109 víctimas de la represión Ortega-Murillo en dos meses: cinco son menores de edad

Al menos 109 personas fueron víctimas de incidentes relacionados con violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante junio y julio de 2026, en un contexto de continuidad de la represión política bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un nuevo informe del Monitoreo Azul y Blanco, presentado por la Asociación Memoria y Justicia.

Del total de víctimas reportadas, 59 son hombres y 50 mujeres, mientras que cinco son menores de edad. El organismo destaca particularmente el aumento de la presencia de mujeres y menores entre las personas afectadas por los patrones represivos registrados durante ambos meses. 

El informe advierte que las 109 víctimas no representan necesariamente la totalidad de personas afectadas en Nicaragua. Los registros fueron elaborados a partir de denuncias recibidas, información disponible, monitoreo de fuentes públicas y procesos internos de verificación, por lo que el MAB señala que las cifras deben interpretarse como un “mínimo verificable”.

Las violaciones documentadas afectan a diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Entre los perfiles identificados figuran opositores, familiares de presos políticos, liderazgos religiosos, comerciantes, profesionales, integrantes de comunidades indígenas y ciudadanos en general.

El alcance de la represión también queda reflejado en la distribución geográfica de los incidentes. El cuadro incluido en la página 2 del informe registra 25 incidentes en Managua, convirtiéndolo en el departamento con mayor número de casos identificados, seguido por Matagalpa con 10, Estelí con seis y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) con cinco.

También aparecen Carazo, con tres; Masaya, Madriz y León, con dos cada uno; y Nueva Segovia, Jinotega, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), con un caso respectivamente. Otros 17 incidentes fueron clasificados como de alcance nacional y diez corresponden a represión transnacional fuera de Nicaragua.

31 detenciones arbitrarias y 18 desapariciones forzadas

El Monitoreo Azul y Blanco contabilizó 142 incidentes durante los dos meses analizados. La cantidad supera las 109 víctimas debido a que una misma persona puede haber sufrido más de un tipo de violación.

Las detenciones arbitrarias encabezan el registro, con 31 casos. Le siguen 29 incidentes relacionados con suspensión de credenciales profesionales, 23 de control social o territorial, 22 vinculados con confiscaciones de propiedades y robo de equipos, 18 desapariciones forzadas, 12 casos de hostigamiento y siete relacionados con represión migratoria. 

De las 31 personas detenidas arbitrariamente durante junio y julio, diez habían sido liberadas al momento de elaborar el informe. Sin embargo, 16 continuaban en condición de desaparición forzada, entre ellas dos menores de edad.

La situación de los menores adquiere especial relevancia dentro de los datos: cinco menores figuran entre las 109 víctimas documentadas y dos de ellos permanecían desaparecidos tras haber sido detenidos, según el reporte.

Represión va más allá de las detenciones

El informe señala que los mecanismos de represión no se limitan a arrestos y desapariciones. Durante junio y julio también fueron documentados procesos de confiscación y traspaso de bienes confiscados a instituciones estatales.

Solo en julio se registraron 19 casos en esta categoría, incremento que el MAB atribuye principalmente al traspaso de 14 propiedades confiscadas desde la Procuraduría General de la República hacia el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). 

Otro de los patrones identificados fue la suspensión del ejercicio profesional de abogados. El organismo recibió 29 reportes relacionados con la suspensión arbitraria del ejercicio de la abogacía y nuevamente advierte que se trata de una cifra mínima verificable.

Los afectados presentan distintos perfiles. El informe menciona a personas opositoras, trabajadores del Estado, simpatizantes sandinistas y personas que anteriormente fueron afines al régimen. Para el MAB, esta diversidad evidencia que la medida no está dirigida exclusivamente contra un determinado sector político, sino que funciona como un mecanismo de “control, castigo y restricción del ejercicio profesional”. 

Temor y amenazas retrasan las denuncias

El organismo también documentó durante julio denuncias sobre detenciones arbitrarias y desapariciones ocurridas en períodos anteriores. Metodológicamente, estos casos fueron registrados de acuerdo con la fecha en que se recibió la denuncia, diferenciándola del momento en que ocurrió la presunta violación.

Según el informe, la demora para denunciar puede estar relacionada con “el temor, la vigilancia, las amenazas o los riesgos de represalia”. Además, advierte que los mecanismos represivos pueden extenderse hacia familiares, círculos cercanos y redes comunitarias de las víctimas. 

En sus conclusiones, el Monitoreo Azul y Blanco sostiene que los registros de junio y julio muestran la continuidad de los patrones de represión política y una diversificación de los mecanismos de control estatal en Nicaragua.

El organismo identificó particularmente un incremento durante julio en incidentes relacionados con cancelación de títulos, control social y territorial, desapariciones forzadas y confiscaciones.

De esta manera, la represión documentada no se expresa exclusivamente mediante detenciones arbitrarias, sino también a través de medidas administrativas, patrimoniales, laborales y territoriales que afectan a personas, familias, comunidades y sectores profesionales. 

Los 109 casos registrados durante junio y julio constituyen, según la propia metodología del informe, un piso y no un techo de la dimensión de las violaciones, debido a que corresponden únicamente a hechos que pudieron ser denunciados, documentados y sometidos a procesos internos de verificación.