CIDH condena abolición de elecciones en Nicaragua

La nueva reforma constitucional impulsada por el oficialismo nicaragüense continúa generando reacciones en el ámbito internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que las modificaciones propuestas profundizan el deterioro democrático en Nicaragua, restringen el ejercicio de los derechos políticos y consolidan un modelo que impide la alternancia en el poder

Agosto 03, 2026 12:30 PM
CIDH condena abolición de elecciones en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la reforma constitucional promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y advirtió que las modificaciones propuestas buscan institucionalizar la permanencia indefinida en el poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática en Nicaragua.

En un pronunciamiento divulgado desde Washington, la CIDH también condenó las declaraciones de Daniel Ortega, quien anunció que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones", al considerar que esa postura, sumada a la iniciativa de reforma constitucional, profundiza el proceso de consolidación autoritaria en el país.

Según la Comisión, el proyecto de reforma presentado el 28 de julio de 2026 por el presidente de la Asamblea Nacional plantea ampliar de seis a siete años el período de la denominada copresidencia y permitir que ese mandato sea renovable. Asimismo, incorpora a la Constitución restricciones que impedirían la participación política de personas calificadas por el régimen como "golpistas" o "traidoras a la patria".

El organismo señaló que estas medidas pretenden excluir permanentemente a sectores de la oposición de la vida política nacional bajo el argumento de prevenir la injerencia extranjera y evitar que el "golpismo" vuelva al poder.

La CIDH sostuvo que la ampliación del período presidencial, la posibilidad de renovar indefinidamente el mandato y las restricciones al ejercicio de los derechos políticos son incompatibles con los principios democráticos reconocidos en el sistema interamericano.

"La nueva ampliación de los períodos de mandato de la copresidencia, la amenaza de eliminar la celebración de elecciones libres, auténticas y competitivas, así como la constitucionalización de restricciones al ejercicio de los derechos políticos, profundizan el proceso de consolidación autoritaria y de perpetuación en el ejercicio del poder", afirmó la Comisión.

El organismo recordó además que en su informe especial sobre Nicaragua, incorporado en el Capítulo IV.B de su Informe Anual, ya había advertido que la reforma constitucional aprobada en 2025 modificó más de un centenar de artículos de la Carta Magna y concentró aún más el poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A juicio de la CIDH, aquellas reformas derogaron en la práctica el principio de separación de poderes y consolidaron un sistema incompatible con la democracia representativa, vulnerando el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana.

Frente a este nuevo proyecto de reforma, la Comisión instó al Estado de Nicaragua a abstenerse de aprobar modificaciones contrarias a sus obligaciones internacionales y a restablecer las condiciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.

El organismo enfatizó que los nicaragüenses deben poder elegir y ser elegidos mediante elecciones libres, auténticas, periódicas y competitivas, condiciones que, según advirtió, quedarían aún más debilitadas con la aprobación de la iniciativa impulsada por el oficialismo.

La CIDH también manifestó preocupación por la continuidad de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Indicó que la represión transnacional del régimen se ha intensificado y que la migración forzada de miles de nicaragüenses continúa generando desafíos de seguridad para otros países de la región.

Asimismo, señaló que este contexto se ve agravado por el impacto del crimen organizado, lo que incrementa la preocupación sobre la estabilidad regional.

Finalmente, la Comisión hizo un llamado a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que utilicen los mecanismos previstos en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos internacionales con el propósito de contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el respeto pleno de los derechos humanos en Nicaragua.

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