OEA se convoca por abolición de elecciones en Nicaragua

Estados Unidos solicitó formalmente al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la convocatoria urgente de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situación de Nicaragua, luego de que Daniel Ortega anunciara que el país no volverá a celebrar elecciones y promoviera reformas constitucionales que consolidan el control absoluto del régimen.

La petición fue presentada este 29 de julio por la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA mediante una carta dirigida al presidente del Consejo Permanente, el embajador Steve Ferrol. En el documento, Washington solicita la celebración de una sesión especial "a la mayor brevedad posible" para evaluar las implicaciones de las recientes decisiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y debatir una respuesta coordinada de los Estados miembros.

La delegación estadounidense sostiene que las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio, en las que afirmó que Nicaragua "nunca volverá a celebrar elecciones", junto con la reforma constitucional anunciada el 24 de julio, representan un rechazo frontal al derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres y justas.

Según la carta, la reforma parcial de la Constitución busca impedir que cualquier persona considerada parte de la oposición política, real o percibida, pueda acceder al poder por la vía electoral. Para Estados Unidos, estas acciones institucionalizan la eliminación del pluralismo político y cierran definitivamente la posibilidad de una transición democrática en el país.

Washington advierte además que la profundización de la crisis política en Nicaragua trasciende las fronteras nacionales y constituye una amenaza para la estabilidad del continente. En su comunicación al Consejo Permanente, afirma que la represión ha provocado el exilio forzado de cientos de miles de nicaragüenses y una migración masiva que afecta a varios países de la región, además de agravar las violaciones a los derechos humanos y la represión transnacional.

Como parte de la iniciativa, Estados Unidos presentó un proyecto de resolución en el que condena de manera inequívoca la decisión de Ortega de eliminar las elecciones y cualquier intento del mandatario y de Rosario Murillo de abolir el pluralismo político, impedir una transición pacífica del poder o excluir permanentemente de la vida política a quienes consideren una amenaza para su permanencia en el gobierno.

El borrador también sostiene que las acciones del régimen, entre ellas el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial y del Legislativo, la presunta persecución y asesinatos extrajudiciales de nicaragüenses fuera del país, así como la apertura a actividades militares y de inteligencia de actores extrarregionales, representan una crisis política, de derechos humanos y migratoria que amenaza la paz y la estabilidad del hemisferio.

Estados Unidos argumenta que la consolidación de regímenes autoritarios favorece la inestabilidad regional, impulsa la migración forzada e incrementa la influencia de actores externos que, a su juicio, ponen en riesgo la seguridad de las Américas.

Ante este escenario, Washington propone activar el mecanismo contemplado en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA para convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, en la que los cancilleres analicen la situación de Nicaragua y evalúen posibles medidas colectivas frente al deterioro democrático en el país.

El proyecto de resolución aclara expresamente que la iniciativa no autoriza el uso de la fuerza militar, sino que busca promover una respuesta diplomática y política coordinada entre los Estados miembros de la organización.

De concretarse la convocatoria, Nicaragua volverá a ocupar un lugar prioritario en la agenda de la OEA en un momento de creciente presión internacional contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras las reformas que buscan eliminar las elecciones competitivas y consolidar un sistema de poder sin alternancia democrática.