Informe de expertos de la ONU concluye que el régimen utiliza el género como herramienta de represión en Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas presentó este 18 de junio en Ginebra un informe en el que concluye que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado el género como una herramienta de represión, control político, humillación y silenciamiento contra mujeres y personas LGBTIQ+ desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018.

El documento titulado “Nicaragua: la represión en clave de género” señala que cientos de defensoras de derechos humanos, feministas, periodistas, mujeres del colectivo LGBTIQ+, lideresas políticas, comunitarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como familiares de personas opositoras, han sido víctimas de discriminación, agresiones y persecución política alimentadas por estereotipos de género y prejuicios sociales.

La ONU denuncia uso de violencia sexual y estereotipos de género

Entre los principales hallazgos, el informe concluye que las autoridades han utilizado deliberadamente los estereotipos de género, la manipulación de los roles de cuidado y diversas formas de violencia sexual para castigar a quienes disienten del Gobierno.

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En particular, documenta prácticas como insultos sexistas, amenazas contra la maternidad, desnudez forzada, acoso sexual y otras formas de violencia dirigidas a mujeres y personas LGBTIQ+ que participan en la vida pública, el activismo social o la defensa de los derechos humanos.

“Las autoridades promueven un modelo tradicional de mujer asociado a la maternidad, la familia y la obediencia, mientras estigmatizan a las mujeres disidentes como amenaza para el orden social. Esta narrativa ha servido para justificar ataques contra mujeres que ejercen liderazgo público o defienden los derechos humanos”, señala parte del resumen ejecutivo del informe.

Contradicción entre el discurso oficial y la realidad

El Grupo de Expertos también identifica una profunda contradicción entre el discurso oficial sobre igualdad de género y las condiciones que enfrentan las mujeres en Nicaragua.

Aunque el Gobierno destaca la participación femenina en espacios políticos e institucionales, el informe sostiene que dicha representación ocurre dentro de estructuras altamente centralizadas y controladas, con escasa autonomía para quienes ocupan esos cargos.

Según el documento, mientras se promueve públicamente una imagen de igualdad y empoderamiento, se mantiene un modelo que privilegia la obediencia y desalienta las expresiones independientes de liderazgo femenino.

Activistas y familiares fueron blanco de la represión

La investigación también destaca el impacto diferenciado de la represión estatal sobre mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, lideresas comunitarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

El informe documenta casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros abusos cometidos contra mujeres que desempeñaron un papel activo durante las protestas y las demandas de justicia surgidas a partir de 2018.

Asimismo, señala que familiares de personas opositoras también fueron objeto de represalias, incluyendo vigilancia, hostigamiento, separación forzada de sus seres queridos y tratos degradantes durante visitas a centros de detención.

Cancelación de ONG debilitó redes de protección

Otro de los hallazgos apunta a la cancelación de cerca de 300 organizaciones de mujeres y del colectivo LGBTIQ+, una medida que, según los expertos, provocó la desaparición de espacios fundamentales de protección, acompañamiento y denuncia.

El informe sostiene que muchas de estas organizaciones brindaban asistencia legal, apoyo psicosocial, servicios comunitarios y atención en salud sexual y reproductiva.

La eliminación de estas entidades, agrega el documento, afectó de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, especialmente a quienes dependían de estos servicios para enfrentar situaciones de violencia de género, pobreza, exclusión social o conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.

Para los expertos de Naciones Unidas, el cierre masivo de estas organizaciones no solo limitó el acceso a servicios esenciales, sino que también debilitó las redes comunitarias de cuidado y asistencia que sostenían a miles de personas en distintas regiones del país.