Dictadura concede ciudadanía a palestino mientras desnacionaliza a opositores

La decisión del Ministerio del Interior de conceder la nacionalidad nicaragüense a un ciudadano originario de Palestina vuelve a colocar bajo escrutinio la política migratoria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuestionada internacionalmente por retirar la ciudadanía y expulsar del país a cientos de opositores, periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos

Agosto 05, 2026 12:00 PM
Dictadura concede ciudadanía a palestino mientras desnacionaliza a opositores

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó la nacionalidad nicaragüense al ciudadano palestino Abdalhadi M. R. Baraka, una decisión oficializada mediante la Resolución No. 3435 de la Dirección General de Migración y Extranjería y publicada en La Gaceta.

De acuerdo con la certificación oficial, Baraka, originario del Estado de Palestina, de 44 años, ingeniero en sistemas y residente en el departamento de Carazo, obtuvo la ciudadanía nicaragüense tras acreditar ocho años de permanencia continua e ininterrumpida en el país y cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General de Migración y Extranjería.

La resolución señala que el solicitante manifestó de forma expresa su voluntad de adquirir la nacionalidad nicaragüense y que, a partir de la publicación del acuerdo, gozará de los mismos derechos y obligaciones que corresponden a los ciudadanos nicaragüenses nacionalizados.

Sin embargo, la decisión ha generado nuevas interrogantes debido al contraste con la política aplicada por el régimen desde 2023, cuando despojó de la nacionalidad a centenares de nicaragüenses considerados opositores políticos y posteriormente confiscó sus bienes.

Mientras concede la ciudadanía a ciudadanos extranjeros, el régimen mantiene vigente una política de desnacionalización y destierro que ha afectado a líderes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes, empresarios, estudiantes y otros críticos del régimen, quienes fueron expulsados del país o privados de su nacionalidad mediante resoluciones judiciales y reformas legales.

Organismos internacionales de derechos humanos han cuestionado esas medidas por considerarlas incompatibles con las normas internacionales que prohíben privar arbitrariamente de la nacionalidad a una persona.

La nueva nacionalización también vuelve a poner atención sobre la estrecha relación política y diplomática que Managua mantiene con Palestina. Durante los últimos años, el régimen de Ortega y Murillo ha expresado públicamente su respaldo a la causa palestina y ha mantenido una posición de apoyo hacia las autoridades palestinas en distintos escenarios internacionales.

En junio 2026, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, expresó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la preocupación de su país por la presencia militar rusa en Nicaragua, así como de "organizaciones terroristas" como Hamás y Hizbulá.

"Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá. Justo el día de ayer varios individuos vinculados o pertenecientes al grupo Hamás fueron detenidos por fuerzas policiales en mi país", expresó Tovar en una intervención en la que celebró la adopción de una declaración sobre Nicaragua.

La resolución firmada por el director general de Migración y Extranjería, comisionado general Juan Emilio Rivas Benites, y refrendada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, establece que la nacionalidad otorgada a Baraka constituye "un acto soberano del Estado de Nicaragua", conforme a la legislación migratoria vigente.

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