Víctimas de Sandinismo rechazan que la RAE otorgue la silla vacante a Sergio Ramírez
Una carta enviada a la Real Academia Española desató polémica en torno a la candidatura de Sergio Ramírez a la silla L de Mario Vargas Llosa. Exiliados y excarcelados políticos cuestionan su responsabilidad política durante el primer régimen sandinista y aseguran que “el reconocimiento literario no puede convertirse en amnistía moral”
Un grupo de excarcelados políticos y exiliados miembros de la denominada Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo enviaron una carta a la Real Academia Española (RAE) para cuestionar la candidatura del escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado a la silla L, vacante tras la muerte del Nobel peruano Mario Vargas Llosa.
La misiva, dirigida al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, solicita que el documento sea leído o distribuido entre los académicos antes de la votación prevista para el próximo 21 de mayo. Los firmantes aseguran que su objeción no está relacionada con la obra literaria de Ramírez, sino con su pasado político dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su papel en el gobierno revolucionario entre 1979 y 1990.
“El reconocimiento literario no puede convertirse en amnistía moral frente a responsabilidades históricas”, sostienen los autores de la carta, quienes afirman que Ramírez ejerció funciones de poder durante etapas en las que organismos internacionales documentaron violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Los firmantes recuerdan que Sergio Ramírez integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1979 y 1985 y posteriormente ocupó la vicepresidencia de Nicaragua entre 1985 y 1990 junto a Daniel Ortega. También señalan que fue candidato nuevamente a la vicepresidencia en las elecciones de 1990, cuando el FSLN intentó mantenerse en el poder.
La carta menciona informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Americas Watch sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados y restricciones a las libertades civiles durante el primer gobierno sandinista. Asimismo, se hace referencia a denuncias de censura contra medios de comunicación y persecución a voces críticas en aquella época.
Entre los puntos más sensibles expuestos en el documento se encuentra la responsabilidad colegiada de la Junta de Gobierno en la aprobación del Decreto 1327 de 1983, que instauró el Servicio Militar Patriótico obligatorio. Los firmantes afirman que dicha medida obligó a miles de jóvenes a incorporarse al Ejército Popular Sandinista durante el conflicto armado interno.
También cuestionan el papel de Ramírez en las conocidas leyes de “La Piñata”, aprobadas tras la derrota electoral sandinista de 1990, mediante las cuales dirigentes del FSLN habrían legalizado la transferencia de propiedades estatales y confiscadas a favor de funcionarios y allegados al partido.
Según la carta, “el señor Ramírez no fue un observador de ese proceso: las fuentes documentales lo sitúan entre sus diseñadores y beneficiarios”.
Los autores también critican lo que consideran una insuficiente autocrítica pública del escritor sobre su papel en ese período histórico. Como ejemplo, mencionan el discurso pronunciado por Ramírez el pasado 4 de mayo al recibir el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, donde denunció la persecución actual contra periodistas bajo el régimen Ortega-Murillo, pero sin hacer referencia —según la carta— a la censura ocurrida durante los años ochenta.
“Esa omisión sistemática ante audiencias internacionales es, en sí misma, un indicador de la magnitud de la deuda que el señor Ramírez mantiene con la verdad histórica”, señala el documento.
La iniciativa plantea tres preguntas a la RAE antes de la elección. Entre ellas, si la Academia ha valorado la responsabilidad política de Ramírez en el contexto del simbolismo de la silla ocupada anteriormente por Mario Vargas Llosa, reconocido por sus posturas contra los regímenes autoritarios en América Latina.
Además, preguntan si existe constancia de una autocrítica “pública, específica y suficiente” sobre las violaciones a derechos humanos documentadas durante el período sandinista, así como sobre la censura y las leyes relacionadas con “La Piñata”.
Los firmantes aclaran que no buscan que la RAE actúe como tribunal, pero consideran que la institución debe ponderar el impacto moral e histórico de una designación de esta naturaleza. “Esta candidatura no honra la memoria moral, intelectual e histórica asociada a ese lugar de la lengua española”, afirman.
La carta reconoce la trayectoria posterior de Sergio Ramírez como crítico del actual régimen de Daniel Ortega, así como su exilio y desnacionalización forzada por parte del gobierno nicaragüense. Sin embargo, sostienen que ello no elimina las responsabilidades políticas que atribuyen a su participación en el aparato estatal sandinista durante la década de 1980.
Entre los firmantes aparecen opositores de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Colombia, Perú y otros países de América Latina, incluyendo al excarcelado político cubano José Daniel Ferrer, la periodista Maibort Petit, el líder campesino nicaragüense Medardo Mairena, Juan Lorenzo Holman Chamorro, director de La Prensa, el ex dirigente de la resistencia nicaragüense Luis Fley, el excarcelado Noel Vidaurre, ex precandidato presidencial, doña Margarita Abaunza de la diáspora nicaragüense, Luciano García, ex presidente de Hagamos Democracia, Jonathan Braudy Sánchez, opositor exiliado y Rudy Siles. Así también firman los excarcelados políticos Yaritza Mairena, Olesia Muñoz, entre otros nicaragüenses en el exilio. Hasta el momento van 54 firmas que son los que organizaron esta iniciativa denominada "Víctimas del Sandinismo”.
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