Marco Rubio: “EEUU ya no permitirá regímenes marxistas-leninista en el hemisferio occidental” Mensaje a Cuba y Nicaragua
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una dura advertencia contra los regímenes aliados de Cuba, entre ellos Nicaragua, al afirmar que Washington ya no permitirá la expansión de gobiernos marxista-leninistas en el hemisferio occidental. Sus declaraciones acompañan una nueva ronda de sanciones dirigidas contra la cúpula política, militar y familiar del régimen cubano.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos ya no permitirá que gobiernos marxistas-leninistas continúen expandiendo su influencia en el hemisferio occidental, una declaración que apunta no solo contra Cuba, sino también contra regímenes aliados como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
"La Administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio que busquen amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos y participar en operaciones de influencia para exportar su venenosa y perversa 'revolución' a nuestro país y al resto del mundo", afirmó Rubio al anunciar nuevas acciones contra el aparato político y económico de La Habana.
Sus declaraciones representan una de las advertencias más contundentes emitidas hasta ahora por Washington hacia los gobiernos autoritarios de la región y anticipan una política más agresiva frente a los aliados del régimen cubano, entre ellos Nicaragua.
Rubio justificó las sanciones argumentando que durante décadas el gobierno cubano ha desempeñado un papel activo en la promoción y respaldo de movimientos radicales en América Latina. "Durante décadas, Cuba ha sido la capital mundial del terrorismo de izquierda radical. El régimen de La Habana ha reclutado, entrenado y apoyado movimientos marxistas violentos y tercermundistas en todo nuestro hemisferio y más allá", sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.
Según Rubio, el objetivo de las nuevas sanciones es desmantelar las estructuras que permiten financiar y sostener las operaciones de influencia impulsadas desde La Habana. "Hoy apuntamos a la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba", afirmó. Bajo esa premisa, Washington sancionó al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia Amistur Cuba S.A., los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la empresa minera La Victoria S.A.
El secretario de Estado también lanzó una advertencia a empresas, bancos e instituciones financieras que mantengan vínculos con las entidades sancionadas. "Cualquier persona que preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades deben congelar dichas actividades", declaró.
Washington apunta al núcleo de la élite gobernante
Estas declaraciones fueron emitidas por Rubio luego de quer la administración de Donald Trump elevó la presión sobre el régimen cubano al imponer sanciones contra familiares directos de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, una medida que golpea al círculo más íntimo de quienes controlan el poder político en la isla.
Las sanciones alcanzan a Lis Cuesta, esposa de Díaz-Canel; Manuel Anido Cuesta, hijastro del gobernante cubano; Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro; y otros familiares y personas vinculadas a la estructura de poder del régimen.
La decisión también incluye sanciones contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia de viajes Amistur y la empresa minera La Victoria S.A.
Según explicó el secretario de Estado Marco Rubio, las medidas buscan afectar a quienes respaldan las actividades que, según Washington, amenazan la seguridad nacional estadounidense.
María Elvira Salazar respalda las sanciones
Las medidas fueron respaldadas por la congresista cubanoestadounidense María Elvira Salazar, quien consideró que las sanciones representan un cambio importante porque ya no se enfocan únicamente en los principales dirigentes del régimen.
"Esto es exactamente lo que debía pasar. La dictadura cubana no es solo Raúl Castro y Díaz-Canel. Es toda una maquinaria de familiares, cómplices, represores e instituciones que llevan décadas sosteniendo un sistema que le ha robado la libertad al pueblo cubano", expresó la legisladora.
Salazar destacó que las nuevas sanciones alcanzan a familiares directos del poder político, así como a organizaciones consideradas esenciales para el control social y militar del país.
"Por eso estas sanciones son tan importantes. No solo alcanzan a Díaz-Canel, sino también a su esposa, al círculo cercano de la familia Castro, a los CDR y al aparato militar que mantiene a la dictadura en el poder", sostuvo.
La congresista afirmó que la presión internacional debe dirigirse contra toda la estructura que sostiene al régimen.
"La presión no puede caer sobre un solo hombre. Tiene que caer sobre todos los que sostienen al régimen", concluyó.
Futuro político de Cuba
Uno de los elementos más llamativos revelados por medios estadounidenses es que la administración Trump habría identificado diferencias dentro de la propia estructura de poder cubana.
De acuerdo con información divulgada por El Nuevo Herald, Washington considera a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y figura influyente dentro de los aparatos de seguridad del Estado, como un obstáculo para cualquier eventual apertura política o transición en la isla.
Al mismo tiempo, reportes señalan que Estados Unidos habría seleccionado como interlocutor para eventuales conversaciones a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
La decisión ha sido interpretada por algunos analistas como una señal de que Washington intenta influir en los escenarios de sucesión y transición dentro del régimen cubano.
Presión sobre el régimen
Las nuevas sanciones se suman a medidas anteriores contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas y considerado uno de los principales pilares económicos del régimen.
Washington sostiene que estas acciones buscan aumentar el costo político y económico para la élite gobernante mientras continúan las denuncias por represión, falta de libertades políticas y persecución contra opositores.
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