Caras largas durante reunión de la dictadura con banqueros por el fin de las elecciones

La participación de representantes de entidades bancarias y microfinancieras en la segunda jornada de consultas sobre la reforma constitucional promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo generó cuestionamientos por parte de dirigentes y analistas opositores, quienes consideran que el proceso pretende construir una imagen de consenso alrededor de las modificaciones constitucionales propuestas por el oficialismo.

Las críticas surgieron después de que la Asamblea Nacional informara que representantes del sector financiero acudieron a una reunión en el Banco Central de Nicaragua para conocer los principales cambios contemplados en la iniciativa de reforma constitucional, la cual propone, entre otros aspectos, ampliar de seis a siete años el período presidencial renovable.

Alfredo Gutiérrez, coordinador general de Liberales Nicaragua, aseguró que la representación del sector bancario en el encuentro estuvo integrada por funcionarios de bajo perfil y sostuvo que la ausencia de los principales directivos reflejaría la preocupación del sistema financiero frente al rumbo político del país.

"Vimos cómo presentaron imágenes de lo que ellos dicen que fue la gran consulta con los banqueros de Nicaragua. Al respecto es importante señalar que la representación de los banqueros que se pudo observar fue una representación de muy baja categoría, es decir, de muy bajo nivel", afirmó.

Según Gutiérrez, durante la reunión no participaron los principales ejecutivos, propietarios o accionistas de las instituciones financieras, lo que, a su juicio, demuestra que el sector acudió únicamente para cumplir con una convocatoria oficial.

"Lo hicieron únicamente porque tienen una pistola puesta sobre el pecho, están obligados por parte de la dictadura a tener que enviar representantes, pero no significa que el sistema financiero nacional vaya a avalar las caballadas que está impulsando e implementando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo", expresó.

El dirigente opositor añadió que, en su opinión, la actitud observada evidencia preocupación dentro del sector financiero y pidió fortalecer los vínculos con esos sectores en los esfuerzos por impulsar un cambio democrático en Nicaragua.

Por su parte, la analista y opositora nicaragüense exiliada Alexa Zamora consideró que las consultas promovidas por el oficialismo no buscan conocer la opinión de los distintos sectores sociales, sino construir una imagen de respaldo a las reformas constitucionales.

"Estas consultas no son con el objetivo de realmente tener una percepción sobre la opinión de diferentes sectores, sino para construir una falsa legitimidad o mostrar un falso respaldo", manifestó.

Zamora sostuvo que el proceso forma parte de una estrategia de comunicación que incluirá las reuniones con diferentes sectores convocados por el régimen para presentar posteriormente las reformas como una demanda de la población.

Asimismo, afirmó que las consultas realizadas con representantes del cuerpo diplomático y ahora con el sector financiero responden a un mismo propósito político.

"Van a utilizar toda esta parafernalia falsa, todo este montaje para decir públicamente que esta reforma responde a las necesidades de los nicaragüenses, obviando totalmente que un proceso de consulta para una reforma constitucional no se parece en nada a esta farsa que el régimen pretende montar", declaró.

En la misma línea, el analista y opositor exiliado Alex Aguirre señaló que el sistema financiero conoce los riesgos que implican las reformas constitucionales, pero opta por mantener una posición pública prudente debido a la necesidad de preservar sus operaciones.

"Si hay un sector que entiende de riesgo, seguridad jurídica y estabilidad institucional, es precisamente el sistema financiero. Sin embargo, vimos que no hubo ni una sola crítica pública al aumento del período presidencial de seis a siete años", indicó.

Aguirre agregó que los bancos continúan operando con normalidad desde la crisis sociopolítica de 2018 y consideró que sus directivos evalúan los costos de confrontar públicamente al Gobierno.

"Ellos saben que confrontar al poder tiene costos. Guardar silencio les va a ser más rentable precisamente porque necesitan licencias, necesitan patentes y necesitan seguir operando dentro del país", afirmó.

Mientras tanto, la versión oficial difundida por la Asamblea Nacional presentó el encuentro como parte del proceso de consultas nacionales para "perfeccionar la Democracia del Pueblo Presidente". Durante la reunión, el presidente de la Junta Directiva del Parlamento y miembro de la Comisión Especial Constitucional, Gustavo Porras, explicó que las reformas buscan fortalecer la estabilidad, la paz y la continuidad de las políticas orientadas, según afirmó, a la lucha contra la pobreza.

Porras aseguró que durante el intercambio se expusieron los fundamentos de la reforma y destacó que el sector financiero comparte el interés por mantener la estabilidad económica del país.

"Estas reformas y esta estabilidad, seguridad y paz nos interesan a estos sectores tan importantes en la economía del país, como a todos los otros sectores. Todos tenemos que estar en esa dirección", sostuvo.

De acuerdo con la Asamblea Nacional, las consultas continuarán en los próximos días con representantes de más de 25 sectores, antes de que la iniciativa de reforma constitucional avance en su proceso legislativo. Entre los cambios propuestos figura la ampliación del período presidencial de seis a siete años renovables, una medida que ha provocado críticas de gobiernos, organismos internacionales y sectores de oposición que cuestionan el alcance de las modificaciones impulsadas por el oficialismo.