RSF: Nicaragua, mal ejemplo global de represión contra la prensa libre

Reporteros Sin Fronteras (RSF) identifica a Nicaragua como uno de los casos más representativos del uso de la legislación sobre seguridad nacional para perseguir a periodistas, restringir la libertad de prensa y ampliar la represión mediante el exilio y la desnacionalización.

En su informe "National Security as a Weapon Against Journalism", publicado en julio de 2026, la organización sostiene que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo recurrió a la Ley 1055, la pérdida de nacionalidad y la Ley de Agentes Extranjeros como parte de un marco legal utilizado para limitar el periodismo independiente y reducir el espacio cívico.

El informe de Reporteros Sin Fronteras analiza la creciente tendencia mundial de utilizar el argumento de la seguridad nacional para justificar restricciones al trabajo periodístico. A lo largo de sus distintos capítulos documenta casos registrados en Asia, Europa, África, Medio Oriente y América Latina.

Dentro del apartado dedicado a América Latina, Nicaragua ocupa un lugar central.

RSF afirma que, en la región, históricamente los conceptos de seguridad nacional estuvieron asociados a la persecución de supuestos enemigos internos y, más recientemente, a la lucha contra el crimen organizado. En ese contexto, señala que las acusaciones de traición son utilizadas para presionar, desacreditar o criminalizar a periodistas que investigan asuntos de interés público relacionados con instituciones de seguridad o actores armados.

El informe añade que esta práctica resulta "especialmente evidente en Nicaragua", donde, según la organización, el autoritarismo se profundizó de manera significativa después de febrero de 2023.

Al ubicar a Nicaragua dentro de un análisis comparado con otros países, RSF presenta el caso nicaragüense como uno de los ejemplos más visibles de cómo la legislación vinculada a la seguridad nacional puede convertirse en una herramienta para restringir la libertad de prensa.

La Ley 1055 y la figura de "traición a la patria"

De acuerdo con RSF, tras la expulsión de los 222 presos políticos, el régimen los declaró públicamente "traidores a la patria" al amparo de la Ley 1055. Esta norma, según el informe, forma parte del andamiaje jurídico que Nicaragua ha utilizado para calificar a opositores, periodistas y voces críticas como amenazas a la seguridad del Estado.

El informe detalla que, posteriormente, el gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional y aprobó una legislación específica: la Ley No. 1145, sobre pérdida de la nacionalidad. Esta norma permite despojar de la ciudadanía y de los derechos civiles a cualquier persona designada como "traidora a la patria", una calificación que, según RSF, ha recaído también sobre profesionales de la prensa.

RSF enmarca este mecanismo dentro de una tendencia más amplia identificada en el informe: la ampliación progresiva de la definición de seguridad nacional hasta convertirla en una herramienta política capaz de anular derechos básicos de los ciudadanos, incluida la identidad legal y la pertenencia al Estado.

Despojo de nacionalidad

El hallazgo más significativo que RSF documenta sobre Nicaragua es de carácter estadístico. Según el informe, un estudio de 2026 elaborado por RSF España y Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) determinó que el 15.2% de los periodistas nicaragüenses exiliados encuestados había sido despojado de su nacionalidad.

Este dato, citado directamente en el documento, es presentado por RSF como evidencia concreta de que la desnacionalización no es un fenómeno aislado, sino una práctica sistemática dentro del exilio periodístico nicaragüense. El informe utiliza esta cifra para ilustrar cómo la seguridad nacional, en el caso nicaragüense, ha trascendido el ámbito penal para convertirse en un mecanismo de exclusión ciudadana.

Leyes contra la prensa

Además de la Ley 1055 y la Ley 1145, el informe de RSF identifica otras herramientas legales empleadas por el Estado nicaragüense para restringir el trabajo periodístico. Entre ellas menciona la ley de agentes extranjeros, aprobada en 2020, que obliga a personas y organizaciones que reciben financiamiento externo a registrarse ante el gobierno, en condiciones que —según RSF— limitan seriamente su participación en el debate público.

El documento vincula esta legislación con una tendencia internacional más amplia: la expansión de leyes de "agentes extranjeros" inspiradas en el modelo ruso, adoptado originalmente por el Kremlin en 2012. RSF señala que este tipo de normativa se ha replicado en distintos países, incluyendo Nicaragua, como parte de lo que el informe describe como una difusión de "malas prácticas" entre gobiernos con tendencias autoritarias.

El informe agrega que Nicaragua también recurre a la Ley Especial de Ciberdelitos, vigente desde diciembre de 2020, para controlar la circulación de información en línea e iniciar procesos administrativos o penales contra voces críticas. Esta norma, de acuerdo con RSF, criminaliza conceptos definidos de manera vaga, como la difusión de "noticias falsas", la "incitación al odio" y las "amenazas a la estabilidad", lo que permite enmarcar contenidos periodísticos como riesgos para la seguridad del Estado.

Represión que alcanza a las familias

RSF documenta que la persecución contra periodistas nicaragüenses no se limita a quienes ejercen la profesión desde el exilio. El informe advierte que los familiares de periodistas exiliados en Nicaragua continúan siendo objeto de vigilancia, cuestionamientos por parte de las autoridades y presión administrativa.

Este componente es incorporado por RSF dentro del fenómeno más amplio de la represión transnacional, un capítulo del informe dedicado a explicar cómo los Estados autoritarios extienden su alcance más allá de las fronteras para castigar a periodistas que ya no residen en su territorio. Según el documento, Nicaragua figura junto a El Salvador como uno de los países donde esta práctica de presión indirecta sobre las familias ha sido documentada de forma recurrente.

RSF sostiene que este tipo de acciones busca silenciar el trabajo periodístico mediante el temor, el aislamiento y el castigo colectivo, afectando no solo al periodista exiliado, sino también a su entorno familiar más cercano.

Contexto internacional

El informe de RSF no se limita al caso nicaragüense. El documento analiza decenas de países donde gobiernos —tanto autoritarios como democráticos— han recurrido al argumento de la seguridad nacional para restringir la libertad de prensa, desde China y Rusia hasta Estados Unidos, Israel y varios países de África y Asia.

Sin embargo, dentro de ese panorama global, Nicaragua es presentada por RSF como uno de los ejemplos más evidentes de cómo la seguridad nacional puede convertirse en un instrumento jurídico integral: capaz de encarcelar, exiliar y, en última instancia, desnacionalizar a periodistas y a otros ciudadanos considerados críticos del poder.

Según el informe de Reporteros Sin Fronteras, el caso de Nicaragua ilustra de manera contundente cómo la legislación de seguridad nacional puede transformarse en un mecanismo para restringir la libertad de expresión, criminalizar el ejercicio del periodismo independiente y ampliar la persecución estatal más allá de las fronteras, mediante el exilio forzado, la pérdida de la nacionalidad y la presión sostenida contra las familias de los comunicadores.