La oposición nicaragüense logra colocar nuevamente el tema de Nicaragua en la agenda de una OEA en agonía
La Organización de los Estados Americanos (OEA) volverá a debatir la situación de Nicaragua durante su Asamblea General, con una declaración que denuncia graves violaciones a los derechos humanos, exige la liberación de presos políticos y mantiene bajo escrutinio internacional al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
La Organización de los Estados Americanos (OEA) se prepara para discutir una nueva declaración sobre la situación de Nicaragua que eleva el tono de las críticas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al señalar graves violaciones de derechos humanos, el debilitamiento de la democracia y la persistencia de prácticas como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el destierro de ciudadanos nicaragüenses.
El documento, elaborado por el Consejo Permanente y fechado el 16 de junio de 2026, será considerado durante el 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Aunque no contempla sanciones directas ni medidas coercitivas inmediatas, representa una nueva condena política y diplomática contra el régimen nicaragüense.
La declaración expresa "profunda preocupación" por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y por lo que describe como un socavamiento sistemático del orden democrático, la separación de poderes y el cierre de los espacios cívicos.
Posibles crímenes de lesa humanidad
Uno de los puntos más significativos del texto es que retoma conclusiones de organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas, según las cuales algunas de las violaciones documentadas podrían constituir, prima facie, crímenes de lesa humanidad.
La OEA también condena las violaciones sistemáticas de derechos humanos registradas por mecanismos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El proyecto exhorta además al Estado nicaragüense a cumplir sus obligaciones internacionales y a adoptar medidas que permitan el ejercicio legítimo y democrático del poder.
Presos políticos y desapariciones forzadas
La declaración urge a Nicaragua a liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo aquellas sometidas a desaparición forzada o cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Asimismo, condena expresamente el uso de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura, prácticas que han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales durante los últimos años.
Brooklyn Rivera se convierte en un caso hemisférico
Otro de los elementos más relevantes del documento es la referencia a la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera mientras se encontraba bajo custodia estatal.
La OEA expresa profunda preocupación por su fallecimiento pese a que contaba con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo también manifiesta inquietud por denuncias de represalias contra familiares y miembros de la comunidad de Rivera.
La inclusión de este caso en una declaración de la Asamblea General coloca la muerte del dirigente indígena dentro de la agenda hemisférica de derechos humanos.
Nacionalidad, exilio y confiscaciones
El texto también aborda uno de los temas más sensibles para miles de nicaragüenses exiliados: la desnacionalización y las confiscaciones.
La OEA insta al gobierno nicaragüense a cesar las acciones destinadas a privar a ciudadanos de su nacionalidad y a garantizar el retorno seguro de quienes se encuentran en el exilio y desean regresar al país.
Además, solicita la restitución de la nacionalidad y de la identidad jurídica a quienes fueron despojados de ellas, así como mecanismos efectivos de reparación por bienes confiscados.
Libertad religiosa, prensa y sociedad civil
La declaración reafirma la importancia de proteger la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como el funcionamiento libre e independiente de los medios de comunicación.
También exhorta al Estado de Nicaragua a respetar la libertad religiosa y poner fin a actos de persecución, hostigamiento o restricciones contra líderes religiosos y comunidades de fe.
La crisis nicaragüense sigue en la agenda regional
Aunque el documento no establece sanciones automáticas ni nuevas medidas económicas, sí fortalece el expediente internacional sobre Nicaragua y mantiene viva la discusión dentro del sistema interamericano.
La declaración solicita que el Consejo Permanente continúe monitoreando la situación del país e informando a la Asamblea General sobre nuevos acontecimientos.
Además, incluye un llamado para que Nicaragua regrese a la OEA, reiterando la disposición de los Estados miembros a facilitar ese proceso dentro de los principios establecidos por la Carta Democrática Interamericana.
La iniciativa confirma que, pese a la salida formal de Nicaragua del organismo, la situación de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales en el país continúa siendo objeto de seguimiento y preocupación por parte de los gobiernos del continente.
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