Periodista Nohelia González exige prueba de vida de su hermano Eddy González

El sufrimiento de las familias de personas desaparecidas forzadamente en Nicaragua volvió a quedar expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde hijos, hermanas y familiares de presos políticos denunciaron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa incumpliendo las medidas de protección dictadas por organismos internacionales mientras mantiene a decenas de personas incomunicadas y sin información sobre su paradero. 

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Tiniska Rivera, hija del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, quien responsabilizó directamente al Estado por la muerte de su padre, ocurrida tras permanecer casi tres años bajo custodia en condición de desaparición forzada.

"Mi padre falleció el 30 de mayo y el régimen publicó un comunicado informando de su muerte hasta el 31 de mayo. Su muerte fue consecuencia directa de una situación de riesgo, indefensión e incomunicación creada por el propio Estado mientras lo mantenía bajo custodia", afirmó Rivera durante su intervención. 

La hija del exdiputado rechazó la versión oficial que atribuyó el deterioro físico de su padre a problemas de salud previos y sostuvo que antes de ser detenido, el 29 de septiembre de 2023, se encontraba en buenas condiciones físicas.

"El Estado de Nicaragua es responsable de la muerte de mi padre, por eso yo afirmo que fue lesionado", declaró ante la Comisión. 

Rivera también denunció la desaparición de seis familiares y allegados de Brooklyn Rivera, quienes, según explicó, fueron vistos por última vez el 31 de mayo de 2026, después de acudir al hospital para reclamar el cuerpo del dirigente indígena.

"Al día de hoy, a más de 60 días de lo ocurrido, se desconoce su paradero, su situación jurídica y su estado de salud", denunció.

La activista pidió a la CIDH mantener el monitoreo sobre Nicaragua y exigió que el Estado cumpla las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para localizar a los desaparecidos y proteger sus vidas. 

Otra intervención correspondió a Thelma Brenes, hija del preso político Carlos Brenes Sánchez y de Salvadora Martínez, quien aseguró que el régimen ha convertido el castigo contra las familias en una práctica sistemática.

"El régimen de Nicaragua ignora deliberadamente las medidas de protección de la Comisión y de la Corte Interamericana, mientras continúa perpetrando los patrones de persecución, detención arbitraria, desaparición forzada y castigo por asociación contra la familia", expresó. 

Brenes relató que su padre, de 71 años, fue detenido nuevamente el 14 de agosto de 2025 y desde entonces permanece desaparecido.

"Desde hace casi un año nadie cercano a él lo ha podido ver", afirmó.

Según explicó, Carlos Brenes padece diabetes, hipertensión y problemas de movilidad que requieren medicación diaria.

"Privar a mi padre de sus medicamentos y mantenerlo encarcelado en esas condiciones constituye un trato cruel que equivale a tortura y pone en riesgo su vida", denunció. 

También denunció la situación de su madre, Salvadora Martínez, quien fue detenida pese a no tener militancia política.

"Su único delito fue denunciar la detención de mi padre y mantenerse a su lado. El encarcelamiento de Salvadora evidencia el castigo por asociación, una forma de violencia política que criminaliza a las familias, especialmente a las mujeres", manifestó.

La defensora pidió a la CIDH exigir la presentación inmediata de todas las personas desaparecidas y una evaluación médica independiente para los presos políticos de mayor edad o con enfermedades crónicas.

"Para las personas enfermas y mayores de edad en prisión, el tiempo se agota y la inacción cuesta vidas", advirtió. 

Durante la audiencia también intervino Nohelia González, hermana de Eddy Moisés González Valdivia, de 67 años, desaparecido desde julio de 2024.

La denunciante explicó que su hermano padece diabetes, hipertensión, problemas visuales y además carga con las secuelas de torturas sufridas durante su encarcelamiento en la década de los setenta.

"Su desaparición forzada pone en riesgo su vida y constituye una flagrante violación de sus derechos fundamentales", afirmó. 

González recordó que la Comisión Interamericana ya ha solicitado al Estado garantizar la vida y la integridad física de su hermano, así como permitir el contacto con la familia y sus abogados.

Sin embargo, sostuvo que el régimen continúa respondiendo con silencio.

"Hoy, como hermana de Eddy, exijo una prueba de vida. Exijo que el régimen informe inmediatamente dónde está, que permita a la familia conocer su estado de salud y que ponga fin a la incomunicación y al ocultamiento, que constituyen una forma de tortura para él y para quienes lo amamos", expresó. 

Los familiares coincidieron en que detrás de cada desaparición existe una familia que enfrenta incertidumbre permanente, temor y desgaste emocional mientras busca respuestas que, aseguran, nunca llegan por parte de las autoridades nicaragüenses.

Asimismo, solicitaron a la CIDH que mantenga el seguimiento permanente sobre la situación de los presos políticos y desaparecidos forzados en Nicaragua, y que continúe impulsando acciones dentro del Sistema Interamericano para exigir al Estado el cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales emitidas a favor de las víctimas.

Las intervenciones concluyeron con un llamado a la comunidad internacional para no dejar en el olvido a quienes permanecen desaparecidos bajo custodia estatal y a sus familias, que continúan reclamando información, justicia y el respeto a sus derechos fundamentales.