Denuncian 10 presos políticos en desaparición forzada en Nicaragua
Diez presos políticos continúan en desaparición forzada en Nicaragua, denunciaron familiares y organizaciones de derechos humanos. Entre ellos está Víctor Boitano Coleman, cuyo paradero sigue sin conocerse tras más de dos años detenido por el régimen Ortega-Murillo. Su esposa asegura que las familias viven entre el miedo, la incertidumbre y la ausencia total de información sobre si sus seres queridos siguen con vida
Al menos 10 presos políticos permanecen actualmente en condición de desaparición forzada en Nicaragua, denunciaron familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pruebas de vida y el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales.
Entre los casos denunciados se encuentra el de Víctor Boitano Coleman, quien acumula 772 días desaparecido bajo custodia estatal, según denunció su esposa Eugenia Valle Olivares. La mujer aseguró que las familias viven en incertidumbre permanente al no conocer si sus familiares continúan con vida ni las condiciones en las que se encuentran.
“Estoy alzando mi voz en nombre de los otros nueve presos que están en desaparición forzada”, expresó Valle Olivares, quien recordó que tanto su esposo como otros detenidos cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No sabemos si están vivos o están muertos”, denunció.
La esposa de Boitano afirmó que el régimen nicaragüense ha ignorado completamente las solicitudes internacionales para informar sobre el estado físico y el paradero de los detenidos.
Según explicó, familiares de las víctimas continúan enfrentando angustia emocional, exilio forzado y falta total de comunicación con sus seres queridos.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó el 10 de noviembre de 2024 una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH para proteger los derechos de Víctor Boitano Coleman. Posteriormente, el 4 de diciembre de ese mismo año, el organismo internacional otorgó dichas medidas y pidió al Estado de Nicaragua informar sobre su situación, ubicación y condiciones de detención.
La CIDH también solicitó permitir acceso a familiares y abogados, garantizar atención médica y desarrollar investigaciones sobre el caso. Sin embargo, según denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos, el régimen no ha cumplido con ninguno de esos requerimientos.
Valle Olivares indicó además que ha recurrido a organismos internacionales como Naciones Unidas y representaciones diplomáticas de Italia en Nicaragua, Costa Rica y España para exigir información sobre su esposo.
“Lo último que supimos por presos políticos excarcelados y desterrados a Guatemala es que lo vieron en La Modelo, pero no sabemos en qué condiciones”, afirmó.
La familia asegura que Boitano padece enfermedades como hipertensión y diabetes, por lo que temen por su estado de salud al desconocer si recibe medicamentos, alimentación o atención médica.
La denuncia también incluye a otros presos políticos reportados como desaparecidos por sus familiares y organizaciones de derechos humanos. Entre ellos aparecen Brooklyn Rivera, Douglas Gamaliel Álvarez Morales, Eddie Moisés González Valdivia, Steadman Fagoth Müller, Carlos Ramón Brenes Sánchez, Larry Javier Martínez Romero y Salvadora del Socorro Martínez Aburto.
Organizaciones opositoras y colectivos humanitarios sostienen que las desapariciones forzadas forman parte de una estrategia de represión utilizada por el régimen Ortega-Murillo para aislar, castigar y generar miedo entre personas críticas al gobierno.
En paralelo, el Colectivo Nicaragua Nunca Más anunció que continuará publicando testimonios e historias de presos políticos y víctimas de desaparición forzada como parte de un esfuerzo de memoria histórica y documentación de violaciones a derechos humanos en Nicaragua.
El organismo advirtió que detrás de cada persona desaparecida existen familias que continúan esperando respuestas mientras aumenta la preocupación internacional por el deterioro de los derechos humanos en el país centroamericano.
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