¿Quién será el próximo? Familias exigen pruebas de vida tras muerte de Rivera

Tras la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera bajo custodia estatal, familiares de presos políticos desaparecidos y organismos de derechos humanos advierten que otros detenidos podrían correr la misma suerte si el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa negando información sobre su paradero, estado de salud y condiciones de detención. La preocupación ha aumentado debido a que varios presos permanecen en desaparición forzada, sin comunicación con sus familias y sin pruebas de vida verificables.

En un comunicado divulgado este 3 de junio, familiares de personas desaparecidas y presas políticas responsabilizaron al régimen por la muerte de Rivera y alertaron que existen otros detenidos en condiciones de alto riesgo, especialmente adultos mayores con enfermedades crónicas que permanecen incomunicados desde hace meses o años. 

Los familiares calificaron el fallecimiento de Rivera como el resultado de una política sistemática de desaparición forzada, incomunicación y abandono deliberado.

“Su muerte no es un hecho aislado: es el resultado predecible de una política sistemática de desaparición, incomunicación y abandono deliberado”, señalaron en el documento. 

Temen por la vida de otros desaparecidos

El comunicado menciona particularmente los casos de Víctor Boitano Coleman, de 65 años; Steadman Fagoth Muller, de 72 años; Salvadora Martínez Aburto, de 68 años; Carlos Brenes Sánchez, de 71 años; y Jaime Enrique Navarrete Blandón, quienes, según sus familiares, permanecen en condiciones de vulnerabilidad extrema. 

Los denunciantes aseguran que, al igual que ocurrió con Brooklyn Rivera, las autoridades no han proporcionado información verificable sobre su estado de salud ni han permitido comunicación regular con sus seres queridos.

“Todo esto nos lleva a pensar: ¿De quién serán las próximas fotos en un hospital en estado agonizante? ¿En qué momento nos llamarán para decirnos que nuestro familiar ha fallecido?”, cuestionaron los familiares. 

Además, solicitaron acceso médico independiente para los detenidos, incluyendo la participación de organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, así como pruebas de vida verificables y libres de control estatal. 

También demandaron la liberación inmediata de todos los presos políticos y denunciaron que fotografías o videos producidos bajo supervisión oficial no constituyen pruebas de vida confiables. 

Mecanismo exige verdad y rendición de cuentas

Paralelamente, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas emitió un pronunciamiento en el que calificó la muerte de Brooklyn Rivera como uno de los casos más graves documentados en los últimos años dentro del sistema represivo nicaragüense.  

La organización sostiene que el caso reúne múltiples patrones observados en la persecución contra opositores, incluyendo detención arbitraria, desaparición prolongada, falta de información oficial y deterioro progresivo de la salud bajo custodia estatal. 

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Según el mecanismo, durante más de dos años y medio las autoridades nicaragüenses se negaron a informar públicamente sobre la situación jurídica y médica del dirigente indígena, pese a las solicitudes realizadas por organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mecanismos de Naciones Unidas. 

“La información disponible indica que las condiciones de detención y la falta de acceso oportuno a información contribuyeron a generar un escenario de vulnerabilidad extrema”, señaló la organización. 

No es una muerte aislada

El mecanismo advirtió que la muerte de Rivera tampoco puede analizarse como un caso aislado. Según sus registros, al menos nueve personas detenidas por razones políticas han fallecido bajo custodia estatal, cuatro de ellas desde agosto de 2025. 

La organización considera que esta tendencia obliga a examinar las condiciones estructurales de detención existentes en Nicaragua y a investigar las responsabilidades del Estado en cada uno de estos casos.

Asimismo, expresó preocupación por la situación de otras personas que continúan desaparecidas o detenidas en condiciones de incomunicación, así como por los riesgos que enfrentan familiares, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que continúan exigiendo verdad y justicia. 

Finalmente, el mecanismo demandó una investigación independiente e imparcial sobre la muerte de Brooklyn Rivera y recordó que el Estado tiene la obligación de esclarecer lo ocurrido durante los más de dos años y medio que el dirigente indígena permaneció bajo custodia estatal. 

“La muerte de Brooklyn Rivera no puede quedar envuelta en el mismo silencio que rodeó su desaparición”, señala el organismo.