ya había estado en la tubería desde hace algún tiempo, hacía falta en estas leyes para que caminen lo más rápido posible una visión bipartidista. Generalmente cuando hay una moción que viene de los dos partidos, la ley camina mejor”, afirmó.

Chamorro vinculó además la aceleración del proyecto con las declaraciones de Daniel Ortega sobre el futuro político de Nicaragua.

“Las palabras de Ortega no dejaron ninguna duda de qué calidad de criminal estamos hablando y eso dejó a todo el mundo espantado y la ley que estaba ya en la tubería se aceleró y se logró esto rápidamente y estamos viendo estas legislaciones toman tiempo”, dijo.

Según su análisis, las declaraciones del dictador nicaragüense habrían contribuido a colocar nuevamente el caso de Nicaragua entre las prioridades de legisladores estadounidenses.

“Las declaraciones de Ortega aceleraron el proceso y los dos senadores que la promueven, el senador Kaine de Virginia y el senador Cruz de Texas, saltaron rápidamente y decir, como una prioridad por lo que estamos viendo”, señaló.

Chamorro sostuvo que las propias acciones del régimen han generado una respuesta internacional cada vez más amplia.

“Ellos mismos fueron los que provocaron que se vaya a dar una reunión de cancilleres que es más, más alto nivel delante de la OEA, ellos mismos han provocado el pronunciamiento del Parlamento Europeo y el de la Asamblea General de la OEA y de todo lo que viene, porque viene más, eso no tengo duda”, afirmó.

Para Chamorro, la iniciativa que denomina REFORMAR representa así una nueva etapa de la presión estadounidense sobre Managua.

El proyecto aún debe avanzar por el proceso legislativo antes de convertirse en ley, pero su contenido muestra que el Congreso estadounidense busca mantener a Nicaragua dentro de su agenda y ampliar las herramientas para presionar al régimen de Ortega y Murillo.