Sindicatos sandinistas intentan contener el malestar por eliminación de horas extras

La decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de eliminar el pago de horas extras a los trabajadores del Estado sigue provocando un creciente descontento dentro de las instituciones públicas. Según información obtenida por 100% Noticias, los sindicatos afines al Frente Sandinista recibieron la orientación de reunirse de urgencia con los empleados para intentar contener las protestas y reducir el malestar generado por la medida.

De acuerdo con fuentes estatales, en ministerios, alcaldías y otras dependencias públicas se han realizado encuentros entre dirigentes sindicales y trabajadores inconformes, quienes califican la eliminación de las horas extras como una decisión “injusta” e “ilegal”, al considerar que representa una reducción directa de sus ingresos sin previo aviso ni negociación. Las fuentes aseguran que el reclamo ha sido generalizado, especialmente entre quienes dependen de esas remuneraciones para completar el presupuesto familiar en medio del aumento del costo de la vida.

Como argumento para justificar la medida, los representantes sindicales oficialistas afirman que el “buen Gobierno” necesita destinar esos recursos a la construcción de nuevas carreteras y otras obras públicas. Sin embargo, especialistas en finanzas públicas recuerdan que gran parte de la inversión vial en Nicaragua no se financia con recursos provenientes de la planilla estatal, sino con préstamos y créditos otorgados por organismos financieros internacionales. Diversos informes oficiales muestran que alrededor del 60% de los proyectos de construcción y mantenimiento de carreteras han sido financiados mediante créditos externos.

El descontento también se alimenta porque esta decisión se suma a otro descuento aplicado este mismo año a los empleados públicos: el denominado aporte o “impuesto partidario”, una contribución que, según denuncias de trabajadores, es descontada de sus salarios para actividades vinculadas al Frente Sandinista. Para muchos empleados estatales, la combinación de ambos recortes representa una nueva carga económica que reduce aún más su poder adquisitivo.

Trabajadores consultados bajo condición de anonimato afirman que existe temor a expresar públicamente su inconformidad por posibles represalias laborales. No obstante, sostienen que el malestar es creciente y que la explicación ofrecida por los sindicatos no ha logrado convencer a la mayoría de los empleados, quienes consideran que nuevamente son ellos quienes terminan asumiendo el costo de las decisiones económicas del régimen.