Régimen cambia abogados eliminados por defensores públicos sandinistas en los tribunales

La eliminación masiva de abogados del Registro de Abogados y Notarios Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comenzó a tener efectos inmediatos dentro de los tribunales nicaragüenses. Diversos abogados denunciaron que el Poder Judicial, controlado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, está revocando la representación legal que esos profesionales ejercían en procesos penales, civiles, mercantiles y de familia, sustituyéndolos por abogados de oficio designados por el Estado.

La medida ocurre pocos días después de que miles de abogados dejaran de aparecer en el registro oficial de la Corte Suprema, una decisión que, según los afectados, fue ejecutada sin notificación previa, sin procedimiento administrativo y sin resolución judicial que la respaldara.

El abogado Yader Morazán explicó a 100% Noticias que las nuevas actuaciones judiciales confirman que la eliminación de los profesionales del sistema no obedecía a un fallo técnico, como inicialmente se especuló.

"Esa resolución desmiente la versión que circulaba de que era un problema técnico del sistema. Lo que ahora se está materializando es una acción ejecutada por quienes tienen acceso al sistema informático de la Corte para suspender de facto a los abogados, sin que exista procedimiento alguno ni quejas disciplinarias", señaló.

Morazán afirmó que todos los abogados afectados comparten un perfil similar: personas consideradas críticas o no afines al oficialismo.

Según indicó, también recibió información de que la depuración podría ampliarse en los próximos días mediante nuevos listados elaborados desde las secretarías departamentales.

"Tengo entendido que se está trabajando en un listado para ampliar esas suspensiones. Se están señalando abogados que en algún momento manifestaron opiniones críticas o fueron considerados disidentes", afirmó.

Revocan defensas por "fuerza mayor"

El abogado exiliado Rudy Siles Espinoza confirmó que mantiene comunicación permanente con colegas que permanecen en Nicaragua y que varios de ellos comenzaron a recibir notificaciones oficiales informándoles que habían sido separados de los procesos judiciales que representaban.

Siles facilitó a 100% Noticias una cédula judicial en la que un tribunal comunica la cancelación del nombramiento de un abogado particular alegando motivos de "fuerza mayor".

La resolución dispone además que la representación legal será asumida por un abogado de oficio designado por el propio sistema judicial.

Para Siles, esta práctica constituye una grave violación del derecho de los ciudadanos a elegir libremente a quien los represente ante los tribunales.

"Lo que está ocurriendo en Nicaragua es muy grave. La dictadura envía cédulas judiciales de forma arbitraria para cancelar nombramientos particulares de abogados y reemplazarlos por abogados impuestos por el régimen", afirmó.

El jurista sostuvo que la decisión genera una profunda inseguridad jurídica porque paraliza procedimientos ya iniciados y rompe estrategias de defensa que en algunos casos habían sido preparadas durante meses.

Además, recordó que el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua y diversas disposiciones procesales reconocen el derecho de toda persona a contar con un abogado de su elección.

Clientes también resultan afectados

Para los especialistas consultados, las consecuencias trascienden el perjuicio sufrido por los abogados expulsados del registro.

Morazán explicó que muchos de los procesos afectados ya se encontraban próximos a juicio y contaban con estrategias jurídicas previamente definidas.

"Esto es más grave que quitarles el derecho al trabajo a los abogados. Estamos hablando del derecho a la defensa de miles de personas que ya habían contratado y pagado a un profesional específico para representarlos", indicó.

Añadió que algunos procesos podrían verse obligados a retroceder etapas procesales para permitir que nuevos defensores conozcan los expedientes, mientras que en otros casos los abogados de oficio asumirán directamente procesos avanzados sin haber participado en la construcción de la estrategia legal.

A juicio del abogado, estas actuaciones incluso podrían configurar delitos como abuso de autoridad o discriminación, aunque advirtió que hasta el momento ninguna autoridad judicial ha asumido públicamente la responsabilidad de ordenar las eliminaciones.

"Lo más preocupante es que nadie da la cara. No existe resolución, procedimiento ni autoridad que explique quién tomó esta decisión", manifestó.

Abogados de oficio sustituyen a defensores privados

Yader Valdivia, integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señaló que las denuncias recibidas por la organización confirman que numerosos procesos ya fueron reasignados a abogados de oficio.

Explicó que la decisión tiene un doble impacto: por un lado deja sin empleo a cientos o miles de profesionales y, por otro, coloca la representación legal de numerosos ciudadanos bajo control directo del Estado.

"El impacto no solo es político, también deja en indefensión a las personas que confiaban en esos abogados para defender sus derechos", afirmó.

Valdivia recordó que antes de 2018 los abogados de oficio ya enfrentaban cuestionamientos por la limitada capacidad institucional del sistema de defensa pública y sostuvo que ahora la situación genera mayores preocupaciones debido a la subordinación del Poder Judicial al oficialismo.

"Las personas que durante años confiaron en un abogado particular ahora deben aceptar una defensa impuesta por el Estado. Eso genera una enorme incertidumbre", señaló.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) afirmó que existen motivos razonables para considerar que el Gobierno de Nicaragua está privando sistemáticamente a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión.

El presidente del Grupo, Jan-Michael Simon, calificó la medida como una nueva escalada en el debilitamiento de la independencia judicial.

Además, los expertos advirtieron que la eliminación masiva de abogados no solo afecta a los profesionales, sino también al derecho de la población a acceder a una defensa independiente y a un juicio justo.

Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de Nicaragua no han emitido una explicación pública sobre las eliminaciones del registro, la revocación de defensas particulares ni el nombramiento de abogados de oficio para sustituir a los profesionales afectados.