Reunión de cancilleres sobre Nicaragua podría celebrarse entre el 12 y 13 de agosto

La Organización de los Estados Americanos (OEA) dará un nuevo paso en el análisis de la crisis política nicaragüense la próxima semana. El Consejo Permanente evaluará una iniciativa impulsada por Estados Unidos para convocar una reunión de ministros de Relaciones Exteriores, considerada como uno de los principales mecanismos diplomáticos del organismo para abordar situaciones que afectan la estabilidad democrática en el continente

Julio 31, 2026 11:15 AM
Reunión de cancilleres sobre Nicaragua podría celebrarse entre el 12 y 13 de agosto

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará el próximo 5 de agosto una sesión extraordinaria para analizar la situación en Nicaragua y decidir si convoca una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, un encuentro que, según fuentes consultadas, podría realizarse entre el 12 y 13 de agosto, aunque la fecha definitiva será fijada por el propio Consejo Permanente.

La sesión fue convocada para las 2:30 de la tarde en el Salón Libertador Simón Bolívar de la sede de la OEA y tendrá como punto central el análisis de un proyecto de resolución presentado por la Misión Permanente de Estados Unidos.

La propuesta no convoca directamente a los cancilleres, sino que busca que el Consejo Permanente apruebe formalmente esa convocatoria, conforme a los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

De ser aprobada, la resolución abriría el camino para una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores destinada a examinar la situación política, institucional y de derechos humanos en Nicaragua, así como discutir posibles acciones colectivas dentro del marco jurídico de la OEA.

El proyecto de resolución plantea una condena a las recientes decisiones anunciadas por Daniel Ortega, quien el pasado 19 de julio afirmó públicamente que en Nicaragua "nunca más habrá elecciones" y posteriormente promovió una reforma constitucional parcial para ampliar el período presidencial y modificar el sistema político del país.

En el documento, Estados Unidos sostiene que la abolición de las elecciones, la eliminación del pluralismo político y la exclusión permanente de la oposición son incompatibles con los principios de la democracia representativa establecidos en la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos.

La iniciativa también expresa preocupación por el deterioro institucional en Nicaragua y afirma que la crisis política y de derechos humanos tiene implicaciones para la estabilidad regional.

Entre otros aspectos, el proyecto menciona el debilitamiento de la independencia de los poderes del Estado, la persecución contra opositores, el incremento del exilio de ciudadanos nicaragüenses y la creciente participación de actores extrahemisféricos en el país.

Asimismo, la propuesta señala que estos factores representan un riesgo para la seguridad y la estabilidad del hemisferio, al tiempo que aclara expresamente que la resolución no constituye una autorización para el uso de la fuerza armada.

En caso de ser aprobada, la resolución también encomendaría al presidente del Consejo Permanente, con apoyo de la Secretaría General de la OEA, preparar el proyecto de agenda y el reglamento que regirán la futura reunión de cancilleres.

Fuentes indicaron de manera extraoficial que dicho encuentro ministerial podría realizarse entre el 12 y 13 de agosto, aunque esa fecha dependerá de la decisión que adopten los Estados miembros durante la sesión del 5 de agosto.

La eventual reunión de ministros de Relaciones Exteriores representaría uno de los pronunciamientos políticos más relevantes de la OEA sobre Nicaragua en los últimos años, en un contexto marcado por las reformas impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y por las crecientes reacciones de gobiernos y organismos internacionales tras el anuncio del fin de las elecciones en el país.

La decisión final sobre la convocatoria requerirá el respaldo de los Estados miembros del Consejo Permanente, que deberán definir si la situación en Nicaragua amerita la celebración de una Reunión de Consulta de Cancilleres para evaluar posibles medidas diplomáticas dentro del sistema interamericano.

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