ONU: revocación masiva de credenciales destruye la independencia judicial en Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas denunció este lunes la revocación masiva de credenciales profesionales a abogados y notarios por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una medida que, según el organismo, representa una nueva escalada contra la independencia judicial y el acceso a la justicia en el país.

En un pronunciamiento divulgado desde Ginebra y Panamá, el grupo señaló que existen motivos razonables para creer que el Gobierno nicaragüense está retirando de forma sistemática las licencias para ejercer a numerosos profesionales del derecho, sin ofrecer notificaciones previas, fundamentos legales ni procedimientos administrativos.

Según el organismo, la mayoría de los afectados descubrió que había sido excluida del registro oficial cuando intentó ingresar a los tribunales, presentar escritos judiciales o consultar sus datos en el sistema digital de la Corte Suprema de Justicia, donde sus nombres ya no aparecían.

"En la última semana se han acumulado pruebas que ofrecen motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua está privando sistemáticamente a numerosos abogados de sus licencias para ejercer", afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.

El especialista sostuvo que la medida representa una profundización de la crisis institucional que enfrenta el sistema judicial nicaragüense.

"Hemos condenado reiteradamente la injerencia del Gobierno de Nicaragua en el poder judicial, pero la eliminación de una gran parte de la profesión jurídica supone una nueva escalada", expresó.

El Grupo recordó que la presión contra abogados independientes no comenzó recientemente. Según el informe, desde 2023 las autoridades suspendieron de manera arbitraria y permanente a por lo menos 28 abogados, mientras que a otros profesionales se les negó la renovación obligatoria de sus autorizaciones notariales de cinco años, conocidas como "quinquenios", impidiéndoles continuar ejerciendo funciones notariales.

Para los expertos, las recientes revocaciones forman parte de un proceso más amplio de reestructuración del sistema judicial iniciado en octubre de 2023, cuando la Policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente fueron destituidos altos funcionarios judiciales.

Desde entonces, de acuerdo con el organismo, ocho magistrados abandonaron sus cargos —ya fuera por renuncia o destitución— y más de mil trabajadores del Poder Judicial fueron despedidos.

El Grupo de Expertos también vinculó esta situación con las reformas constitucionales aprobadas en 2025, mediante las cuales el Poder Judicial dejó de ser reconocido como un poder independiente del Estado y pasó a ser definido constitucionalmente como un órgano coordinado por la Presidencia de la República.

Además, esas reformas redujeron de 16 a 10 el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyos nombramientos son propuestos por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El experto Reed Brody calificó la eliminación masiva de abogados como un nuevo golpe contra la independencia judicial.

"Esta purga silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia judicial en Nicaragua: primero fueron a por los jueces, ahora van a por los abogados", afirmó.

Añadió que las normas internacionales establecen que ningún abogado puede ser inhabilitado para ejercer sin un procedimiento imparcial.

"Las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser inhabilitado para ejercer la abogacía sin una audiencia justa ante un órgano independiente. Aquí no hubo audiencia ni órgano independiente; bastó con la tecla de borrar", señaló.

El organismo advirtió que cualquier interferencia arbitraria en las credenciales profesionales afecta directamente el funcionamiento de la administración de justicia y limita el derecho de la población a contar con representación legal.

Según el informe, la eliminación de abogados y notarios de los registros oficiales puede impedir que ciudadanos presenten demandas, realicen trámites jurídicos o ejerzan adecuadamente su derecho a la defensa ante los tribunales.

Entre los afectados, añadió el Grupo, figuran exmagistrados, abogados que actualmente viven en el exilio, antiguos miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional y otros profesionales sin una afiliación política conocida.

La experta Ariela Peralta recordó que los abogados han sido uno de los sectores más afectados por la persecución política desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018.

"Los abogados han sido víctimas de persecución política en Nicaragua desde 2018. Se han enfrentado a amenazas, hostigamiento, detenciones y el exilio. Se les ha negado sistemáticamente el acceso a sus clientes y, ahora, al ejercicio mismo de la profesión", manifestó.

El Grupo de Expertos concluyó que la revocación masiva de licencias constituye una medida con graves consecuencias para el derecho a un juicio justo, el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de la población nicaragüense.

Hasta el momento, el Gobierno de Nicaragua no ha emitido una respuesta pública al pronunciamiento del Grupo de Expertos de la ONU ni a las denuncias relacionadas con la eliminación masiva de abogados y notarios del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia.