Grupo de Expertos de la ONU responsabiliza al Estado de Nicaragua por muerte de Brooklyn Rivera y exige investigación independiente

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó enérgicamente la muerte del líder indígena miskitu y fundador de YATAMA, Brooklyn Rivera Bryan, ocurrida mientras permanecía bajo custodia estatal tras más de dos años de desaparición forzada.

En un pronunciamiento divulgado este lunes, los expertos expresaron su profunda preocupación por las denuncias que indican que las autoridades nicaragüenses tomaron control de los restos de Rivera, limitaron la participación de sus familiares en el velorio y entierro, y detuvieron a varios allegados que intentaron rendirle homenaje.

“Conforme al Derecho Internacional, Nicaragua debe llevar a cabo una investigación independiente sobre la muerte en custodia de Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia transparente, devolver sus restos mortales a su familia sin retraso, y garantizar la rendición de cuentas por su desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos relacionadas”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.

Simon sostuvo que la negativa a realizar una investigación imparcial y a devolver los restos a la familia “refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal por la muerte de Brooklyn Rivera” e invierte la carga de la prueba sobre el Estado nicaragüense.

“No murió por enfermedad”, afirma experto de la ONU

El pronunciamiento responde a la versión oficial divulgada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 31 de mayo, en la que se atribuyó la muerte del dirigente indígena a complicaciones derivadas de la COVID-19.

Sin embargo, Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos, rechazó esa explicación y responsabilizó directamente al Estado por las condiciones en las que permaneció detenido.

“Brooklyn Rivera no falleció por enfermedad. Falleció como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas”, declaró Brody.

“El Estado tenía la obligación de proteger su vida e integridad. No lo hizo”, agregó.

Rivera fue detenido el 23 de septiembre de 2023 cuando era diputado de la Asamblea Nacional y principal líder del partido indígena YATAMA. Desde entonces permaneció incomunicado, sin acceso regular a familiares, abogados o atención médica independiente, según numerosas denuncias de organismos de derechos humanos.

ONU señala posible comisión de crímenes contra la humanidad

La experta Ariela Peralta afirmó que la desaparición forzada de Rivera constituye un crimen internacional por el que Nicaragua puede ser considerada legalmente responsable.

“La desaparición forzada de Rivera bajo custodia del Estado configura un crimen internacional del cual el Estado de Nicaragua es legalmente responsable”, señaló.

Peralta advirtió además que cuando una persona sometida a desaparición forzada fallece bajo custodia estatal, los hechos podrían constituir múltiples crímenes contra la humanidad.

“Las acciones que llevaron a este desenlace pueden constituir múltiples crímenes contra la humanidad, como el asesinato, la tortura y la persecución, además de la propia desaparición forzada”, afirmó.

Persisten nueve casos de desaparición forzada

El Grupo recordó que el 12 de marzo de 2026 envió una comunicación oficial al Gobierno nicaragüense solicitando información sobre el paradero y condición de Rivera. Según los expertos, la carta nunca recibió respuesta.

Además, denunciaron que actualmente se desconoce la suerte y el paradero de otras nueve personas detenidas arbitrariamente por las autoridades, entre ellas dos mujeres.

“Una vez más, llamamos a que las autoridades revelen de inmediato la suerte y el paradero de estas nueve personas, y permitan las visitas de sus familiares y abogados o abogadas”, demandó Simon.

Patrón de persecución contra pueblos indígenas

Los expertos de la ONU señalaron que la muerte de Rivera representa la consecuencia más visible de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense.

Según el Grupo, el Gobierno ha debilitado las estructuras de autogobierno indígena, tolerado invasiones armadas en territorios ancestrales y utilizado detenciones arbitrarias, tortura y persecución política contra líderes comunitarios.

En un informe publicado en 2024, los expertos documentaron 124 casos de detención arbitraria de líderes indígenas, defensores de derechos humanos y guardabosques entre 2018 y 2024, así como al menos 46 asesinatos de indígenas durante ese período.

“Brooklyn Rivera dedicó cuatro décadas a defender los derechos de su pueblo. Su muerte exige que la comunidad internacional finalmente preste atención a su situación”, concluyó Brody.