Empleados públicos “hartos” de marchas obligatorias del FSLN, en junio marcarán todos los sábados

El malestar entre trabajadores públicos de Nicaragua continúa creciendo luego de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ordenara la realización de caminatas “por la paz” durante todos los sábados de junio, actividades políticas a las que deberán asistir empleados estatales bajo riesgo de represalias laborales.

Las caminatas fueron programadas para los días 6, 13 y 20 de junio como parte de las actividades impulsadas por el oficialismo en el contexto del aniversario número 19 del retorno al poder del dictador Daniel Ortega.

Las convocatorias comenzaron a circular a través de grupos de WhatsApp institucionales y mensajes dirigidos a empleados públicos, donde además se les orienta asistir con ropa cómoda, zapatos deportivos y banderas rojinegras del FSLN.

“Dicen que tengo que ir, pero yo no voy, no aguanto los talones. Si me corren, que me corran, estoy harta”, escribió una trabajadora pública a 100%Noticias.

El descontento surge además en medio de nuevas medidas económicas impuestas por el régimen Ortega-Murillo, incluyendo deducciones obligatorias al salario de empleados públicos para financiar al partido oficialista.

La medida, conocida desde finales de abril, afecta a unos 130 mil trabajadores estatales, quienes deberán aportar entre el 5% y el 10% de sus ingresos mensuales a estructuras vinculadas al Frente Sandinista.

Las nuevas deducciones varían según la escala salarial. Empleados que devengan entre 10 mil y 20 mil córdobas deberán entregar un aporte base de 200 córdobas, mientras trabajadores con salarios superiores enfrentan descuentos mucho más elevados.

Organizaciones opositoras y defensores de derechos laborales han denunciado que estas prácticas constituyen mecanismos de presión política y control partidario sobre empleados estatales, quienes dependen de sus puestos de trabajo en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

El régimen Ortega-Murillo mantiene una estrategia permanente de movilización política desde las instituciones públicas, especialmente tras las protestas ciudadanas de abril de 2018, cuando miles de trabajadores estatales fueron utilizados en marchas, concentraciones y actividades propagandísticas organizadas por el oficialismo.

Mientras tanto, el temor a perder el empleo continúa obligando a muchos trabajadores públicos a participar en actividades políticas con las que aseguran no sentirse identificados.