Costa Rica llama a consultas a encargado de negocios en Nicaragua tras críticas a Ortega
Las relaciones entre San José y Managua atraviesan un nuevo momento de atención diplomática. Costa Rica convocó temporalmente a su máximo representante en Nicaragua, mientras mantiene fuertes cuestionamientos sobre derechos humanos, democracia y seguridad regional bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
El Gobierno de Costa Rica llamó a consultas a Oscar Julio Solís Rangel, encargado de negocios de la Embajada costarricense en Nicaragua y máxima autoridad de la representación diplomática en Managua, en momentos en que San José ha elevado sus cuestionamientos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La decisión consta en el Acuerdo Ejecutivo N.° 083-2026-SE-RE, firmado el 27 de julio por la presidenta costarricense Laura Fernández y la canciller interina Adriana Bolaños.
Según el documento, Solís Rangel deberá permanecer en Costa Rica del 24 al 28 de agosto de 2026 para “sostener reuniones de trabajo”. Sin embargo, el acuerdo no detalla los temas que serán abordados ni señala expresamente que la convocatoria constituya una protesta diplomática contra Managua.
Un llamado a consultas implica que un Gobierno solicita temporalmente el regreso de un representante diplomático para mantener reuniones y recibir o proporcionar información relacionada con acontecimientos del país donde se encuentra acreditado. Aunque puede producirse en momentos de tensión entre dos Estados, por sí mismo no significa una ruptura de relaciones diplomáticas.
La convocatoria adquiere relevancia por el contexto de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua y las recientes críticas del Gobierno costarricense contra el régimen Ortega-Murillo.
En julio, el canciller Manuel Tovar Rivera denunció ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el asesinato en Costa Rica del mayor retirado del Ejército de Nicaragua y opositor Roberto Samcam.
Tovar también expresó preocupación por la situación de los derechos humanos y el deterioro democrático en Nicaragua, y mencionó denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones a libertades fundamentales y persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe.
Asimismo, el canciller costarricense manifestó “enorme preocupación” por la presencia militar rusa en Nicaragua y por organizaciones que Costa Rica considera una amenaza para la seguridad regional. A esto agregó inquietudes relacionadas con actividades ilícitas y minería ilegal en zonas próximas a la frontera entre ambos países.
Hasta ahora, sin embargo, el acuerdo que convoca a Solís Rangel no establece una relación directa entre esos cuestionamientos y su llamado a Costa Rica.
CR Hoy informó que consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los motivos específicos de las reuniones, si estas guardan relación con las recientes decisiones políticas del régimen Ortega-Murillo y si Costa Rica analiza modificar el nivel de sus relaciones diplomáticas con Nicaragua. Las consultas se encontraban pendientes de respuesta.
Costa Rica lleva ocho años sin embajador en Nicaragua
Solís Rangel encabeza la representación diplomática costarricense en Managua desde noviembre de 2018. Costa Rica no mantiene un embajador acreditado en Nicaragua desde agosto de ese año.
El último embajador fue Eduardo Trejos Lalli, quien ocupó el cargo durante la Administración de Carlos Alvarado. Desde entonces, las relaciones diplomáticas se han mantenido mediante la figura de encargado de negocios.
Por ello, el llamado de Solís Rangel tiene especial relevancia: se trata del funcionario que actualmente representa al Gobierno costarricense ante Managua.
Por ahora, tampoco se ha anunciado oficialmente que Costa Rica vaya a retirar definitivamente al diplomático o reducir aún más el nivel de representación. El acuerdo establece únicamente su permanencia temporal en territorio costarricense entre el 24 y el 28 de agosto.
El movimiento diplomático ocurre además en un momento de renovada presión internacional sobre Ortega y Murillo, particularmente por las reformas constitucionales y las declaraciones de Ortega sobre el futuro de las elecciones en Nicaragua.
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