Revelan que purga de abogados en Nicaragua fue ordenada meses antes de las inhabilitaciones

Una circular firmada el 19 de marzo de 2026 por el secretario técnico del Consejo Una circular interna de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), firmada tres meses antes de la purga masiva de abogados, revela que el Poder Judicial ya había ordenado impedir el acceso a los tribunales de quienes dejaran de aparecer como autorizados en el registro oficial.

La instrucción establecía que quien no figurara como autorizado o apareciera suspendido no recibiría ningún servicio judicial, una disposición que anticipó la purga ejecutada entre finales de junio y principios de julio, cuando cientos de abogados desaparecieron del Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos.

La circular, cuya copia comenzó a circular entre los profesionales afectados, instruye que ningún funcionario podrá recibir escritos, entregar documentos, brindar información sobre expedientes, programar audiencias o realizar cualquier gestión relacionada con procesos judiciales sin comprobar previamente el estatus del abogado.

"En caso de constatarse que no cuentan con autorización vigente o se encuentran suspendidos, no se les brindará ningún servicio", señala el documento.

Aunque oficialmente la medida fue presentada como un mecanismo para fortalecer la "seguridad jurídica" y garantizar que la representación legal fuera ejercida únicamente por profesionales autorizados, la disposición creó el procedimiento que posteriormente permitió bloquear el acceso de abogados a los tribunales sin necesidad de resoluciones judiciales o procesos disciplinarios públicos.

De acuerdo con algunos de los afectados nunca fueron sometidos a un proceso disciplinario y que, en algunos casos, recibieron notificaciones informándoles que quedaban inhabilitados de forma indefinida. Además, les ordenaron entregar sus sellos, protocolos notariales, carné profesional e incluso el título universitario.

"La decisión es ilegal e ilegítima"

El abogado nicaragüense en el exilio Yader Morazán sostiene que la depuración no tiene respaldo jurídico y responsabiliza directamente a las máximas autoridades del sistema judicial.

"¿Quién ordenó eliminar a los abogados y notarios públicos que no bailan sobre los muertos de la base de datos de profesionales activos? Hasta ahora nadie da la cara, no existe ningún proceso, ninguna resolución ni acto administrativo que lo justifique o le dé apariencia de proceso al menos", cuestionó.

Morazán aseguró que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial ni siquiera se encuentra plenamente constituido.

"Solo funciona el 'súper' coordinador, por lo que nadie con competencia real ha podido tomar esa decisión. Esta actuación es ilegal e ilegítima de origen", afirmó.

El jurista también advirtió que los jueces que aceptan de oficio estas inhabilitaciones podrían incurrir en responsabilidades legales.

"Los jueces que en procesos penales, civiles y administrativos la aceptan de oficio y desconocen la intervención de los abogados, están violando la Constitución y las leyes, a las cuales únicamente deben obediencia, y con ello se exponen a responsabilidades penales, civiles y administrativas (prevaricato)", expresó.

"Manipularon los sistemas informáticos"

Morazán afirmó además que la eliminación masiva se ejecutó sin informar siquiera al personal administrativo encargado del registro de abogados.

"Bien lo dijo el papa Francisco: 'La de Nicaragua es una dictadura guaranga (vulgar y mediocre)'. Al personal administrativo y operativo de la Corte, que diariamente maneja la acreditación, incorporación y suspensión de abogados y notarios, no le informaron que se trataba de una purga masiva. Simplemente manipularon los sistemas informáticos a sus espaldas y borraron a miles de profesionales sin aviso, sin proceso ni resolución alguna", denunció.