Sandinistas y Putin pactan extradición expedita de presos

Con 91 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó este martes el Tratado de Extradición entre Nicaragua y la Federación de Rusia, así como el Tratado sobre el Traslado de Personas Condenadas para la Ejecución de Sentencias Penales Privativas de la Libertad, ambos firmados el pasado 5 de junio de 2026 en San Petersburgo. 

Durante la sesión parlamentaria, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez Mercado rechazó los cuestionamientos realizados por sectores críticos al acuerdo y sostuvo que el tratado "no tiene un tinte político o ideológico", sino que constituye una herramienta jurídica para combatir la delincuencia organizada transnacional.

"Se ha estado argumentando que supuestamente como Nicaragua ha venido desarrollando profundas y exitosas relaciones diplomáticas, consulares, políticas y de todo tipo con la hermana Federación de Rusia, entonces este tratado está en línea política porque somos hermanos. Mire, es lamentable incluso que profesionales del derecho lleguen a decir semejante barbaridad", afirmó el legislador durante su intervención en el plenario. 

Gutiérrez argumentó que Rusia mantiene tratados similares con gobiernos de distintas tendencias políticas, citando como ejemplo a Argentina, Ecuador, Panamá y Brasil, por lo que insistió en que el instrumento responde a estándares internacionales y no a afinidades ideológicas entre Managua y Moscú.

El diputado aseguró que los tratados de extradición son "plantillas internacionales" utilizadas por numerosos Estados para impedir que personas acusadas de delitos graves encuentren refugio en otros países.

"Nosotros no queremos que Nicaragua sea un refugio de criminales que se dediquen al narcotráfico, al blanqueo de capitales. Nicaragua tiene cero tolerancia con estos delitos", expresó.

También sostuvo que quienes cuestionan el tratado son personas que no desean combatir delitos como el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero o el terrorismo.

Sin embargo, más allá del discurso político presentado durante el debate parlamentario, el texto del tratado incorpora un cambio institucional que fortalece las funciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), organismo que será la autoridad central encargada de tramitar las solicitudes de extradición entre Nicaragua y Rusia. 

El artículo 3 del tratado establece expresamente que "las Autoridades Centrales autorizadas para ejecutar este Tratado" serán, por Nicaragua, la Procuraduría General de Justicia de la República de Nicaragua y, por Rusia, la Procuraduría General de la Federación de Rusia. Además, ambas instituciones podrán comunicarse directamente para ejecutar las solicitudes previstas en el acuerdo. 

Esta disposición supone que será la Procuraduría, y no la Corte Suprema de Justicia, la institución encargada de canalizar las solicitudes, coordinar el intercambio de documentación y notificar las resoluciones relacionadas con los procesos de extradición.

El fortalecimiento de la PGJ ocurre, especialmente después de las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo en 2025, que también redujeron las competencias y autonomía de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque la decisión final sobre una solicitud dependerá de la legislación interna aplicable, el tratado convierte a la Procuraduría en el principal enlace institucional entre ambos gobiernos para todos los procedimientos relacionados con extradiciones. El documento también faculta a esa entidad para coordinar directamente con las autoridades rusas el intercambio de información y la entrega de personas reclamadas. 

El tratado contempla que podrán solicitarse extradiciones para procesar penalmente a una persona o para ejecutar condenas firmes, siempre que el delito sea castigado en ambos países con penas privativas de libertad superiores a un año.

Asimismo, establece causas para negar una extradición, entre ellas que la persona reclamada sea nacional del Estado requerido, que exista riesgo de persecución por razones políticas, religiosas, étnicas o de nacionalidad, que el delito haya prescrito o que pueda imponerse la pena de muerte sin garantías suficientes de que no será ejecutada. 

Durante el debate parlamentario, otros diputados oficialistas defendieron el acuerdo argumentando que Nicaragua mantiene tratados similares con numerosos países y que el instrumento fortalece la cooperación internacional en materia penal. 

La aprobación del tratado se produjo sin oposición dentro del Parlamento, donde el Frente Sandinista mantiene mayoría absoluta.

Además del tratado de extradición, los diputados aprobaron el convenio sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales privativas de libertad, que permitirá que ciudadanos nicaragüenses condenados en Rusia o ciudadanos rusos condenados en Nicaragua puedan cumplir sus penas en su país de origen, siempre que ambas partes acepten la transferencia y se cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo. 

Con la ratificación legislativa, ambos instrumentos quedan pendientes únicamente de los procedimientos diplomáticos previstos para su entrada en vigor. Entretanto, la Procuraduría General de Justicia asumirá un papel central en la cooperación judicial bilateral con Rusia, consolidando un nuevo ámbito de competencias para una institución que en los últimos años ha incrementado su influencia dentro de la estructura estatal nicaragüense.