Investigadores de la ONU comparan abusos del régimen Ortega con prácticas del nazismo

Las violaciones a los derechos humanos atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua alcanzaron un nivel de gravedad que llevó a investigadores de las Naciones Unidas a establecer paralelismos con algunas de las prácticas implementadas por la Alemania nazi durante el régimen de Adolf Hitler.

La contundente comparación fue realizada por Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua designado por la ONU, quien sostuvo que varios mecanismos utilizados por el aparato estatal nicaragüense para perseguir, castigar y excluir a opositores políticos guardan similitudes con los hechos documentados durante los juicios de Núremberg. 

La investigación internacional concluyó que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios de su gobierno habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Entre las acciones documentadas figuran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y el uso de instituciones estatales para reprimir a la disidencia. 

Según Simon, uno de los elementos más preocupantes identificados por los expertos es la utilización del sistema judicial como una herramienta política para castigar a quienes son percibidos como adversarios del régimen.

“La instrumentalización del sistema judicial contra opositores políticos, como se hace en Nicaragua, es exactamente lo que hizo el régimen nazi”, afirmó el experto durante la presentación de los hallazgos de la investigación. 

El investigador también señaló similitudes en la práctica de privar de la nacionalidad a ciudadanos considerados enemigos del gobierno, una medida que Nicaragua aplicó contra cientos de opositores, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

“La desposesión masiva de la nacionalidad y la expulsión del país: esto es exactamente lo que también hicieron los nazis”, sostuvo Simon. 

Las conclusiones de la ONU se producen en un contexto marcado por la represión iniciada tras las protestas cívicas de abril de 2018, cuando cientos de miles de nicaragüenses salieron a las calles para exigir reformas democráticas y rechazar cambios en el sistema de seguridad social.

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De acuerdo con el informe, el gobierno respondió desplegando una estrategia coordinada entre la Policía Nacional y grupos armados afines al oficialismo para desmantelar las protestas. Los expertos documentaron operaciones represivas que dejaron centenares de muertos y numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales. 

Los investigadores analizaron decenas de casos y concluyeron que agentes estatales y grupos progubernamentales actuaron de manera coordinada durante la represión. Además, identificaron una estructura institucional orientada a perseguir a opositores mediante el uso combinado de la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Policía, el sistema penitenciario y otras instituciones públicas. 

“El Estado nicaragüense, de hecho, ha instrumentalizado prácticamente todas las instituciones del Estado en términos de control y represión”, indicó Simon. 

La investigación también advierte que las violaciones no se limitaron a los acontecimientos de 2018, sino que continuaron en los años posteriores mediante detenciones arbitrarias, encarcelamientos políticos, restricciones a las libertades civiles y persecución contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos. 

Expertos en derechos humanos consideran que la documentación recopilada por Naciones Unidas podría servir como base para futuras acciones judiciales internacionales bajo el principio de jurisdicción universal, mecanismo que permite procesar delitos de lesa humanidad independientemente del lugar donde fueron cometidos. 

La investigación también fue recibida como una validación de las denuncias realizadas durante años por víctimas y organizaciones de derechos humanos.

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El ex preso político Juan Sebastián Chamorro afirmó que el informe representa un reconocimiento internacional de los abusos denunciados desde 2018.

“Eso significa que se ha acumulado más evidencia que puede usarse en un futuro tribunal internacional”, señaló.

Con información The New York Times