Corte IDH condena a Nicaragua por detención arbitraria de Alejandro Fiallos en 2004

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Nicaragua por la detención ilegal y arbitraria del ex candidato a la Alcaldía de Managua, Alejandro Fiallos Navarro, así como por múltiples violaciones a sus garantías judiciales y derechos políticos durante un proceso penal ocurrido en 2004.

La sentencia, notificada este 12 de mayo de 2026 desde San José, Costa Rica, concluye que el proceso judicial impulsado contra Fiallos Navarro estuvo plagado de irregularidades y fue utilizado en un contexto de alta tensión política y control partidario del sistema judicial nicaragüense.

Según el fallo, Fiallos Navarro —quien en ese momento era candidato a la Alcaldía de Managua por la Alianza por la República (APRE) y presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) durante el gobierno de Enrique Bolaños Geyer— fue procesado por supuestos delitos de abuso de autoridad y amenazas tras el despido de un trabajador de la institución.

La Corte determinó que el 17 de agosto de 2004 el exfuncionario fue detenido de manera ilegal dentro de un despacho judicial, antes de haber sido notificado formalmente de una condena que todavía no estaba firme. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de El Chipote, donde permaneció una semana privado de libertad.

“El Tribunal consideró que esta sentencia no estuvo debidamente motivada y fue contraria al principio de presunción de inocencia. Al no contar con una debida motivación, esta sentencia se convierte en arbitraria y no podría servir de fundamento para una privación de libertad”, señala textualmente la resolución.

La Corte IDH concluyó que Nicaragua violó los artículos 7, 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados con la libertad personal, garantías judiciales, derechos políticos y protección judicial.

Asimismo, el organismo internacional sostuvo que la condena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y elegir o ser electo también constituyó una violación a los derechos políticos de Fiallos Navarro, debido a que se basó en un proceso judicial arbitrario.

El fallo también expone que durante el juicio se vulneró el derecho a la defensa del acusado y el deber de motivación de las sentencias, además de cuestionar el manejo del sistema judicial nicaragüense en un periodo marcado por el control institucional derivado del pacto político entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.

Como medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado de Nicaragua anular la condena impuesta contra Alejandro Fiallos Navarro, eliminar sus antecedentes penales y emitir una declaración oficial reconociendo su responsabilidad internacional.

Además, el Estado deberá indemnizar a la víctima por daños materiales e inmateriales y publicar el resumen oficial de la sentencia tanto en el diario oficial como en sitios web del Poder Judicial.

La resolución pone fin a más de dos décadas de litigio internacional y vuelve a colocar bajo escrutinio el uso del sistema judicial nicaragüense en casos vinculados a actores políticos y opositores.