Brooklyn Rivera y otros presos políticos llevan nuevamente a Nicaragua al centro del debate europeo

La crisis de derechos humanos en Nicaragua volverá esta semana a la agenda del Parlamento Europeo, que debatirá y votará una nueva resolución sobre la situación de los presos políticos bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Parlamento Europeo examinará el próximo miércoles 17 de junio varios casos emblemáticos de presos políticos en Nicaragua y votará una resolución al día siguiente jueves, 18 de junio sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en el país.

Los eurodiputados centrarán su atención en los casos del exmilitar Carlos Brenes y su esposa, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, quienes fueron detenidos en agosto de 2025, posteriormente condenados y desde entonces permanecen ilocalizables para sus familiares.

También analizarán el caso de Brooklyn Rivera, reconocido líder indígena miskitu, detenido en 2023 y cuyo fallecimiento bajo custodia fue reportado en mayo pasado tras permanecer durante meses sin que sus allegados tuvieran información sobre su estado o paradero.

Se trata de la segunda ocasión durante la actual legislatura europea, iniciada en julio de 2024, en que el Parlamento Europeo aborda formalmente la situación de Nicaragua. En febrero de 2025, la institución aprobó una resolución en la que condenó la represión ejercida por el régimen de Ortega y Murillo contra defensores de derechos humanos, opositores políticos y comunidades religiosas.

En aquella resolución, el Parlamento Europeo denunció que desde 2018 la dictadura ha desarrollado una persecución sistemática y arbitraria contra voces críticas del régimen. Los eurodiputados señalaron que más de 5,600 organizaciones no gubernamentales han sido canceladas, incluyendo numerosas organizaciones religiosas, principalmente vinculadas a la Iglesia católica.

El documento también denunció el uso del destierro, la desnacionalización y la apatridia como herramientas de represión política. Según la resolución, opositores, activistas y defensores de derechos humanos han sido expulsados del país, privados de su nacionalidad y despojados de sus derechos políticos.

Asimismo, el Parlamento Europeo recordó que desde 2018 al menos 245 miembros del clero han sido detenidos, expulsados o forzados al exilio, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, considerado uno de los símbolos de la persecución religiosa en Nicaragua.

Los eurodiputados también expresaron preocupación por la reforma constitucional aprobada en enero de 2025, mediante la cual Ortega y Murillo consolidaron un modelo de copresidencia que concentra el control sobre todos los poderes del Estado, instituciones independientes y medios de comunicación.

En su resolución de febrero, el Parlamento Europeo exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, el restablecimiento del Estado de Derecho y el respeto a los derechos de los nicaragüenses exiliados, incluido su retorno seguro al país.

La institución europea también pidió ampliar las sanciones internacionales contra los principales responsables de la represión, incluyendo a Daniel Ortega, Rosario Murillo y su círculo cercano. Además, instó a los Estados miembros de la Unión Europea a promover investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.

La nueva discusión parlamentaria prevista para el 17 y 18 de junio busca mantener la presión internacional sobre el régimen nicaragüense y exigir respuestas sobre la situación de los presos políticos cuyos familiares denuncian desapariciones, falta de información oficial y restricciones al acceso a la justicia.